Patrick Cockburn
Counterpunch
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Iraq se está despedazando. Los signos del colapso están por todas partes. En Bagdad la policía recoge a menudo más de 100 cuerpos torturados y mutilados en un solo día. Los ministerios gubernamentales se hacen la guerra. Una nueva y siniestra etapa en la desintegración del Estado iraquí sobrevino este mes cuando comandos de la policía del Ministerio del Interior controlado por los chiíes secuestraron a 150 personas del Ministerio de Educación Superior dirigido por suníes en el corazón de Bagdad.
Iraq puede estarse acercando a los que los USamericanos llaman ‘el momento de Saigón,’ la ocasión en la que se hace evidente para todos que el gobierno expira. “Dicen que los asesinatos y los secuestros son realizados por hombres en uniformes de la policía y con vehículos policiales,” me dijo este verano el Ministro de Exteriores iraquí, Hoshyar Zebari, con una sonrisa desesperanzada. “Pero todos en Bagdad saben que los asesinos y secuestradores son verdaderos policías.”
La cosa se pone peor. El ejército y la policía iraquíes no son leales al Estado. Si el ejército de USA decide enfrentar a las milicias chiíes, puede encontrarse con unidades militares chiíes del ejército iraquí que cortan la principal ruta de suministro USamericana entre Kuwait y Bagdad. Un convoy fue detenido este mes en un puesto de control supuestamente falso cerca de la frontera con Kuwait y capturaron a cuatro encargados de la seguridad USamericanos y un austriaco.
La posición de USA y Gran Bretaña en Iraq se parece mucho más a una casa construida sobre arena de lo que comprenden en Washington o Londres, a pesar de los desastres de los últimos tres años y medio. El presidente Bush y Tony Blair muestran una singular incapacidad de aprender de sus propios errores, en gran parte, para comenzar, porque no quieren admitir que han cometido algún error.
La guerra civil se desencadena en todo Iraq central, donde vive un tercio de los 27 millones de habitantes del país. Mientras chiíes y suníes huyen los unos de los vecindarios del otro, Iraq se convierte en un país de refugiados. La Alta Comisión para Refugiados de la ONU dice que 1,6 millones están desplazados dentro del país y otros 1,8 millones han huido al extranjero. En Bagdad, distritos vecinos suníes y chiíes han comenzado a dispararse con morteros. El día en que Sadam Husein fue condenado a muerte, llamé por teléfono a un amigo en un área suní de la capital para preguntarle qué pensaba del veredicto. Respondió, impaciente, que: “Esta mañana me despertó la explosión de un obús de mortero sobre el techo de la casa de mi vecino de al lado. Estoy más preocupado de sobrevivir que de lo que le pasa a Sadam.”
Amigos iraquíes solían tranquilizarme diciendo que no habría guerra civil porque tantos chiíes y suníes están casados los unos con los otros. Ahora sus familias obligan a esas parejas mixtas a divorciarse. “Amo a mi esposo, pero mi familia me obligó a divorciarme porque somos chiíes y él es suní,” dijo Hiba Sami, madre de cuatro hijos, a un funcionario de la ONU. “Mi familia dice que ellos [la familia del esposo] son insurgentes y que vivir con él es una ofensa a Dios.” Miembros de matrimonios mixtos establecieron una asociación para protegerse mutuamente llamada Unión por la Paz en Iraq, pero pronto fueron obligados a disolverla, después del asesinato de varios miembros fundadores.
Todo Iraq está dominado por lo que solíamos llamar en Belfast “la política de la última atrocidad.” Las tres comunidades iraquíes – chiíes, suníes y kurdos – se ven como víctimas y rara vez se conduelen de las tragedias de otros. Cada día trae nuevos horripilantes descubrimientos. Este mes visité Mosul, la capital del norte de Iraq con una población de 1,7 millones, de los cuales unos dos tercios son árabes suníes, y un tercio kurdos. No es la ciudad más peligrosa de Iraq, pero a pesar de ello es un sitio plagado por la violencia. Un líder tribal local llamado Sayid Tewfiq, de la vecina ciudad de Tal Afar, me habló de un lugareño que fue a recuperar el cuerpo torturado de su hijo de 16 años. El cadáver estaba atado a explosivos que estallaron y mataron al padre, así que los dos cuerpos fueron enterrados juntos.
Khasro Goran, el eficiente y muy efectivo vicegobernador de Mosul, dijo que todavía no hay guerra civil en Mosul, pero que podría ocurrir fácilmente. Agregó que 70.000 kurdos ya han huido de la ciudad debido a los asesinatos. Es extraordinario cómo en Iraq la carnicería, que sería noticia de primera plana en cualquier otra parte del mundo, pronto parece formar parte de la vida normal. El día que llegué a Mosul, la policía había encontrado 11 cuerpos en la ciudad, lo que habría sido poco en Bagdad.
Hablé con Duraid Mohammed Kashmula, gobernador de Mosul, cuya oficina está decorada con fotos de sonrientes jóvenes de caras frescas que resultaron ser su hijo y cuatro sobrinos, todos asesinados por insurgentes. Su propia casa, junto con sus muebles, fueron quemados totalmente hace dos años. Agregó, de pasada, que el señor Goran y él son objetivos principales para asesinatos en Mosul, un hecho que fue probado dramáticamente el día después cuando insurgentes hicieron estallar una bomba junto a su convoy – por suerte él no estaba presente cuando ocurrió – matando a uno e hiriendo a varios de sus guardaespaldas.
Por el momento, Mosul está mejor controlada por fuerzas pro-gubernamentales que la mayor parte de las ciudades iraquíes. Es porque USA tiene poderosos aliados locales a través de los kurdos. Las dos divisiones del ejército en la provincia son primordialmente kurdas, pero los 17.000 policías en Nineveh, la provincia de la que Mosul es la capital, son casi todos suníes y su lealtad es dudosa. Uno fue despedido el día del juicio del Sadam por colocar una foto del antiguo dirigente en la ventana de su coche. En noviembre de 2004 toda la fuerza policial de Mosul abandonó sus comisarías a los insurgentes, los que capturaron armas por un valor de 40 millones de dólares.
“Los terroristas no controlan un solo distrito en Mosul,” afirma orgullosamente el general Wathiq Mohammed Abdul Qadir al-Hamdani, jefe de policía de Nineveh. “Los desafío a pelear cara a cara.” Pero la situación es muy frágil. Fuimos a ver la sala de operación de la policía en la que un oficial gritaba por un micrófono: “¡Hay un atacante suicida en un coche en la ciudad! ¡No dejen que se les acerque, ni a ninguno de nuestros edificios!” Había motivos para tener miedo. En camino a Mosul había visto los muros de hormigón destrozados de la central del partido de la Unión Patriótica de Kurdistán, uno de los dos grandes partidos políticos kurdos. En agosto, dos hombres en un coche repleto de explosivos se habían abierto paso a tiros por el puesto de guardia exterior y luego se habían hecho volar por los aires matando a 17 soldados.
El equilibrio de fuerzas en Nineveh entre USamericanos, árabes, kurdos, turcomanos, suníes y chiíes es complicado incluso según estándares iraquíes. El poder está fragmentado. Sayid Tewfiq, el líder tribal chií de Tal Afar, resplandeciente en su amplia túnica, admitió: “Yo no duraría 24 horas en Tal Afar, sin el apoyo de la Coalición [USA]” “Probablemente sea cierto,” confirmó el señor Goran, explicando que la tribu turcomana chií de Sayid Tewfiq está rodeada por tribus suníes. Antes le había escuchado mientras invitaba confiadamente a todo el consejo provincial de Nineveh a visitarlo en Tal Afar. Nadie pareció entusiasmado por la oferta. “Podrá tener 3.000 combatientes de su tribu, pero él mismo no puede visitar la mayor parte de Tal Afar,” dijo otro miembro del consejo llamado Mohammed Suleiman al declinar la invitación. Unas pocas horas antes, antes de que alguien tratara de asesinarlo, el gobernador Kashmula me dijo que “la seguridad en Mosul es la mejor en Iraq, aparte de las provincias kurdas.” Es una medida de la violencia, que es un punto discutible. Khasro Goran dijo que “la situación no es perfecta, pero es mejor que en Anbar. Baquba y Diyala." Lo puedo confirmar. En Iraq, siempre cuando las cosas van mal, siempre hay un sitio donde van peor.
Es obviamente muy difícil para un periodista descubrir lo que ocurre en las provincias más violentas de Iraq sin ser asesinado. Pero a fines de septiembre viajé al sur a lo largo del lado iraquí de la frontera con Irán, pasando por aldeas kurdas para tratar de llegar a Diyala, una provincia mixta suní-chií al noreste de Bagdad, donde había habido violentos combates. Es una carretera en la que una curva equivocada puede ser fatal. Condujimos de Sulaimaniyah por las montañas, pasamos por el túnel Derbandikhan y luego tomamos la ruta que pasa junto al río Diyala, su valle, una franja vívida de verde exuberante en el semidesierto de color beige. El área es un paraíso para contrabandistas. Por la noche, camiones conducen sin luces por el desierto; los conductores encuentran su camino utilizando anteojos de visión nocturna. No está claro qué cargas llevan – probablemente armas o drogas – y nadie se atreve a preguntar.
Nos habían advertido que era esencial doblar a la izquierda después del desmoronado pueblo kurdo Kalar, antes de llegar a la aldea mixta árabe-kurda de Jalula. Cruzamos el río por un largo y desvencijado puente, partes del cual habían caído a las arremolinadas aguas, y pronto llegamos al baluarte kurdo de Khanaqin en la provincia Diyala. Si hubiera concebido alguna idea de seguir camino a Bagdad, la dejé de lado al ver en un rincón del patio del cuartel de policía local, el resto de un vehículo policial azul y blanco desgarrado por una bomba. “Cinco policías murieron cuando lo volaron en una intersección en As-Sadiyah hace dos meses,” me dijo un policía. “Sólo sobrevivió su comandante, pero le amputaron las piernas.”
Los funcionarios en Khanaqin no tenían dudas sobre lo que ocurría en su provincia. El teniente general Ahmed Nuri Hassan, comandante, de aspecto agotado, de la policía federal, dijo: “Aquí hay una guerra civil sectaria y se pone peor cada día. El jefe del consejo local calculó que matan a 100 personas por semana. En Baquba, la capital provincia, los árabes suníes están expulsando a los chiíes y a los kurdos. El ejército y la policía están divididos por líneas sectarias. La única división del ejército iraquí en Diyala es predominantemente chií y sólo arresta a sunies. El día después de mi partida, policías suníes y kurdos se enfrentaron con fusiles en Jalula, la aldea a la que me habían advertido que no penetrara. La lucha comenzó cuando la policía kurda se negó a aceptar a un nuevo jefe de policía suní y a sus seguidores. Aquí en Diyala, en miniatura, era posible ver a Iraq despedazándose. La provincia está gobernada por sus escuadrones de la muerte. La policía dice que han sido asesinadas por lo menos 9.000 personas y después de un baño de sangre semejante es difícil ver cómo suníes y chiíes en la provincia podrán llegar a volver a vivir juntos algún día.
En gran parte de Iraq rodamos hace tiempo por los rápidos que llevan de la crisis a la catástrofe, aunque sólo en los últimos seis meses esos dramáticos hechos han comenzado a ser aceptados en el extranjero. Durante los primeros tres años de la guerra, los republicanos en USA afirmaron regularmente que los medios liberales ignoraban los signos de paz y progreso en Iraq. Algunos derechistas incluso colocaron sitios en la Red dedicados a difundir las noticias de los logros USamericanos en este país arruinado. Recuerdo a un equipo de un canal noticioso USamericano que vivía en mi hotel en Bagdad y que se quejaba, mientras se ponían su blindaje corporal y sus cascos, que una vez más sus mandamases en Nueva York, que por su parte eran presionados por la Casa Blanca, exigían que “salieran y encontraran algunas noticias buenas e informaran sobre ellas.”
Los tiempos han cambiado en Washington. La dimensión del desastre en Iraq es admitida por casi todos, a excepción del presidente Bush. Incluso antes de la victoria de los demócratas en las elecciones al Congreso del 7 de noviembre, la revista Vanity Fair comentó agriamente que “en este momento, el único grupo en el campo de Bush, es la gente que espera pacientemente noticias de las armas de destrucción masiva y que sigue creyendo que Sadam y Osama fueron un día amantes.” Antiguos partidarios de la guerra muestran un apuro embarazoso por repudiar sus convicciones pasadas y por convertirse en críticos vueltos a nacer de la Casa Blanca.
Estos días, sólo en Gran Bretaña, y más específicamente en la sede del primer ministro, siguen teniendo una audiencia políticas ahogadas en sangre en Iraq en los años después del derrocamiento de Sadam Husein. Volví este mes de Mosul a Londres justo a tiempo para escuchar a Tony Blair cuando habló en el banquete del Alcalde de Londres. Fue una presentación mucho más extraordinaria de lo que apreció su público. Mientras hablaba el primer ministro, con su acostumbrado encanto a la Hugh Grant, quedó claro que no había aprendido nada ni olvidado nada en tres años y medio de guerra.
Un error conceptual tras el otro salía de sus labios. Contrariamente a las opiniones de sus propios generales y de todos los sondeos de la opinión iraquí, ignoró la idea de que la resistencia armada en Iraq es alimentada por la hostilidad a los ocupantes extranjeros. En su lugar, ve a fuerzas oscuras que se alzan en el este, dedicadas como Sauron en el Señor de los Anillos a principios de mal puro. El enemigo, en este caso, se “basa en una interpretación totalmente retorcida del Islam, que es fanática y letal.” Incluso según las pautas de las teorías conspirativas medio-orientales fue material pueril. Blair veía por todas partes la acción de manos ocultas – “fuerzas fuera de Iraq que tratan de crear el caos.” Un experto en política de Iraq y Líbano me dijo hace poco: “El error más peligroso en Oriente Próximo en la actualidad es creer que las comunidades chiíes en Iraq y Líbano son peones de Irán.”
Pero eso es exactamente lo que cree el primer ministro. El que la mayor milicia chií en Iraq – el Ejército Mahdi de Muqtada al- Sadr – sea anti-iraní y nacionalista iraquí es convenientemente ignorado. Esos errores conceptuales son importantes en términos de política práctica porque apoyan el peligroso mito de que si USA y Gran Bretaña sólo atemorizan o ajustan las cuentas a iraníes y sirios, todo se arreglaría porque sus instrumentos chiíes en Iraq y Líbano se alinearían inevitablemente. De un modo muy británico [y desde luego también USamericano. Los editores] los oponentes a la guerra en Iraq se han concentrado no en los actuales eventos, sino en los pecados pasados del gobierno al involucrarnos en la guerra. Sin duda, estuvo muy mal que el gobierno pretendiera que Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva y constituía una amenaza para el mundo cuando sabía que no era así. Pero este énfasis en los orígenes de la guerra en Iraq ha distraído la atención del hecho de que, según declaraciones oficiales, el gobierno británico no sabe más sobre lo que sucede en Iraq en 2006 que lo que sabía en 2003. El cuadro de Iraq que pinta Blair tiene pocas veces algo que ver con la realidad. Por ejemplo, dice que los iraquíes “votaron por un gobierno explícitamente no-sectario,” pero todo iraquí sabe que el voto en dos elecciones parlamentarias en 2005 siguió totalmente líneas sectarias y étnicas. Las elecciones fueron el tiro de partida para el comienzo de la guerra civil.
Blair se niega tenazmente a aceptar que la oposición a la ocupación USamericana y británica de Iraq fue la principal causa de la insurgencia. El comandante del ejército británico, general Sir Richard Dannatt, casi fue despedido por haber señalado lo que era obvio: que “deberíamos irnos dentro de cierto tiempo porque nuestra presencia exacerba el problema de seguridad.” Iraq es un país tristemente célebre por lo complicado, pero la manera más rápida de comprender las características más importantes de su política es mirar las cifras del más reciente de una serie de sondeos de opinión realizados por el grupo basado en USA WorldPublicOpinion.org a fines de septiembre. Explican por qué Dannatt tiene razón y Blair se equivoca. El sondeo muestra que un 92% de los suníes y un 62% de los chiíes – incrementado de un 41% a comienzos del año – aprueban los ataques contra las fuerzas dirigidas por USA. Sólo los kurdos apoyan la ocupación. Cerca de un 78% de todos los iraquíes piensan que la presencia militar de USA provoca más conflicto del que impide y un 71% quiere que las fuerzas dirigidas por USA se vayan de Iraq dentro de un año. La amenaza mayor y más amenazante de este año es la creciente hostilidad de los chiíes de Iraq a la presencia USamericana y británica.
Solía decirse que la ocupación extranjera por lo menos impedía una guerra civil, pero con 1.000 iraquíes asesinados cada semana, es bastante obvio ahora que no es así. Al contrario, es la propia ocupación la que ayudó a provocar la actual guerra civil. No quiero decir que alguien haya conspirado en Washington y Londres para hacer que los iraquíes se degollaran los unos a los otros. Siempre fue verdad que en Iraq post-Sadam habría fricción – probablemente involucrando violencia – entre las comunidades chií, suní y kurda. Pero los iraquíes también fueron obligados a decidir si estaban a favor o contra un invasor extranjero. La comunidad suní siempre iba a combatir la ocupación, los kurdos a darle la bienvenida y los chiíes a cooperar con USA y Gran Bretaña mientras estos últimos sirvieran sus intereses. Se combinaron el patriotismo y el interés propio comunal. Antes de 2003, un suní podía ver a un chií como miembro de una secta diferente, pero una vez que comenzó la guerra comenzó a verlo como un traidor a su país.
Desde luego, Bush y Blair arguyen que no hay ocupación. En junio de 2004 devolvieron supuestamente la soberanía a Iraq. “Que reine la libertad,” escribió Mister Bush en el trozo de papel que lo informó de la devolución cuidadosamente coreografiada del poder a un gobierno iraquí en el corazón de la Zona Verde. Pero la realidad del poder siguió estando firmemente en las manos de USA y Gran Bretaña. El primer ministro iraquí Nouri al-Maliki dijo este mes que no podía mover a una compañía de soldados sin pedir permiso a la Coalición (USA y Gran Bretaña). Funcionarios en Mosul me confirmaron que no podían realizar una operación militar sin el acuerdo de las fuerzas de USA.
Existe una historia oculta de la ocupación de Iraq que ayuda a explicar por qué ha resultado ser un desastre semejante. En 1991, después de la primera Guerra del Golfo, un motivo crucial por el que el presidente George Bush padre no continuó hacia Bagdad fue porque temía que el derrocamiento de Sadam Husein sería seguido por elecciones que vendrían a ser ganadas por partidos religiosos chiíes simpatizantes de Irán. En Washington no se podían imaginar un resultado peor de la guerra. Después de la captura de Bagdad en 2003, USA enfrentaba el mismo dilema. Gran parte de las contorsiones de la política de USA en Iraq desde entonces han sido intentos encubiertos de evitar o diluir la dominación de la mayoría chií de Iraq.
Durante más de un año el astuto enviado de USA en Bagdad, Zalmay Khalilzad, trató de conciliar a los suníes: Poner a sus políticos en el gobierno, modificar la constitución federal e iniciar conversaciones secretas con la resistencia armada suní. Fracasó. Los ataques contra las fuerzas de USA aumentaron. Los soldados muertos y heridos de USA totalizan ahora casi 1.000 por mes. Pero USA se prepara ahora para una lucha con el Ejército Mahdi, la mayor milicia chií. Un gobierno iraquí sólo tendrá verdadera legitimidad y libertad para operar cuando se hayan retirado las tropas de USA y Gran Bretaña. Washington y Londres tienen que aceptar que si Iraq ha de sobrevivir tendrá que ser una federación laxa dirigida por una alianza chií-kurda, porque juntos suman un 80% de la población. Pero gracias a los errores de cálculo de Mister Bush y de Mister Blair, el futuro no será decidido en negociaciones, sino en el campo de batalla.
Patrick Cockburn es autor de “The Occupation” (Verso)
http://www.counterpunch.org/patrick11282006.html
Saturday, December 02, 2006
¿Puede Irán ayudar a estabilizar Iraq?
Scott Peterson
IraqSolidaridad
Irán ya fue invitado por su archienemigo EEUU para ayudar en un problema de seguridad regional: tras [los atentados de] el 11 de septiembre, Irán ayudó exhaustivamente a EEUU en Afganistán para derrocar a los talibanes y establecer un nuevo gobierno. Esto anticipaba mejores relaciones a cambio de su ayuda. Pero pronto el presidente Bush calificó a Irán de miembro del "Eje del Mal" en su discurso sobre el Estado de la Nación de 2002. El resultado de esta fluctuante cooperación puede aumentar los recelos de Irán si, pese a todo, vuelve a recibir una petición de ayuda por parte de EEUU, esta vez en Iraq."[...] Esto llevó a los iraníes a pensar que EEUU intentó derrocar su régimen y que una actitud de cooperación no le influiría", afirma Barnett Rubin, de la Universidad de Nueva York.
La implicación de Irán -y de Siria [1]- en un proceso regional para estabilizar Iraq está siendo auspicianda por el primer ministro británico Tony Blair y por el Grupo de Estudio de Iraq [2], la comisión estadounidense que busca soluciones que tanto republicanos como demócratas esperan que proporcionen un marco para un cambio que ayude a salvar las apariencias en Iraq.
Pero los cálculos han cambiado desde la invasión de Iraq en 2003. Como EEUU se ha ido implicando más en la guerra, Irán ha ido confiándose en que era poco probable enfrentarse a un "cambio de régimen" maquinado por EEUU [contar Teherán]. Irán todavía tiene muchas razones para implicarse, pero el precio a pagar por los estadounidenses puede ser aún mucho más alto. "[...] [EEUU] vamos a implicarse [en un negociación con Irán] con la desventaja de habernos debilitado en estos tres últimos años y de tratar de negociar sobre Iraq en un momento en el que el propio Iraq está en la peor de las situaciones posibles", afirma Vali Nasr, un profesor de seguridad nacional en la Escuela Naval de Postgrado de Monterey, California. "[...] Estamos tratando con un Irán que es mucho más desafiante y mucho más seguro de sí mismo", añade, "Por consiguiente, puede que los iraníes no estén queriendo establecer relaciones con EEUU [...] sino que lo consideran una oportunidad para llevar a un segundo plano las relaciones EEUU-Irán".
Cambiar de 'actitud'
El presidente reformista y de discurso moderado que tenía Irán en 2001 también ha sido reemplazado por el archi-conservador Mahmud Ahmadinejad, que habla a gritos, cada vez que puede, para revigorizar los ideales de la revolución islámica de 1979, uno de cuyos pilares era la consigna "Muerte al gran Satán." "[...] Obviamente, un Iraq estable es de interés nacional para Irán", afirma Rubin, que en 2001 asesoró a los equipos de negociación de Naciones Unidas en Afganistán: "[...] La cuestión es si la Administración Bush desea superar su consideración ideológica de Irán como parte del 'Eje del Mal' [...] [y si] Ahmadinejad desea ser pragmático [...] a pesar de sus compromisos ideológicos".
Ahmadinejad afirmó el martes [14 de noviembre] que la postura de Irán sigue siendo la de hablar con EEUU, pero sólo si los responsables estadounidenses cambiaban su actitud respecto a la República Islámica y "[...] corrigen su comportamiento". Ahmadinejad indicó que estaba preparando un mensaje para los estadounidenses.
El ministro de Asuntos Exteriores [iraní], Manucher Mottaki, ofreció además pocas pistas respecto a la respuesta de Irán del martes [dad por Ahmadinejad sobre un diálogo con EEUU sobre Iraq], y dijo que considerarían cualquier oferta. El día anterior, altos cargos [iraníes] se regodearon con la derrota de los republicanos [en las elecciones estadounidenses] y afirmaron que esperaban que esto produjera un cambio político de "180 grados".
Pero por debajo de la acalorada retórica, tanto Irán como EEUU han enviado durante meses señales de que están preparados para relacionarse de alguna manera [3]. Incluso el dirigente religioso supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, estuvo de acuerdo, a principios de este año, con las conversaciones sobre Iraq que Washington había autorizado a mantener al embajador estadounidense en Bagdad.
Todos los temas sobre la mesa
Irán quiere poner todos los temas encima de la mesa, desde su controvertido programa nuclear y la reanudación de las relaciones EEUU-Irán, hasta el apoyo iraní a Hezbolá en Líbano y a los militantes palestinos. Por el momento, EEUU ha exigido límites estrictos sobre los temas [a tratar]. EEUU también ha insistido en que Irán suspenda las actividades de enriquecimiento nuclear antes de que se pueda iniciar conversación alguna.
Pero esta línea dura se adoptó antes de la victoria demócrata en el Congreso y de la sustitución del responsable de Defensa, Donald Rumsfeld, por Robert Gates, quien en el pasado dejo claro su deseo de ver un compromiso entre EEUU-Irán, y antes de que Hezbolá, con la ayuda y las bendiciones iraníes, obtuviera lo que Teherán y Beirut calificaron de victoria contra Israel en los combates de julio y agosto.
"[...] Se puede decir que existe un cauto optimismo [en Teherán] de que algo está a punto de ocurrir", afirma Nasser Hadian-Jazy, un especialista político de la Universidad de Teherán. Que prevalezca la esperanza a pesar del ejemplo de Afganistán en 2001 hace a Irán "[...] mucho más cuidadoso respecto a lo que ofrece y a lo que quiere". "[...] No debería ser una relación de imagen que trate los asuntos de manera superficial, con EEUU diciendo a Irán: 'Haz esto; haz lo otro'; eso no funcionará", afirma el profesor Hadian-Jazy: "[...] Esto supone una verdadera reflexión estratégica en ambas partes".
Ello significa hacer frente a inevitables conflictos: Israel está preocupado porque Washington está dando a Irán demasiada parte de la tarta regional y es probable que las naciones sunníes locales se quejen de que aumente [aún] más la influencia del Irán shií.
Pero Irán también tiene mucho que ofrecer si desempeña un papel similar al que jugó en Afganistán. Los mandatarios estadounidenses se quejan sistemáticamente de que Irán está desestabilizando a Iraq [4]. Los iraníes afirman que Irán ha decidido no hacerlo por ahora. "[...] [Irán] ya ha creado una infraestructura muy importante en Iraq -militar, de seguridad-, pero todavía no ha utilizado estos recursos", afirma Hadian-Jazy. "[...] Es más bien una garantía frente a una posible acción militar estadounidense. Quieren que los responsables estadounidenses se lo piensen dos veces antes de pasar a la acción."
Blair, a favor
Esos peligros ya los han comprendido en Washington y en Londres desde hace tiempo. El primer ministro Blair habló el martes [14 de noviembre] con el Grupo de Estudio de Iraq mediante videoconferencia. En un discurso pronunciado el lunes anterior por la noche (en el que reprendió a Irán por poner "[...] obstáculos en el camino a la paz describiéndonos a nosotros [Occidente] como los agresores") afirmó que Irán debe ser "parte de la solución". "[...] Gran parte de la respuesta respecto a Iraq no está en el propio Iraq, sino fuera, en el conjunto de la región, donde esas mismas fuerzas están trabajando, donde se encuentran las raíces del terrorismo global, donde florece el extremismo", afirmó Blair. Irán tiene que desempeñar un papel positivo y suspender su programa de enriquecimiento nuclear, afirmó, o "[...] asumir las consecuencias de no hacerlo: su aislamiento". Pero este aislamiento quizá podría tener mayores consecuencias para Bush y Blair debido al papel influyente que Irán puede, potencialmente, desempeñar con la población de Iraq de mayoría shií.
"[...] Irán tiene suficiente influencia, dinero, armas, influencia política y cultural", afirma Nasr Hadian-Jazy, "[...] y si hay una fórmula política sobre la mesa [...] hay cierto grado de confianza, para conseguir que [los shiíes iraquíes] acepten compromisos políticos con los sunníes que antes no aceptarían". Una dinámica similar se puso en juego durante décadas en las conversaciones árabo-israelíes, afirma Hadian-Jazy, cuando "[...] siempre se necesitaba una potencia regional para contener al interlocutor". Ése puede ser el paso más importante de Irán, afirma, aunque también puede dejar de financiar a partidos radicales y el tráfico de armas.
Pero estas decisiones pueden depender de EEUU y de qué garantías de seguridad -relativas a alguna demanda iraní estratégica-está dispuesto a ofrecer a Irán si le llama en su ayuda. "[...] Irán tendrá más deseos de cooperar si existe un mínimo entendimiento [sobre seguridad]", afirma Hadian-Jazy, algo que no se aplica solo a Irán: "[...] Todos los países en torno a Iraq están cubriendo sus apuestas. No están seguros de lo que pasará, de qué tipo de gobierno se instaurará, de si EEUU se quedará o se irá, [así que] todos tienen una postura maximalista. [...] Limitando la incertidumbre, EEUU puede traer cierta estabilidad".
Notas de IraqSolidaridad:
1. Siria e Iraq han reestablecido este mes de noviembre relacionas diplomáticas, rotas desde 1982, y el embajador de Exteriores sirio Moallen visitaba inmediatamente Bagdad para sancionar el hecho, el primer mandatario de este país que visita Iraq desde el inicio de la ocupación. Siria acepta de hecho así la ocupación de Iraq, al reconocer las instituciones impuestas por EEUU. Según algunos medios, el régimen de al-Asad habría indicado a EEUU su intención de colaborar con los ocupantes y las autoridades iraquíes (con medidas represivas contra la presencia y redes de la resistencia iraquí en Siria, cabe imaginar) a cambio de que la Administración Bush presione a Israel para que se retire de los Altos del Golán (Associated Press, 19 de noviembre, 2006). 2. Véase en IraqSolidaridad: Joe Kay: Demócratas y republicanos: Mantener la ocupación de Iraq. Antes que una retirada o reducción de tropas, se prevé un incremento de hasta 30.000 efectivos y Peter Grier: Grupo de Estudio de Iraq: Ni irse ni quedarse. El Partido Demócrata y la Administración Bush buscan un consenso sobre la continuidad en Iraq 3. En relación al debate desde 2005 sobre un posible diálogo entre EEUU e Irán sobre el futuro de Iraq, reiterado por ambas partes tras las elecciones estadounidenses de noviembre, véase en IraqSolidaridad, entre otros textos: EEUU e Irán negociarán sobre Iraq una vez formado el nuevo gobierno de al-Maliki | Carlos Varea: EEUU e Irán, dispuestos a negociar sobre Iraq | Pedro Rojo y Carlos Varea: ¿Está jugando Irán a la 'resistencia' en Basora? | Gareth Porter: Los ocupantes, as-Sáder e Irán. EEUU depende de Irán y de sus aliados shiíes iraquíes para mantener la ocupación de Iraq, así como sus enlaces relacionados. 4. Según The New York Times de 28 de noviembre de 2006, Hezbolá habría entrenado a miembros del Ejército del Mahdi de Moqtada as-Sáder, una de las formaciones confesionales shiíes acusadas de nutrir los escuadrones de la muerte. La intervención de Irán en Iraq para debilitar la presencia estadounidense en este país y forzar a Washington a un diálogo global bilateral, se estaría realizando a través de la espiral de violencia sectaria desencadenada a lo largo de 2006 por los paramilitares de los partidos confesionales shiíes iraquíes, miembros éstos del gobierno de al-Maliki y estrechamente vinculados a Irán, hegemónicos en los nuevos aparatos de seguridad. Véase en IraqSolidaridad: Andrew Buncombe y Patrick Cockburn: Miles de personas han sido asesinadas en los últimos meses por los 'Escuadrones de la muerte' - Carlos Varea: El pueblo iraquí considera mayoritariamente que la ocupación empeora la situación interna | Mahan Abedin: Badr, Irán y los nuevos cuerpos de seguridad iraquíes | Tom Lasseter: Irán gana influencia y poder en Iraq a través de las milicias - Paul Martin y Maria Cedrell: Militares iraníes al frente de los centros de tortura en Iraq
Traducido del inglés para IraqSolidaridad por Beatriz Morales
IraqSolidaridad (www.iraqsolidaridad.org)
IraqSolidaridad
Irán ya fue invitado por su archienemigo EEUU para ayudar en un problema de seguridad regional: tras [los atentados de] el 11 de septiembre, Irán ayudó exhaustivamente a EEUU en Afganistán para derrocar a los talibanes y establecer un nuevo gobierno. Esto anticipaba mejores relaciones a cambio de su ayuda. Pero pronto el presidente Bush calificó a Irán de miembro del "Eje del Mal" en su discurso sobre el Estado de la Nación de 2002. El resultado de esta fluctuante cooperación puede aumentar los recelos de Irán si, pese a todo, vuelve a recibir una petición de ayuda por parte de EEUU, esta vez en Iraq."[...] Esto llevó a los iraníes a pensar que EEUU intentó derrocar su régimen y que una actitud de cooperación no le influiría", afirma Barnett Rubin, de la Universidad de Nueva York.
La implicación de Irán -y de Siria [1]- en un proceso regional para estabilizar Iraq está siendo auspicianda por el primer ministro británico Tony Blair y por el Grupo de Estudio de Iraq [2], la comisión estadounidense que busca soluciones que tanto republicanos como demócratas esperan que proporcionen un marco para un cambio que ayude a salvar las apariencias en Iraq.
Pero los cálculos han cambiado desde la invasión de Iraq en 2003. Como EEUU se ha ido implicando más en la guerra, Irán ha ido confiándose en que era poco probable enfrentarse a un "cambio de régimen" maquinado por EEUU [contar Teherán]. Irán todavía tiene muchas razones para implicarse, pero el precio a pagar por los estadounidenses puede ser aún mucho más alto. "[...] [EEUU] vamos a implicarse [en un negociación con Irán] con la desventaja de habernos debilitado en estos tres últimos años y de tratar de negociar sobre Iraq en un momento en el que el propio Iraq está en la peor de las situaciones posibles", afirma Vali Nasr, un profesor de seguridad nacional en la Escuela Naval de Postgrado de Monterey, California. "[...] Estamos tratando con un Irán que es mucho más desafiante y mucho más seguro de sí mismo", añade, "Por consiguiente, puede que los iraníes no estén queriendo establecer relaciones con EEUU [...] sino que lo consideran una oportunidad para llevar a un segundo plano las relaciones EEUU-Irán".
Cambiar de 'actitud'
El presidente reformista y de discurso moderado que tenía Irán en 2001 también ha sido reemplazado por el archi-conservador Mahmud Ahmadinejad, que habla a gritos, cada vez que puede, para revigorizar los ideales de la revolución islámica de 1979, uno de cuyos pilares era la consigna "Muerte al gran Satán." "[...] Obviamente, un Iraq estable es de interés nacional para Irán", afirma Rubin, que en 2001 asesoró a los equipos de negociación de Naciones Unidas en Afganistán: "[...] La cuestión es si la Administración Bush desea superar su consideración ideológica de Irán como parte del 'Eje del Mal' [...] [y si] Ahmadinejad desea ser pragmático [...] a pesar de sus compromisos ideológicos".
Ahmadinejad afirmó el martes [14 de noviembre] que la postura de Irán sigue siendo la de hablar con EEUU, pero sólo si los responsables estadounidenses cambiaban su actitud respecto a la República Islámica y "[...] corrigen su comportamiento". Ahmadinejad indicó que estaba preparando un mensaje para los estadounidenses.
El ministro de Asuntos Exteriores [iraní], Manucher Mottaki, ofreció además pocas pistas respecto a la respuesta de Irán del martes [dad por Ahmadinejad sobre un diálogo con EEUU sobre Iraq], y dijo que considerarían cualquier oferta. El día anterior, altos cargos [iraníes] se regodearon con la derrota de los republicanos [en las elecciones estadounidenses] y afirmaron que esperaban que esto produjera un cambio político de "180 grados".
Pero por debajo de la acalorada retórica, tanto Irán como EEUU han enviado durante meses señales de que están preparados para relacionarse de alguna manera [3]. Incluso el dirigente religioso supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, estuvo de acuerdo, a principios de este año, con las conversaciones sobre Iraq que Washington había autorizado a mantener al embajador estadounidense en Bagdad.
Todos los temas sobre la mesa
Irán quiere poner todos los temas encima de la mesa, desde su controvertido programa nuclear y la reanudación de las relaciones EEUU-Irán, hasta el apoyo iraní a Hezbolá en Líbano y a los militantes palestinos. Por el momento, EEUU ha exigido límites estrictos sobre los temas [a tratar]. EEUU también ha insistido en que Irán suspenda las actividades de enriquecimiento nuclear antes de que se pueda iniciar conversación alguna.
Pero esta línea dura se adoptó antes de la victoria demócrata en el Congreso y de la sustitución del responsable de Defensa, Donald Rumsfeld, por Robert Gates, quien en el pasado dejo claro su deseo de ver un compromiso entre EEUU-Irán, y antes de que Hezbolá, con la ayuda y las bendiciones iraníes, obtuviera lo que Teherán y Beirut calificaron de victoria contra Israel en los combates de julio y agosto.
"[...] Se puede decir que existe un cauto optimismo [en Teherán] de que algo está a punto de ocurrir", afirma Nasser Hadian-Jazy, un especialista político de la Universidad de Teherán. Que prevalezca la esperanza a pesar del ejemplo de Afganistán en 2001 hace a Irán "[...] mucho más cuidadoso respecto a lo que ofrece y a lo que quiere". "[...] No debería ser una relación de imagen que trate los asuntos de manera superficial, con EEUU diciendo a Irán: 'Haz esto; haz lo otro'; eso no funcionará", afirma el profesor Hadian-Jazy: "[...] Esto supone una verdadera reflexión estratégica en ambas partes".
Ello significa hacer frente a inevitables conflictos: Israel está preocupado porque Washington está dando a Irán demasiada parte de la tarta regional y es probable que las naciones sunníes locales se quejen de que aumente [aún] más la influencia del Irán shií.
Pero Irán también tiene mucho que ofrecer si desempeña un papel similar al que jugó en Afganistán. Los mandatarios estadounidenses se quejan sistemáticamente de que Irán está desestabilizando a Iraq [4]. Los iraníes afirman que Irán ha decidido no hacerlo por ahora. "[...] [Irán] ya ha creado una infraestructura muy importante en Iraq -militar, de seguridad-, pero todavía no ha utilizado estos recursos", afirma Hadian-Jazy. "[...] Es más bien una garantía frente a una posible acción militar estadounidense. Quieren que los responsables estadounidenses se lo piensen dos veces antes de pasar a la acción."
Blair, a favor
Esos peligros ya los han comprendido en Washington y en Londres desde hace tiempo. El primer ministro Blair habló el martes [14 de noviembre] con el Grupo de Estudio de Iraq mediante videoconferencia. En un discurso pronunciado el lunes anterior por la noche (en el que reprendió a Irán por poner "[...] obstáculos en el camino a la paz describiéndonos a nosotros [Occidente] como los agresores") afirmó que Irán debe ser "parte de la solución". "[...] Gran parte de la respuesta respecto a Iraq no está en el propio Iraq, sino fuera, en el conjunto de la región, donde esas mismas fuerzas están trabajando, donde se encuentran las raíces del terrorismo global, donde florece el extremismo", afirmó Blair. Irán tiene que desempeñar un papel positivo y suspender su programa de enriquecimiento nuclear, afirmó, o "[...] asumir las consecuencias de no hacerlo: su aislamiento". Pero este aislamiento quizá podría tener mayores consecuencias para Bush y Blair debido al papel influyente que Irán puede, potencialmente, desempeñar con la población de Iraq de mayoría shií.
"[...] Irán tiene suficiente influencia, dinero, armas, influencia política y cultural", afirma Nasr Hadian-Jazy, "[...] y si hay una fórmula política sobre la mesa [...] hay cierto grado de confianza, para conseguir que [los shiíes iraquíes] acepten compromisos políticos con los sunníes que antes no aceptarían". Una dinámica similar se puso en juego durante décadas en las conversaciones árabo-israelíes, afirma Hadian-Jazy, cuando "[...] siempre se necesitaba una potencia regional para contener al interlocutor". Ése puede ser el paso más importante de Irán, afirma, aunque también puede dejar de financiar a partidos radicales y el tráfico de armas.
Pero estas decisiones pueden depender de EEUU y de qué garantías de seguridad -relativas a alguna demanda iraní estratégica-está dispuesto a ofrecer a Irán si le llama en su ayuda. "[...] Irán tendrá más deseos de cooperar si existe un mínimo entendimiento [sobre seguridad]", afirma Hadian-Jazy, algo que no se aplica solo a Irán: "[...] Todos los países en torno a Iraq están cubriendo sus apuestas. No están seguros de lo que pasará, de qué tipo de gobierno se instaurará, de si EEUU se quedará o se irá, [así que] todos tienen una postura maximalista. [...] Limitando la incertidumbre, EEUU puede traer cierta estabilidad".
Notas de IraqSolidaridad:
1. Siria e Iraq han reestablecido este mes de noviembre relacionas diplomáticas, rotas desde 1982, y el embajador de Exteriores sirio Moallen visitaba inmediatamente Bagdad para sancionar el hecho, el primer mandatario de este país que visita Iraq desde el inicio de la ocupación. Siria acepta de hecho así la ocupación de Iraq, al reconocer las instituciones impuestas por EEUU. Según algunos medios, el régimen de al-Asad habría indicado a EEUU su intención de colaborar con los ocupantes y las autoridades iraquíes (con medidas represivas contra la presencia y redes de la resistencia iraquí en Siria, cabe imaginar) a cambio de que la Administración Bush presione a Israel para que se retire de los Altos del Golán (Associated Press, 19 de noviembre, 2006). 2. Véase en IraqSolidaridad: Joe Kay: Demócratas y republicanos: Mantener la ocupación de Iraq. Antes que una retirada o reducción de tropas, se prevé un incremento de hasta 30.000 efectivos y Peter Grier: Grupo de Estudio de Iraq: Ni irse ni quedarse. El Partido Demócrata y la Administración Bush buscan un consenso sobre la continuidad en Iraq 3. En relación al debate desde 2005 sobre un posible diálogo entre EEUU e Irán sobre el futuro de Iraq, reiterado por ambas partes tras las elecciones estadounidenses de noviembre, véase en IraqSolidaridad, entre otros textos: EEUU e Irán negociarán sobre Iraq una vez formado el nuevo gobierno de al-Maliki | Carlos Varea: EEUU e Irán, dispuestos a negociar sobre Iraq | Pedro Rojo y Carlos Varea: ¿Está jugando Irán a la 'resistencia' en Basora? | Gareth Porter: Los ocupantes, as-Sáder e Irán. EEUU depende de Irán y de sus aliados shiíes iraquíes para mantener la ocupación de Iraq, así como sus enlaces relacionados. 4. Según The New York Times de 28 de noviembre de 2006, Hezbolá habría entrenado a miembros del Ejército del Mahdi de Moqtada as-Sáder, una de las formaciones confesionales shiíes acusadas de nutrir los escuadrones de la muerte. La intervención de Irán en Iraq para debilitar la presencia estadounidense en este país y forzar a Washington a un diálogo global bilateral, se estaría realizando a través de la espiral de violencia sectaria desencadenada a lo largo de 2006 por los paramilitares de los partidos confesionales shiíes iraquíes, miembros éstos del gobierno de al-Maliki y estrechamente vinculados a Irán, hegemónicos en los nuevos aparatos de seguridad. Véase en IraqSolidaridad: Andrew Buncombe y Patrick Cockburn: Miles de personas han sido asesinadas en los últimos meses por los 'Escuadrones de la muerte' - Carlos Varea: El pueblo iraquí considera mayoritariamente que la ocupación empeora la situación interna | Mahan Abedin: Badr, Irán y los nuevos cuerpos de seguridad iraquíes | Tom Lasseter: Irán gana influencia y poder en Iraq a través de las milicias - Paul Martin y Maria Cedrell: Militares iraníes al frente de los centros de tortura en Iraq
Traducido del inglés para IraqSolidaridad por Beatriz Morales
IraqSolidaridad (www.iraqsolidaridad.org)
Thursday, November 30, 2006
Los primeros aviones caza Sukhoi a punto de llegar a Caracas
Dentro de poco Venezuela recibirá los primeros dos cazas multipropósito Su-30MK2, informaron las fuentes en el sector aeronáutico ruso.
El contrato contempla el envío a este país latinoamericano de 24 aparatos fabricados en la planta aeronáutica de Komsomolsk del Amur.
"Los primeros dos cazas llegaron a Moscú a bordo del avión An-124 y desde la capital rusa continuarán el viaje a Venezuela", precisaron las fuentes.
"Los primeros dos cazas llegaron a Moscú a bordo del avión An-124 y desde la capital rusa continuarán el viaje a Venezuela", precisaron las fuentes.
Wednesday, November 29, 2006
La ONU califica de arbitraria la detención de Sadam Hussein y colaboradores
Prensa Latina
Mientras el Tribunal Penal Supremo iraquí dio inicio hoy aquí al segundo juicio contra el ex presidente Sadam Hussein y seis de sus colaboradores, un grupo de trabajo de la ONU calificó de arbitraria su detención.
Este segundo proceso comenzó el pasado agosto y tanto el ex mandatario como sus antiguos asistentes son acusados de genocidio por la presunta matanza de decenas de kurdos en Al Anfal, en la década de los 80.
La causa se reinició este lunes y el tribunal escucha las declaraciones de testigos, para luego dar paso a las consideraciones de expertos.
En tanto, el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias consideró que el gobierno del primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, se abstenga de cumplir la sentencia a muerte dictada contra Husein y dos de sus seguidores a principios de mes.
El pasado 5 de noviembre el ex presidente, su hermanastro Barzan Tikriti y el extitular del Tribunal de la Revolución, Awad Hamad Al Bandar, fueron condenados a la horca por el supuesto de estar implicados en los sucesos de Dujail, donde murieron 148 iraquíes.
Los hechos tuvieron lugar después de que un grupo de hombres armados atacaron a tiros en ese lugar la caravana en la que viajaba el entonces gobernante.
Después de estudiar las circunstancias en que se dictó la sentencia a muerte, el grupo de trabajo de la ONU determinó "falta de observancia de los estándares internacionales", lo cual fue difundido hoy en Ginebra en un comunicado.
De acuerdo con la nota, los expertos detectaron numerosos errores en el proceso y determinaron arbitraria su detención, además de violar el Convenio Internacional de Derechos Políticos y Civiles, del que Estados Unidos e Iraq son signatarios.
Entre las faltas cometidas se señalan la imparcialidad del tribunal, la limitante de tiempo para prepararse de manera adecuada la defensa y las restricciones que tanto abogados como testigos tuvieron para asistir a las secciones del juzgado.
Durante los largos meses que duró el juicio varios de los juristas defensores murieron y otros renunciaron por las presiones a que fueron sometidos, en tanto, numerosos testigos salieron del país.
Desde un primer momento Sadam Husein y sus colaboradores calificaron de ilegal el proceso al considerar que tenía lugar bajo la ocupación del país por una fuerza militar extranjera.
El comunicado presentado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insta al gobierno iraquí y al mando de ocupación estadounidense a respetar las normas internacionales, o recomienda que un tribunal internacional asuma el juicio.
Mientras el Tribunal Penal Supremo iraquí dio inicio hoy aquí al segundo juicio contra el ex presidente Sadam Hussein y seis de sus colaboradores, un grupo de trabajo de la ONU calificó de arbitraria su detención.
Este segundo proceso comenzó el pasado agosto y tanto el ex mandatario como sus antiguos asistentes son acusados de genocidio por la presunta matanza de decenas de kurdos en Al Anfal, en la década de los 80.
La causa se reinició este lunes y el tribunal escucha las declaraciones de testigos, para luego dar paso a las consideraciones de expertos.
En tanto, el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias consideró que el gobierno del primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, se abstenga de cumplir la sentencia a muerte dictada contra Husein y dos de sus seguidores a principios de mes.
El pasado 5 de noviembre el ex presidente, su hermanastro Barzan Tikriti y el extitular del Tribunal de la Revolución, Awad Hamad Al Bandar, fueron condenados a la horca por el supuesto de estar implicados en los sucesos de Dujail, donde murieron 148 iraquíes.
Los hechos tuvieron lugar después de que un grupo de hombres armados atacaron a tiros en ese lugar la caravana en la que viajaba el entonces gobernante.
Después de estudiar las circunstancias en que se dictó la sentencia a muerte, el grupo de trabajo de la ONU determinó "falta de observancia de los estándares internacionales", lo cual fue difundido hoy en Ginebra en un comunicado.
De acuerdo con la nota, los expertos detectaron numerosos errores en el proceso y determinaron arbitraria su detención, además de violar el Convenio Internacional de Derechos Políticos y Civiles, del que Estados Unidos e Iraq son signatarios.
Entre las faltas cometidas se señalan la imparcialidad del tribunal, la limitante de tiempo para prepararse de manera adecuada la defensa y las restricciones que tanto abogados como testigos tuvieron para asistir a las secciones del juzgado.
Durante los largos meses que duró el juicio varios de los juristas defensores murieron y otros renunciaron por las presiones a que fueron sometidos, en tanto, numerosos testigos salieron del país.
Desde un primer momento Sadam Husein y sus colaboradores calificaron de ilegal el proceso al considerar que tenía lugar bajo la ocupación del país por una fuerza militar extranjera.
El comunicado presentado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insta al gobierno iraquí y al mando de ocupación estadounidense a respetar las normas internacionales, o recomienda que un tribunal internacional asuma el juicio.
Bolivia tiene dirigentes cívicos, prefectos y hasta parlamentarios latifundistas
Edgar Ramos Andrade
Rebelión
En el fragor del debate mediatizado de "líderes de opinión pública" Bolivia apareció, como pocos países con varias autoridades legislativas y ejecutivas así como con dirigentes sociales (los denominados "cívicos" y los agro-empresarios) cuya característica común es su condición de latifundistas que, al parecer no quieren perder privilegios de dudoso origen, según reportan informes oficiales.Senadores cuya responsabilidad política y estatal es legislar (en este caso el uso de la tierra) o prefectos que deben hacer cumplir la ley en sus regiones, aparecen como juez y parte en el debate por la ley de tierras, que tiene en ascuas al Parlamento y al gobierno. No se quedan atrás los "dirigentes cívicos" o los agro-empresarios que generan opinión social urbana concentrada (en el primer anillo de la ciudad de Santa Cruz, o el centro histórico de Tarija, pero no más allá).El informe entregado a la prensa señala que legisladores como Walter Guiteras, beniano del ultra conservador Podemos, tiene 49.051 hectáreas. Su colega Miguel Majluf (MNR del Beni) 5.468 Has. El prefecto (gobernador) de Beni por Podemos, Ernesto Suárez Sattori tiene 1.105 Has. El presidente del Comité Cívico cruceño Germán Antelo tiene en "proceso de saneamiento" una propiedad de 4.993 Has. A su vez Zvonko Matkovic, ex presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) y ex prefecto de Santa Cruz por ADN, cuenta con dos propiedades agrarias, una de ellas con 267 Has. La familia de otro empresario y ex canciller de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Saavedra Bruno, tiene 10 predios por un total de 17.298 Has.El informe gubernamental añade que Bolivia tiene 109 millones de hectáreas; de ellas 65 millones de hectáreas son productivas y 59 millones fueron distribuidas a un grupo de poder que gozó de privilegios políticos en años anteriores. Dicho grupo tiene amplio respaldo en las redes mediáticas y círculos de intelectuales y "formadores de opinión". Pero el mayor apoyo está en las "brigadas" de la Nación Camba (liderizados por el ex ministro del MIR Carlos Dabdoub), la Unión Juvenil Cruceñista (grupo paramilitar que ya agredió a campesinos y diputados marchistas en octubre 2003 y junio 2005). Esto contradice el lema: "Es ley del cruceño la hospitalidad". Los representantes de este grupo de poder tuvieron una rabiosa reacción ante la media aprobación parlamentaria de la nueva ley de tierras (INRA) y del reglamento de la Asamblea Constituyente. Esa reacción fue un paro en 4 departamentos (Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz) y una marcha empresarial (con tractores y vehículos de lujo) hace pocos días. Esa actitud fue coronada con una agresión al propio presidente Evo Morales, en el inseguro departamento de Santa Cruz cuyo prefecto es Rubén Costas, ex presidente del Comité Cívico cruceño.Santa Cruz parece haberse convertido en el último reducto de los grupos oligárquicos de poder, como lo fueron en su momento Tupiza (con la familia Aramayo), Sucre (con los industriales mineros) o La Paz-Cochabamba con los barones del estaño, porque en el actual debate político-parlamentario no se habla de la tierra como recuso natural y bien público, sino como objeto de usufructo dudosamente habido.Es más, no se habla de cómo se adquirió la tierra sino de cómo "sanearla" y, en lo posible tardando mucho: En 10 años solo se saneó el 46 por ciento de la tierra, por la falta de voluntad de los seis sucesivos gobiernos --Sánchez de Lozada, Banzer, Quiroga, Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez.Por ello, prefectos, legisladores ultra conservadores, y dirigentes cívico-agro-empresariales parecen jugarse su última carta. Evo Morales y su gestión comenzaron a "sanear" el acceso a la tierra, controlar el reparto de miles de millones de dólares por venta del gas recientemente nacionalizado y a refundar el país en la Asamblea Constituyente. La sexta marcha de indígenas, convergente de varias regiones y que está en las puertas de La Paz, parece tener razón: Es la única forma de hacer funcionar, realmente, a los poderes públicos.(*) Edgar Ramos Andrade. Comunicador UNLP-Argentina. Investigador y activista social. Autor de los libros "aGONIa y Rebelión social" e "Inclusión y Dignidad Indígena".
Rebelión
En el fragor del debate mediatizado de "líderes de opinión pública" Bolivia apareció, como pocos países con varias autoridades legislativas y ejecutivas así como con dirigentes sociales (los denominados "cívicos" y los agro-empresarios) cuya característica común es su condición de latifundistas que, al parecer no quieren perder privilegios de dudoso origen, según reportan informes oficiales.Senadores cuya responsabilidad política y estatal es legislar (en este caso el uso de la tierra) o prefectos que deben hacer cumplir la ley en sus regiones, aparecen como juez y parte en el debate por la ley de tierras, que tiene en ascuas al Parlamento y al gobierno. No se quedan atrás los "dirigentes cívicos" o los agro-empresarios que generan opinión social urbana concentrada (en el primer anillo de la ciudad de Santa Cruz, o el centro histórico de Tarija, pero no más allá).El informe entregado a la prensa señala que legisladores como Walter Guiteras, beniano del ultra conservador Podemos, tiene 49.051 hectáreas. Su colega Miguel Majluf (MNR del Beni) 5.468 Has. El prefecto (gobernador) de Beni por Podemos, Ernesto Suárez Sattori tiene 1.105 Has. El presidente del Comité Cívico cruceño Germán Antelo tiene en "proceso de saneamiento" una propiedad de 4.993 Has. A su vez Zvonko Matkovic, ex presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) y ex prefecto de Santa Cruz por ADN, cuenta con dos propiedades agrarias, una de ellas con 267 Has. La familia de otro empresario y ex canciller de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Saavedra Bruno, tiene 10 predios por un total de 17.298 Has.El informe gubernamental añade que Bolivia tiene 109 millones de hectáreas; de ellas 65 millones de hectáreas son productivas y 59 millones fueron distribuidas a un grupo de poder que gozó de privilegios políticos en años anteriores. Dicho grupo tiene amplio respaldo en las redes mediáticas y círculos de intelectuales y "formadores de opinión". Pero el mayor apoyo está en las "brigadas" de la Nación Camba (liderizados por el ex ministro del MIR Carlos Dabdoub), la Unión Juvenil Cruceñista (grupo paramilitar que ya agredió a campesinos y diputados marchistas en octubre 2003 y junio 2005). Esto contradice el lema: "Es ley del cruceño la hospitalidad". Los representantes de este grupo de poder tuvieron una rabiosa reacción ante la media aprobación parlamentaria de la nueva ley de tierras (INRA) y del reglamento de la Asamblea Constituyente. Esa reacción fue un paro en 4 departamentos (Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz) y una marcha empresarial (con tractores y vehículos de lujo) hace pocos días. Esa actitud fue coronada con una agresión al propio presidente Evo Morales, en el inseguro departamento de Santa Cruz cuyo prefecto es Rubén Costas, ex presidente del Comité Cívico cruceño.Santa Cruz parece haberse convertido en el último reducto de los grupos oligárquicos de poder, como lo fueron en su momento Tupiza (con la familia Aramayo), Sucre (con los industriales mineros) o La Paz-Cochabamba con los barones del estaño, porque en el actual debate político-parlamentario no se habla de la tierra como recuso natural y bien público, sino como objeto de usufructo dudosamente habido.Es más, no se habla de cómo se adquirió la tierra sino de cómo "sanearla" y, en lo posible tardando mucho: En 10 años solo se saneó el 46 por ciento de la tierra, por la falta de voluntad de los seis sucesivos gobiernos --Sánchez de Lozada, Banzer, Quiroga, Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez.Por ello, prefectos, legisladores ultra conservadores, y dirigentes cívico-agro-empresariales parecen jugarse su última carta. Evo Morales y su gestión comenzaron a "sanear" el acceso a la tierra, controlar el reparto de miles de millones de dólares por venta del gas recientemente nacionalizado y a refundar el país en la Asamblea Constituyente. La sexta marcha de indígenas, convergente de varias regiones y que está en las puertas de La Paz, parece tener razón: Es la única forma de hacer funcionar, realmente, a los poderes públicos.(*) Edgar Ramos Andrade. Comunicador UNLP-Argentina. Investigador y activista social. Autor de los libros "aGONIa y Rebelión social" e "Inclusión y Dignidad Indígena".
Rusia debe seguir siendo una fuerte potencia nuclear
por Sergei Kortunov*
Pese a que se ha reducido al mínimo la probabilidad de guerras y conflictos militares entre los mayores Estados del mundo, de momento no se observa una reducción radical del papel que en su política desempeña el arma nuclear.
Lo evidencian la nueva doctrina nuclear de EE.UU., la disminución del umbral de empleo del arma nuclear, lo que genera la amenaza de una escalada incontrolada. A ello contribuyen asimismo la sucesiva proliferación de las armas de destrucción masiva y de sus vectores, así como la creciente inestabilidad regional.
En vista de ello, Rusia simplemente no tiene otra opción que seguir siendo en una perspectiva visible una fuerte potencia nuclear.
A nuestro modo de ver, en función del cariz que tome la evolución de la situación político-militar en el mundo, hacia 2012, las fuerzas estratégicas nucleares de Rusia deberían disponer de:
unos 600 misiles con base en tierra;
10 ó 12 submarinos estratégicos;
50 bombarderos estratégicos capaces de portar armas nucleares y convencionales;
de 1.000 a 1.200 cargas nucleares en misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM).
Semejante configuración de nuestras fuerzas estratégicas contribuiría a mantener relaciones estratégicas especiales con Estados Unidos y haría políticamente ponderable el papel ejercido por Rusia en la palestra internacional. De todas formas hemos concertado con EE.UU. el Tratado de reducción de armamento estratégico, documento jurídicamente vinculante, que refrenda los compromisos de las partes de seguir reduciendo los armamentos estratégicos ofensivos hasta 1.700-2.200 cargas durante 10 años.
Pero no es un tratado comprehensivo que estipule reducciones irreversibles y controlables de los armamentos estratégicos, en el que originariamente insistía Rusia. Además, a pesar de las reiteradas aseveraciones sobre el carácter limitado de la defensa antibalística norteamericana (capaz de interceptar tan sólo varias decenas de misiles) en proceso de desarrollo, Washington se ha negado a refrendar estas limitaciones.
Así las cosas, el Tratado de reducción de armamento estratégico no recoge nuestras exigencias de principio sobre el carácter irreversible y controlable de las reducciones y, además, no estipula limitaciones para la cobertura de la defensa antibalística. Hablando en rigor, no es un tratado de desarme y ni siquiera de reducción del arma nuclear, sino tan sólo de la disminución del nivel de la adaptabilidad operacional de los armamentos estratégicos ofensivos. En realidad, Estados Unidos no reduce los vectores estratégicos ni las cargas nucleares que pueden portar. Esto significa que en cualquier momento Washington podrá incrementar hasta el nivel anterior sus armamentos estratégicos. Nosotros, en cambio, tomando en consideración las características de nuestros armamentos estratégicos ofensivos, los plazos de su vida útil, la desintegración del sistema anterior de cooperación entre los productores de armamentos y varios otros factores, nos vemos obligados a reducir realmente nuestros armamentos estratégicos ofensivos, siendo de señalar que son bastante fuertes los gastos económicos en que incurrimos al eliminarlos y reciclarlos.
Desde que Rusia no tiene otro camino a seguir que el de cumplir el Tratado de reducción de armamento estratégico. Pero paralelamente es imprescindible ir modificando la política nuclear nacional. Hemos de estar conscientes de que EE.UU., sobre todo en vista de la creación en un futuro no muy lejano de la defensa antibalística y en caso de que nuestra política nuclear no sea enmendada en el sentido arriba mencionado, obtendría superioridad estratégica absoluta a escala mundial.
Por lo que a las negociaciones con EE.UU. se refiere, en la medida de lo posible hay que continuarlas. A tales efectos se podría proponer comenzar a elaborar conjuntamente los métodos de minimizar los riesgos objetivamente generados la situación actual de disuasión nuclear recíproca. Ello no obstante, dada la actual actitud de la Administración de George Bush hacia el control bilateral y multilateral sobre los armamentos nucleares, no cabe confiar en el logro de tales acuerdos.
En esta tesitura cabe analizar la conveniencia de reanudar el diseño de medios capaces de contrarrestar con eficacia la defensa antibalística norteamericana con vistas tanto a burlarla como neutralizarla. El desarrollo de "ojivas de guiado independiente y de trayectoria impredecible para el adversario potencial", a lo que se refería el Presidente ruso Vladimir Putin en su Mensaje a la Asamblea Federal, no es suficiente ni mucho menos, porque tales ojivas fueron diseñadas todavía en la época soviética. Importa elaborar todo un entramado de medidas de protección activa y pasiva de las Fuerzas Estratégicas Nucleares de Rusia. Según apreciaciones, es la vía más económica.
Las reducciones sucesivas de los armamentos estratégicos se realizarán, en el mejor caso, a través de medidas paralelas unilaterales o, posiblemente, sin afinación recíproca, o sea, a tenor con la conveniencia tecnológica y económica que cada parte definiría por cuenta propia, sin sostener consultas algunas con la otra. Tamaña situación de veras significa el fin del control clásico de los armamentos al que se han habituado no sólo los políticos, diplomáticos y militares de carrera sino también la opinión pública mundial.
EL PUNTO DE VISTA DEL AUTOR NO COINCIDIRÁ NECESARIAMENTE CON EL DE LA REDACCIÓN.
Sergei KortunovPresidente del Comité de planificación de la política exterior.
Pese a que se ha reducido al mínimo la probabilidad de guerras y conflictos militares entre los mayores Estados del mundo, de momento no se observa una reducción radical del papel que en su política desempeña el arma nuclear.
Lo evidencian la nueva doctrina nuclear de EE.UU., la disminución del umbral de empleo del arma nuclear, lo que genera la amenaza de una escalada incontrolada. A ello contribuyen asimismo la sucesiva proliferación de las armas de destrucción masiva y de sus vectores, así como la creciente inestabilidad regional.
En vista de ello, Rusia simplemente no tiene otra opción que seguir siendo en una perspectiva visible una fuerte potencia nuclear.
A nuestro modo de ver, en función del cariz que tome la evolución de la situación político-militar en el mundo, hacia 2012, las fuerzas estratégicas nucleares de Rusia deberían disponer de:
unos 600 misiles con base en tierra;
10 ó 12 submarinos estratégicos;
50 bombarderos estratégicos capaces de portar armas nucleares y convencionales;
de 1.000 a 1.200 cargas nucleares en misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM).
Semejante configuración de nuestras fuerzas estratégicas contribuiría a mantener relaciones estratégicas especiales con Estados Unidos y haría políticamente ponderable el papel ejercido por Rusia en la palestra internacional. De todas formas hemos concertado con EE.UU. el Tratado de reducción de armamento estratégico, documento jurídicamente vinculante, que refrenda los compromisos de las partes de seguir reduciendo los armamentos estratégicos ofensivos hasta 1.700-2.200 cargas durante 10 años.
Pero no es un tratado comprehensivo que estipule reducciones irreversibles y controlables de los armamentos estratégicos, en el que originariamente insistía Rusia. Además, a pesar de las reiteradas aseveraciones sobre el carácter limitado de la defensa antibalística norteamericana (capaz de interceptar tan sólo varias decenas de misiles) en proceso de desarrollo, Washington se ha negado a refrendar estas limitaciones.
Así las cosas, el Tratado de reducción de armamento estratégico no recoge nuestras exigencias de principio sobre el carácter irreversible y controlable de las reducciones y, además, no estipula limitaciones para la cobertura de la defensa antibalística. Hablando en rigor, no es un tratado de desarme y ni siquiera de reducción del arma nuclear, sino tan sólo de la disminución del nivel de la adaptabilidad operacional de los armamentos estratégicos ofensivos. En realidad, Estados Unidos no reduce los vectores estratégicos ni las cargas nucleares que pueden portar. Esto significa que en cualquier momento Washington podrá incrementar hasta el nivel anterior sus armamentos estratégicos. Nosotros, en cambio, tomando en consideración las características de nuestros armamentos estratégicos ofensivos, los plazos de su vida útil, la desintegración del sistema anterior de cooperación entre los productores de armamentos y varios otros factores, nos vemos obligados a reducir realmente nuestros armamentos estratégicos ofensivos, siendo de señalar que son bastante fuertes los gastos económicos en que incurrimos al eliminarlos y reciclarlos.
Desde que Rusia no tiene otro camino a seguir que el de cumplir el Tratado de reducción de armamento estratégico. Pero paralelamente es imprescindible ir modificando la política nuclear nacional. Hemos de estar conscientes de que EE.UU., sobre todo en vista de la creación en un futuro no muy lejano de la defensa antibalística y en caso de que nuestra política nuclear no sea enmendada en el sentido arriba mencionado, obtendría superioridad estratégica absoluta a escala mundial.
Por lo que a las negociaciones con EE.UU. se refiere, en la medida de lo posible hay que continuarlas. A tales efectos se podría proponer comenzar a elaborar conjuntamente los métodos de minimizar los riesgos objetivamente generados la situación actual de disuasión nuclear recíproca. Ello no obstante, dada la actual actitud de la Administración de George Bush hacia el control bilateral y multilateral sobre los armamentos nucleares, no cabe confiar en el logro de tales acuerdos.
En esta tesitura cabe analizar la conveniencia de reanudar el diseño de medios capaces de contrarrestar con eficacia la defensa antibalística norteamericana con vistas tanto a burlarla como neutralizarla. El desarrollo de "ojivas de guiado independiente y de trayectoria impredecible para el adversario potencial", a lo que se refería el Presidente ruso Vladimir Putin en su Mensaje a la Asamblea Federal, no es suficiente ni mucho menos, porque tales ojivas fueron diseñadas todavía en la época soviética. Importa elaborar todo un entramado de medidas de protección activa y pasiva de las Fuerzas Estratégicas Nucleares de Rusia. Según apreciaciones, es la vía más económica.
Las reducciones sucesivas de los armamentos estratégicos se realizarán, en el mejor caso, a través de medidas paralelas unilaterales o, posiblemente, sin afinación recíproca, o sea, a tenor con la conveniencia tecnológica y económica que cada parte definiría por cuenta propia, sin sostener consultas algunas con la otra. Tamaña situación de veras significa el fin del control clásico de los armamentos al que se han habituado no sólo los políticos, diplomáticos y militares de carrera sino también la opinión pública mundial.
EL PUNTO DE VISTA DEL AUTOR NO COINCIDIRÁ NECESARIAMENTE CON EL DE LA REDACCIÓN.
Sergei KortunovPresidente del Comité de planificación de la política exterior.
Tuesday, November 28, 2006
La estrategia nuclear de Rusia ha de ser modificada
por Sergei Kortunov*
Pasados tres meses después del S-11, el Departamento de Estado de EE.UU. notificó al Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa sobre el propósito de retirarse del Tratado de Defensa Antibalística de 1972.
Pasado medio año, el Tratado fue dejado sin efecto.
La reacción de Moscú a este paso fue muy apática. Ningún alto dirigente de Rusia explicó en aquella ocasión nuestra visión del futuro control internacional de las armas nucleares que a raíz de las acciones unilaterales de EE.UU. se sometía a una rauda erosión.
El 26 de mayo de 2002, los presidentes de Rusia y de EE.UU. firmaron un documento bastante extraño: el Tratado de reducción de armamento estratégico. Las personas versadas en la seguridad nacional se dieron cuenta de que el control bilateral y, posiblemente, el multilateral también, sobre las armas nucleares pasaron a la historia. Semejante evolución de los sucesos imponía la necesidad de transición a la estrategia nuclear nacional independiente.
Hoy, lo mismo que hace cuatro años, no cabe duda de que la Administración USA no se propone limitarse a cualesquiera tratados de limitación y reducción de armamentos. En la política militar de Estados Unidos se operan cambios importantes por motivos más hondos que la necesidad de combatir el terrorismo internacional. Hace mucho que se echaron al olvido los Tratados START-2 y de Prohibición Universal de Ensayos Nucleares, no ratificados por EE.UU. Creció drásticamente (casi en $100.000 millones) el presupuesto del Pentágono. Se adoptó nueva doctrina nuclear que estipulaba la modernización de las armas estratégicas ofensivas, el desarrollo de municiones nucleares penetrantes de poca potencia que pueden emplearse junto con armas convencionales de alta precisión, así como admitía la posibilidad de empleo del arma nuclear contra Estados no nucleares.
Según apreciaciones de varios expertos rusos, los cambios en la política militar de Washington no encierran amenaza inmediata para la seguridad nacional de Rusia por lo menos para los próximos 10 ó 15 años, mientras EE.UU. no despliegue el sistema estratégico de defensa antibalística.
Pero estos cambios, ante todo, la anulación del Tratado de Defensa Antibalística, ponen en tela de juicio el régimen internacional de control de armamentos, pudiendo provocar una nueva etapa de la carrera armamentista.
Evidentemente, las medidas emprendidas por EE.UU. han de catalogarse entre las estratégicas y, por lo tanto, exigen que Rusia adopte decisiones estratégicas respecto a su propia política nuclear. Los atentados terroristas de descomunales proporciones y las amenazas cambiantes conducen, a juzgar por la nueva doctrina nuclear de EE.UU., a rebajar el umbral de empleo del arma nuclear, lo que genera la amenaza de una escalada incontrolada. A ello contribuyen asimismo la sucesiva proliferación de las armas de destrucción masiva y de sus vectores, así como la creciente inestabilidad regional.
El rasgo característico del período actual consiste en lo impredecible del desarrollo de la situación político-militar en el mundo. EE.UU. sigue modernizando sus fuerzas nucleares y mantienen la posibilidad de incrementarlas rápidamente. El tema de concertar con Rusia nuevos acuerdos vinculantes y controlables sobre las reducciones irreversibles de las armas estratégicas ofensivas de hecho está retirado del orden del día.
Las tecnologías desarrolladas por EE.UU., así como los resultados de las pruebas al natural de algunos componentes del sistema de defensa antibalística de este país evidencian que ya en una perspectiva a plazo mediano Washington podría poner en servicio operacional un sistema antibalístico limitado cuyo potencial seguiría creciendo.
En vista de ello, Rusia simplemente no tiene otra opción que seguir siendo en una perspectiva visible (por lo menos, en los 15 ó 20 años próximos) una fuerte potencia nuclear. Los planes de desarrollo de las Fuerzas de Disuasión Nuclear de Rusia, vigentes hasta no hace mucho, estaban orientados, de un lado, a la entrada en vigor del Tratado START-2 y al mantenimiento de la vigencia del de la Defensa Antibalística; de otro, a la transformación de las FDN rusas una tríada parecida al modelo norteamericano que suponía incrementar los componentes naval y aéreo disminuyendo paralelamente los misiles balísticos intercontinentales con base en tierra.
Dada la nueva situación estratégica, resulta imprescindible revisar sin demora los planes rusos relacionados con el desarrollo de las FDN, prorrogando al máximo los plazos de servicio operacional de los misiles balísticos intercontinentales con base en tierra, manteniendo la planeada composición del componente naval, así como del aéreo, capaz de cumplir misiones tanto nucleares como convencionales. Sería injustificado, tanto desde la óptica militar como económica, mantener vigentes los viejos planes que se elaboraban para una situación muy diferente.
Es de suponer que las respectivas enmiendas ya fueron introducidas en la estrategia nuclear nacional. La tonalidad segura del Mensaje del Presidente a la Asamblea Federal da fundamentos para hacer semejantes conjeturas.
El punto de vista del autor no coincidirá necesariamente con el de la redacción.
Sergei KortunovPresidente del Comité de planificación de la política exterior
Pasados tres meses después del S-11, el Departamento de Estado de EE.UU. notificó al Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa sobre el propósito de retirarse del Tratado de Defensa Antibalística de 1972.
Pasado medio año, el Tratado fue dejado sin efecto.
La reacción de Moscú a este paso fue muy apática. Ningún alto dirigente de Rusia explicó en aquella ocasión nuestra visión del futuro control internacional de las armas nucleares que a raíz de las acciones unilaterales de EE.UU. se sometía a una rauda erosión.
El 26 de mayo de 2002, los presidentes de Rusia y de EE.UU. firmaron un documento bastante extraño: el Tratado de reducción de armamento estratégico. Las personas versadas en la seguridad nacional se dieron cuenta de que el control bilateral y, posiblemente, el multilateral también, sobre las armas nucleares pasaron a la historia. Semejante evolución de los sucesos imponía la necesidad de transición a la estrategia nuclear nacional independiente.
Hoy, lo mismo que hace cuatro años, no cabe duda de que la Administración USA no se propone limitarse a cualesquiera tratados de limitación y reducción de armamentos. En la política militar de Estados Unidos se operan cambios importantes por motivos más hondos que la necesidad de combatir el terrorismo internacional. Hace mucho que se echaron al olvido los Tratados START-2 y de Prohibición Universal de Ensayos Nucleares, no ratificados por EE.UU. Creció drásticamente (casi en $100.000 millones) el presupuesto del Pentágono. Se adoptó nueva doctrina nuclear que estipulaba la modernización de las armas estratégicas ofensivas, el desarrollo de municiones nucleares penetrantes de poca potencia que pueden emplearse junto con armas convencionales de alta precisión, así como admitía la posibilidad de empleo del arma nuclear contra Estados no nucleares.
Según apreciaciones de varios expertos rusos, los cambios en la política militar de Washington no encierran amenaza inmediata para la seguridad nacional de Rusia por lo menos para los próximos 10 ó 15 años, mientras EE.UU. no despliegue el sistema estratégico de defensa antibalística.
Pero estos cambios, ante todo, la anulación del Tratado de Defensa Antibalística, ponen en tela de juicio el régimen internacional de control de armamentos, pudiendo provocar una nueva etapa de la carrera armamentista.
Evidentemente, las medidas emprendidas por EE.UU. han de catalogarse entre las estratégicas y, por lo tanto, exigen que Rusia adopte decisiones estratégicas respecto a su propia política nuclear. Los atentados terroristas de descomunales proporciones y las amenazas cambiantes conducen, a juzgar por la nueva doctrina nuclear de EE.UU., a rebajar el umbral de empleo del arma nuclear, lo que genera la amenaza de una escalada incontrolada. A ello contribuyen asimismo la sucesiva proliferación de las armas de destrucción masiva y de sus vectores, así como la creciente inestabilidad regional.
El rasgo característico del período actual consiste en lo impredecible del desarrollo de la situación político-militar en el mundo. EE.UU. sigue modernizando sus fuerzas nucleares y mantienen la posibilidad de incrementarlas rápidamente. El tema de concertar con Rusia nuevos acuerdos vinculantes y controlables sobre las reducciones irreversibles de las armas estratégicas ofensivas de hecho está retirado del orden del día.
Las tecnologías desarrolladas por EE.UU., así como los resultados de las pruebas al natural de algunos componentes del sistema de defensa antibalística de este país evidencian que ya en una perspectiva a plazo mediano Washington podría poner en servicio operacional un sistema antibalístico limitado cuyo potencial seguiría creciendo.
En vista de ello, Rusia simplemente no tiene otra opción que seguir siendo en una perspectiva visible (por lo menos, en los 15 ó 20 años próximos) una fuerte potencia nuclear. Los planes de desarrollo de las Fuerzas de Disuasión Nuclear de Rusia, vigentes hasta no hace mucho, estaban orientados, de un lado, a la entrada en vigor del Tratado START-2 y al mantenimiento de la vigencia del de la Defensa Antibalística; de otro, a la transformación de las FDN rusas una tríada parecida al modelo norteamericano que suponía incrementar los componentes naval y aéreo disminuyendo paralelamente los misiles balísticos intercontinentales con base en tierra.
Dada la nueva situación estratégica, resulta imprescindible revisar sin demora los planes rusos relacionados con el desarrollo de las FDN, prorrogando al máximo los plazos de servicio operacional de los misiles balísticos intercontinentales con base en tierra, manteniendo la planeada composición del componente naval, así como del aéreo, capaz de cumplir misiones tanto nucleares como convencionales. Sería injustificado, tanto desde la óptica militar como económica, mantener vigentes los viejos planes que se elaboraban para una situación muy diferente.
Es de suponer que las respectivas enmiendas ya fueron introducidas en la estrategia nuclear nacional. La tonalidad segura del Mensaje del Presidente a la Asamblea Federal da fundamentos para hacer semejantes conjeturas.
El punto de vista del autor no coincidirá necesariamente con el de la redacción.
Sergei KortunovPresidente del Comité de planificación de la política exterior
Un pueblo en marcha
Antonio Peredo Leigue
Rebelión
Este domingo 26 de diciembre, llegaron a La Paz demandando la aprobación de la nueva ley de distribución de tierras. Una cuarta, que viene desde Santa Cruz y es la más numerosa, llegará el martes 28 para reafirmar esa exigencia a la que se oponen los representantes de la derecha que tienen exiguas minorías en la Asamblea Constituyente y en el Congreso Nacional. Estos últimos, amparados en una campaña mediática claramente alineada con esa tendencia, pretenden restituir un modelo que les favoreció desde siempre y que, ahora, se derrumba sin alternativas.
El tema central que provoca la actitud de los grupos de poder, es la dotación de tierras. Con el pretexto de exigir garantías para sus propiedades, en las que cultivan productos agro-industriales y otros crían ganado vacuno, se oponen a la fiscalización del Estado. Aducen que, una inspección bianual que verifique el mantenimiento de la producción, provocará inestabilidad perjudicial para gestionar crédito bancario; piden entre cinco y siete años. Pero hay más: los ganaderos tienen una dotación de cinco hectáreas por unidad vacuna y quieren quince. En otros términos, si cambian los términos de la ley, que sea a favor de ellos, sin importar la situación de los campesinos pobres.
Los prefectos (autoridades departamentales, elegidas por primera vez en diciembre pasado, al mismo tiempo que el presidente Evo Morales), rehúsan cualquier tipo de control. Quieren mantenerse fuera de la fiscalización del Congreso Nacional, poder ante el que deben rendir cuentas todas las instituciones del Estado boliviano.
La alharaca respecto a los dos tercios para la aprobación de cada artículo de la nueva Constitución Política del Estado, disfraza sus verdaderas intenciones.
Marcha sostenida
En 10 meses de gobierno, el presidente Morales, después de asentar el aparato de Estado remecido por la victoria de diciembre, ha cumplido con los anuncios de su programa: convocar a elecciones para la Asamblea Constituyente e instalarla en agosto; recuperar la propiedad de los hidrocarburos y firmar nuevos contratos con todas las empresas que los explotan; anular los gastos reservados y suntuarios, reducir los haberes de las máximas autoridades y eliminar partidas innecesarias; aumentar el salario mínimo, crear miles de ítems para educación y salud y darle sostenibilidad a los planes de empleo mínimo.
El programa “Juancito Pinto” de ayuda a los estudiantes de ciclo básico que ha obviado el trámite bancario y puesto al ejército en contacto directo con los hogares humildes, tiene resultados extraordinarios. Los tiene también, y con mayor significación económica y social, la solución dada al luctuoso conflicto que se dio en Huanuni a principios de este mes: más de tres mil cooperativistas fueron incorporados a las planillas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), iniciando la recuperación de una minería controlada por el Estado, al servicio del pueblo.
Pero es en el proceso de restablecimiento de la soberanía, que ha tenido su mayor triunfo el gobierno de Evo Morales. Está conduciendo una política internacional de gran proyección. Desde la iniciación de un nuevo tipo de relaciones con Chile, pasando por la creación del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), hasta el impulso a la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), convocan a una nueva relación con todas las naciones del mundo. Está ocurriendo con la misma Casa Blanca, a la que se le ha propuesto otras condiciones de relación sobre la base de propuestas hechas por el gobierno de La Paz y acordadas con Washington. Después de años de sometimiento y humillación, la respetabilidad de Bolivia es de un valor incalculable.
La contramarcha ventajista
Las elecciones de diciembre pasado, fueron un corte aguas definido. Toda la campaña de la derecha, encabezada por el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, se centró en las encuestas que vaticinaban, demostrando su parcialización, un virtual empate entre el MAS de Evo Morales y PODEMOS de “Tuto”. De paso, quería mostrarse un país profundamente dividido, que no tenía credibilidad; un campo de batalla que el neoliberalismo se encargaría de rastrillar, para un garantizado y mejor saqueo de nuestros recursos. El empate sería dirimido por el tercer postulante, Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina, que se aliaría con el segundo.
Los resultados desmintieron esa imagen de empate y enfrentamiento: 54% para el MAS, 28% a PODEMOS y apenas 7% de UN. Nunca, desde 1978, un candidato a presidente había logrado acercarse a la mitad más uno que exige la Constitución, para ser proclamado directamente ganador. La cena de gala que había preparado Tuto en un hotel de cinco estrellas, se enfrió a tono con su desesperación. Las almas compasivas cuentan que no pudo contener las lágrimas aquella noche del 18 de diciembre.
Sin embargo, la oposición sacó ventaja en el Senado Nacional, que se conforma con igual número de senadores por cada departamento, sin considerar la población. De esa ventaja se aprovechó para poner obstáculos a las principales realizaciones del gobierno, manejando una campaña de distracción que acompaña con entusiasmo, la mayor parte de los medios de comunicación.
Un ejemplo basta: un tratado de cooperación militar con Venezuela fue manipulado en forma artera, mostrándolo como un potenciamiento de las fuerzas armadas nacionales, lo que iba a constituir un grave peligro para los países vecinos. Estos reaccionaron como esperaba la derecha y el convenio está detenido en el Senado, donde los parlamentarios de PODEMOS, UN y MNR suman la mayoría. Lo que el tratado establece es la construcción de viviendas y oficinas fronterizas que otorguen condiciones habitables para la tropa acantonada en las zonas limítrofes. Otros temas se refieren a intercambio de tecnología, entrenamiento conjunto, cooperación en caso de emergencia, como en otros acuerdos militares firmados con países vecinos y lejanos.
El negocio en las puertas
La aplicación de la nueva ley de hidrocarburos y la reglamentación establecida en el decreto del 1 de mayo de este año, aumentó considerablemente los ingresos del Estado boliviano. Buena parte de esos fondos debe distribuirse entre las prefecturas, municipios y universidades públicas. Por supuesto, la oposición está sumamente complicada.
Sin siquiera meditar, una parlamentaria de PODEMOS, conocida por su superficialidad, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto reglamentario. Cuando se hizo público el caso, avergonzados debieron retirar el recurso, pero allí quedó la constancia de su incompetencia para gobernar el país.
Luego de entregar a las prefecturas, cuotas superiores a sus cálculos por su participación en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), se los instó a invertir. Hubo que mostrarles que, tanto éstas como las alcaldías municipales y hasta las universidades públicas, tenían depósitos que no condecían con sus anteriores reclamos de falta de medios. Recién para el año próximo tienen planes de gasto; de gasto, no de inversión.
Para controlar esos ingresos, el gobierno envió un proyecto de ley que establece las formas de fiscalización. Inmediatamente lo incorporaron es su agenda de oposición, aduciendo que se trata de censurarlos para obligarlos a renunciar. Como se trata de una ley interpretativa de la Constitución, debe aprobarse por dos tercios en cada cámara. Pero, en este caso, no tiene importancia el tema de los dos tercios.
El negocio es acumular un capital importante en las prefecturas, para disponer construcciones con altos beneficios para las empresas y, por supuesto, retribuciones a quienes otorgan los contratos. De eso hubo mucho en toda la historia pasada y aún confían a la bonanza en todo el país. Si no lo logran, les queda la “media luna” que quieren retener a toda costa.
La cuestión de los dos tercios
La Asamblea Constituyente instalada el 6 de agosto pasado, sigue aún discutiendo los artículos de su reglamento de debates. El punto central en que se ha prolongado la discusión, es la forma en que se aprobará el texto constitucional. Según la convocatoria a la asamblea, el texto debe aprobarse por dos tercios. La oposición fuerza la interpretación para sostener que, cada artículo y en todas las instancias, debe aprobarse por ese sistema. El MAS ha demostrado que ese método es inviable, y lo que corresponde es que, el texto completo sea considerado al final del proceso y votado por dos tercios.
Hay varios niveles de diálogo entre el gobernante MAS y los grupos opositores. En todos los casos, lo que se muestra es el propósito de hacer prevalecer la opinión de la minoría en que se ha convertido la oposición. En el Congreso Nacional: MAS 84, oposición 73; Asamblea Constituyente: MAS 142, oposición 113. La postura de exigir votación por dos tercios, es pedir que la mayoría se someta a la minoría.
Avanzamos, pese a todo
Los obstáculos que se presentan son cotidianos. Los hay de diversa índole: algunos provienen de las organizaciones sociales impacientes por la larga espera de atención a sus demandas y otros son orquestados por la derecha decidida incluso a quebrar el país, si ello contribuye a sus intereses. Por supuesto que hay gobiernos interesados en azuzar esta confrontación, siguiendo a pie juntillas el dicho: a río revuelto, ganancia de pescadores.
Unos y otros se equivocan. Se equivocan aún si lograran su propósito porque nadie ganaría en tal situación.
Pero las marchas campesinas están llegando a La Paz. Vienen del Alto Beni. Vienen del altiplano. Vienen, principalmente desde los llanos orientales. Es el pueblo que está mostrando su unidad. Es un pueblo decidido, por fin, a salir adelante. Nadie va a detenerlo.
Rebelión
Este domingo 26 de diciembre, llegaron a La Paz demandando la aprobación de la nueva ley de distribución de tierras. Una cuarta, que viene desde Santa Cruz y es la más numerosa, llegará el martes 28 para reafirmar esa exigencia a la que se oponen los representantes de la derecha que tienen exiguas minorías en la Asamblea Constituyente y en el Congreso Nacional. Estos últimos, amparados en una campaña mediática claramente alineada con esa tendencia, pretenden restituir un modelo que les favoreció desde siempre y que, ahora, se derrumba sin alternativas.
El tema central que provoca la actitud de los grupos de poder, es la dotación de tierras. Con el pretexto de exigir garantías para sus propiedades, en las que cultivan productos agro-industriales y otros crían ganado vacuno, se oponen a la fiscalización del Estado. Aducen que, una inspección bianual que verifique el mantenimiento de la producción, provocará inestabilidad perjudicial para gestionar crédito bancario; piden entre cinco y siete años. Pero hay más: los ganaderos tienen una dotación de cinco hectáreas por unidad vacuna y quieren quince. En otros términos, si cambian los términos de la ley, que sea a favor de ellos, sin importar la situación de los campesinos pobres.
Los prefectos (autoridades departamentales, elegidas por primera vez en diciembre pasado, al mismo tiempo que el presidente Evo Morales), rehúsan cualquier tipo de control. Quieren mantenerse fuera de la fiscalización del Congreso Nacional, poder ante el que deben rendir cuentas todas las instituciones del Estado boliviano.
La alharaca respecto a los dos tercios para la aprobación de cada artículo de la nueva Constitución Política del Estado, disfraza sus verdaderas intenciones.
Marcha sostenida
En 10 meses de gobierno, el presidente Morales, después de asentar el aparato de Estado remecido por la victoria de diciembre, ha cumplido con los anuncios de su programa: convocar a elecciones para la Asamblea Constituyente e instalarla en agosto; recuperar la propiedad de los hidrocarburos y firmar nuevos contratos con todas las empresas que los explotan; anular los gastos reservados y suntuarios, reducir los haberes de las máximas autoridades y eliminar partidas innecesarias; aumentar el salario mínimo, crear miles de ítems para educación y salud y darle sostenibilidad a los planes de empleo mínimo.
El programa “Juancito Pinto” de ayuda a los estudiantes de ciclo básico que ha obviado el trámite bancario y puesto al ejército en contacto directo con los hogares humildes, tiene resultados extraordinarios. Los tiene también, y con mayor significación económica y social, la solución dada al luctuoso conflicto que se dio en Huanuni a principios de este mes: más de tres mil cooperativistas fueron incorporados a las planillas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), iniciando la recuperación de una minería controlada por el Estado, al servicio del pueblo.
Pero es en el proceso de restablecimiento de la soberanía, que ha tenido su mayor triunfo el gobierno de Evo Morales. Está conduciendo una política internacional de gran proyección. Desde la iniciación de un nuevo tipo de relaciones con Chile, pasando por la creación del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), hasta el impulso a la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), convocan a una nueva relación con todas las naciones del mundo. Está ocurriendo con la misma Casa Blanca, a la que se le ha propuesto otras condiciones de relación sobre la base de propuestas hechas por el gobierno de La Paz y acordadas con Washington. Después de años de sometimiento y humillación, la respetabilidad de Bolivia es de un valor incalculable.
La contramarcha ventajista
Las elecciones de diciembre pasado, fueron un corte aguas definido. Toda la campaña de la derecha, encabezada por el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, se centró en las encuestas que vaticinaban, demostrando su parcialización, un virtual empate entre el MAS de Evo Morales y PODEMOS de “Tuto”. De paso, quería mostrarse un país profundamente dividido, que no tenía credibilidad; un campo de batalla que el neoliberalismo se encargaría de rastrillar, para un garantizado y mejor saqueo de nuestros recursos. El empate sería dirimido por el tercer postulante, Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina, que se aliaría con el segundo.
Los resultados desmintieron esa imagen de empate y enfrentamiento: 54% para el MAS, 28% a PODEMOS y apenas 7% de UN. Nunca, desde 1978, un candidato a presidente había logrado acercarse a la mitad más uno que exige la Constitución, para ser proclamado directamente ganador. La cena de gala que había preparado Tuto en un hotel de cinco estrellas, se enfrió a tono con su desesperación. Las almas compasivas cuentan que no pudo contener las lágrimas aquella noche del 18 de diciembre.
Sin embargo, la oposición sacó ventaja en el Senado Nacional, que se conforma con igual número de senadores por cada departamento, sin considerar la población. De esa ventaja se aprovechó para poner obstáculos a las principales realizaciones del gobierno, manejando una campaña de distracción que acompaña con entusiasmo, la mayor parte de los medios de comunicación.
Un ejemplo basta: un tratado de cooperación militar con Venezuela fue manipulado en forma artera, mostrándolo como un potenciamiento de las fuerzas armadas nacionales, lo que iba a constituir un grave peligro para los países vecinos. Estos reaccionaron como esperaba la derecha y el convenio está detenido en el Senado, donde los parlamentarios de PODEMOS, UN y MNR suman la mayoría. Lo que el tratado establece es la construcción de viviendas y oficinas fronterizas que otorguen condiciones habitables para la tropa acantonada en las zonas limítrofes. Otros temas se refieren a intercambio de tecnología, entrenamiento conjunto, cooperación en caso de emergencia, como en otros acuerdos militares firmados con países vecinos y lejanos.
El negocio en las puertas
La aplicación de la nueva ley de hidrocarburos y la reglamentación establecida en el decreto del 1 de mayo de este año, aumentó considerablemente los ingresos del Estado boliviano. Buena parte de esos fondos debe distribuirse entre las prefecturas, municipios y universidades públicas. Por supuesto, la oposición está sumamente complicada.
Sin siquiera meditar, una parlamentaria de PODEMOS, conocida por su superficialidad, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto reglamentario. Cuando se hizo público el caso, avergonzados debieron retirar el recurso, pero allí quedó la constancia de su incompetencia para gobernar el país.
Luego de entregar a las prefecturas, cuotas superiores a sus cálculos por su participación en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), se los instó a invertir. Hubo que mostrarles que, tanto éstas como las alcaldías municipales y hasta las universidades públicas, tenían depósitos que no condecían con sus anteriores reclamos de falta de medios. Recién para el año próximo tienen planes de gasto; de gasto, no de inversión.
Para controlar esos ingresos, el gobierno envió un proyecto de ley que establece las formas de fiscalización. Inmediatamente lo incorporaron es su agenda de oposición, aduciendo que se trata de censurarlos para obligarlos a renunciar. Como se trata de una ley interpretativa de la Constitución, debe aprobarse por dos tercios en cada cámara. Pero, en este caso, no tiene importancia el tema de los dos tercios.
El negocio es acumular un capital importante en las prefecturas, para disponer construcciones con altos beneficios para las empresas y, por supuesto, retribuciones a quienes otorgan los contratos. De eso hubo mucho en toda la historia pasada y aún confían a la bonanza en todo el país. Si no lo logran, les queda la “media luna” que quieren retener a toda costa.
La cuestión de los dos tercios
La Asamblea Constituyente instalada el 6 de agosto pasado, sigue aún discutiendo los artículos de su reglamento de debates. El punto central en que se ha prolongado la discusión, es la forma en que se aprobará el texto constitucional. Según la convocatoria a la asamblea, el texto debe aprobarse por dos tercios. La oposición fuerza la interpretación para sostener que, cada artículo y en todas las instancias, debe aprobarse por ese sistema. El MAS ha demostrado que ese método es inviable, y lo que corresponde es que, el texto completo sea considerado al final del proceso y votado por dos tercios.
Hay varios niveles de diálogo entre el gobernante MAS y los grupos opositores. En todos los casos, lo que se muestra es el propósito de hacer prevalecer la opinión de la minoría en que se ha convertido la oposición. En el Congreso Nacional: MAS 84, oposición 73; Asamblea Constituyente: MAS 142, oposición 113. La postura de exigir votación por dos tercios, es pedir que la mayoría se someta a la minoría.
Avanzamos, pese a todo
Los obstáculos que se presentan son cotidianos. Los hay de diversa índole: algunos provienen de las organizaciones sociales impacientes por la larga espera de atención a sus demandas y otros son orquestados por la derecha decidida incluso a quebrar el país, si ello contribuye a sus intereses. Por supuesto que hay gobiernos interesados en azuzar esta confrontación, siguiendo a pie juntillas el dicho: a río revuelto, ganancia de pescadores.
Unos y otros se equivocan. Se equivocan aún si lograran su propósito porque nadie ganaría en tal situación.
Pero las marchas campesinas están llegando a La Paz. Vienen del Alto Beni. Vienen del altiplano. Vienen, principalmente desde los llanos orientales. Es el pueblo que está mostrando su unidad. Es un pueblo decidido, por fin, a salir adelante. Nadie va a detenerlo.
Un sistema mortífero que se rige por el principio del embudo
Oleg Borovskij
Pravda
Traducido del ruso para Rebelión por Josafat S. Comín
El año pasado en Rusia se produjeron 60 mil suicidios, 30 mil asesinatos, 40 mil fallecidos en accidentes, 36 mil envenenados por alcohol adulterado, 70 mil personas desaparecieron (todo esto son las cifras oficiales, las perdidas reales podrían superarlas en mucho). Esto significa, para que nos hagamos una idea, que una ciudad como Chejov, pongamos por caso, se hubiese suicidado, que todo Yubileinyi hubiese sido asesinado, que Dedovsk hubiese sufrido un accidente mortal, que toda Scherbinka desapareciese por culpa del alcohol y que Dolgoprudnyi estuviese en paradero desconocido.
Pero ¿y dónde está entonces la noble indignación de la opinión pública en relación con los frutos de las “reformas”? Nadie mueve un dedo, ni dice esta boca es mía. Nos hemos acostumbrado a su “magnanimidad”, a que Rusia se esté muriendo, feneciendo, a que desaparezca un millón de personas al año.
Recordemos como comparación, que en los años de la Primera guerra mundial los turcos, según distintas fuentes, acabaron con entre millón y medio y tres millones de armenios. Este genocidio entró en la historia como un episodio vergonzoso, y Turquía sigue teniendo problemas en la arena internacional por este tema.
En Rusia, durante la Guerra Civil, que se nos muestra ahora por los historiadores antisoviéticos como una salvaje carnicería, murieron alrededor de 5 millones de personas. El holocausto organizado por Hitler se llevó la vida de 6 millones de judíos, que siguen siendo llorados por la opinión pública mundial. Pol Pot en Camboya asesinó a 2 millones de compatriotas, por lo que fue maldecido por los siglos de los siglos por esa misma opinión pública.
La Rusia actual está cumpliendo la “tasa de Pol Pot” en un par de años. Ya hemos superado varios holocaustos y guerras civiles devastadoras, solo que en tiempos de paz y en un país con ricas tierras productivas e inagotables almacenes en su subsuelo. Pero el holocausto ruso no es historia, continúa día a día. Y nadie de esa denominada “opinión pública” ha derramado ni una triste lágrima.
Más aún, siguen empeñados a través de la televisión y la prensa desvergonzada en tirarnos arena a los ojos, para hacernos ver que esto es normal, natural, que no hay que buscar culpables. Y muchos creen en esta mentira descarada. El horror de nuestra situación se agrava cuando muchos, por no decir la mayoría de los rusos, no se dan cuenta de lo que están haciendo con ellos, igual que a los gatitos recién nacidos, los ahogan en un cubo de agua, sin oponer la mínima resistencia a los que están matando al país y a su pueblo, a marchas forzadas.
Además, cuando es absolutamente evidente que han sido los dirigentes de este país, desde Gorbachov hasta Putin, los culpables de esta catástrofe en la que está sumida Rusia. Lógicamente ellos no se consideran a si mismos culpables. El espíritu de la mentira y la hipocresía es tan fuerte, que una parte considerable de la población participa en este horrendo espectáculo, respaldando el curso suicida del gobierno.
Ya hemos dejado atrás el otoño. Pronto llegarán los fríos. ¡El invierno ruso! En una Rusia con 5 millones de gentes sin hogar y 3 millones de niños viviendo en la calle. Cada invierno, solo en Moscú mueren de frío 800 indigentes. Cuantos mueren al año sigue siendo un misterio.
La pérdida no es perceptible: el gobierno con su política caníbal, se encarga de reemplazar rápidamente a los que abandonan este mundo, arrojando por la borda de la vida a nuevos desechos de la sociedad.
El sistema que han desarrollado funciona siguiendo el principio del embudo: hacia abajo, cuanto quieran, hacia arriba ni pensarlo.
No pretendo dramatizar. Todo lo que digo lo se de primera mano, puesto que yo mismo soy un parado, sin casa, un vagabundo. Prefiero callarme muchas cosas terribles y salvajes que se dan en nuestra existencia miserable, para no escandalizar al lector. Basta que se pasee por la superficie del problema.
Todo esto no interesa en absoluto a los defensores de los derechos humanos, como no interesaba a Politkovskaya (que en paz descanse), más afligida por los “hermanos silvestres” chechenos, que degollaban a la población rusa y enterraba a rehenes en fosas, cortándoles los dedos con el fin de acelerar el pago del rescate. Sólo les interesa aquello que les de pie para arrojar un nuevo cubo de basura sobre su país, al que han puesto al borde de la desaparición, y sobre su pueblo, al que tanto odian.
Oleg Borovskij es ciudadano ruso, sin lugar de residencia conocido.
Pravda
Traducido del ruso para Rebelión por Josafat S. Comín
El año pasado en Rusia se produjeron 60 mil suicidios, 30 mil asesinatos, 40 mil fallecidos en accidentes, 36 mil envenenados por alcohol adulterado, 70 mil personas desaparecieron (todo esto son las cifras oficiales, las perdidas reales podrían superarlas en mucho). Esto significa, para que nos hagamos una idea, que una ciudad como Chejov, pongamos por caso, se hubiese suicidado, que todo Yubileinyi hubiese sido asesinado, que Dedovsk hubiese sufrido un accidente mortal, que toda Scherbinka desapareciese por culpa del alcohol y que Dolgoprudnyi estuviese en paradero desconocido.
Pero ¿y dónde está entonces la noble indignación de la opinión pública en relación con los frutos de las “reformas”? Nadie mueve un dedo, ni dice esta boca es mía. Nos hemos acostumbrado a su “magnanimidad”, a que Rusia se esté muriendo, feneciendo, a que desaparezca un millón de personas al año.
Recordemos como comparación, que en los años de la Primera guerra mundial los turcos, según distintas fuentes, acabaron con entre millón y medio y tres millones de armenios. Este genocidio entró en la historia como un episodio vergonzoso, y Turquía sigue teniendo problemas en la arena internacional por este tema.
En Rusia, durante la Guerra Civil, que se nos muestra ahora por los historiadores antisoviéticos como una salvaje carnicería, murieron alrededor de 5 millones de personas. El holocausto organizado por Hitler se llevó la vida de 6 millones de judíos, que siguen siendo llorados por la opinión pública mundial. Pol Pot en Camboya asesinó a 2 millones de compatriotas, por lo que fue maldecido por los siglos de los siglos por esa misma opinión pública.
La Rusia actual está cumpliendo la “tasa de Pol Pot” en un par de años. Ya hemos superado varios holocaustos y guerras civiles devastadoras, solo que en tiempos de paz y en un país con ricas tierras productivas e inagotables almacenes en su subsuelo. Pero el holocausto ruso no es historia, continúa día a día. Y nadie de esa denominada “opinión pública” ha derramado ni una triste lágrima.
Más aún, siguen empeñados a través de la televisión y la prensa desvergonzada en tirarnos arena a los ojos, para hacernos ver que esto es normal, natural, que no hay que buscar culpables. Y muchos creen en esta mentira descarada. El horror de nuestra situación se agrava cuando muchos, por no decir la mayoría de los rusos, no se dan cuenta de lo que están haciendo con ellos, igual que a los gatitos recién nacidos, los ahogan en un cubo de agua, sin oponer la mínima resistencia a los que están matando al país y a su pueblo, a marchas forzadas.
Además, cuando es absolutamente evidente que han sido los dirigentes de este país, desde Gorbachov hasta Putin, los culpables de esta catástrofe en la que está sumida Rusia. Lógicamente ellos no se consideran a si mismos culpables. El espíritu de la mentira y la hipocresía es tan fuerte, que una parte considerable de la población participa en este horrendo espectáculo, respaldando el curso suicida del gobierno.
Ya hemos dejado atrás el otoño. Pronto llegarán los fríos. ¡El invierno ruso! En una Rusia con 5 millones de gentes sin hogar y 3 millones de niños viviendo en la calle. Cada invierno, solo en Moscú mueren de frío 800 indigentes. Cuantos mueren al año sigue siendo un misterio.
La pérdida no es perceptible: el gobierno con su política caníbal, se encarga de reemplazar rápidamente a los que abandonan este mundo, arrojando por la borda de la vida a nuevos desechos de la sociedad.
El sistema que han desarrollado funciona siguiendo el principio del embudo: hacia abajo, cuanto quieran, hacia arriba ni pensarlo.
No pretendo dramatizar. Todo lo que digo lo se de primera mano, puesto que yo mismo soy un parado, sin casa, un vagabundo. Prefiero callarme muchas cosas terribles y salvajes que se dan en nuestra existencia miserable, para no escandalizar al lector. Basta que se pasee por la superficie del problema.
Todo esto no interesa en absoluto a los defensores de los derechos humanos, como no interesaba a Politkovskaya (que en paz descanse), más afligida por los “hermanos silvestres” chechenos, que degollaban a la población rusa y enterraba a rehenes en fosas, cortándoles los dedos con el fin de acelerar el pago del rescate. Sólo les interesa aquello que les de pie para arrojar un nuevo cubo de basura sobre su país, al que han puesto al borde de la desaparición, y sobre su pueblo, al que tanto odian.
Oleg Borovskij es ciudadano ruso, sin lugar de residencia conocido.
Monday, November 27, 2006
La ultraderecha apedrea caravana presidencial en Santa Cruz
Bolpress
De la resistencia civil pacífica a la acción directa. Esa parece ser la consigna de los sectores más conservadores de la sociedad cruceña, que hoy hostigaron con violencia al Presidente Evo Morales y le obligaron literalmente a escapar del aula magna de la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz.
Morales llegó a la casa de estudios superiores de la capital cruceña invitado por las autoridades universitarias, y mientras discurseaba en el aula repleta de docentes, estudiantes y otros invitados, un grupo de jóvenes de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista, el grupo de choque del Comité Cívico empresarial, golpeaba las ventanas del recinto desde fuera coreando las consignas como "autonomía, autonomía...", "dos tercios, dos tercios" y algunos insultos contra el Primer Mandatario.
Morales se vio obligado a interrumpir su discurso y salir apresuradamente. Ya en el campus universitario, la caravana oficial fue apedreada, y las fuerzas de seguridad tuvieron que dispersar a la muchedumbre con elementos químicos.
El hecho sucedió pocas horas después de que la Asamblea de la Cruceñidad convocara a la resistencia civil contra las medidas gubernamentales. El empresariado oriental, los latifundistas y políticos de derecha convocaron a los departamentos de la "media luna" a combatir al gobierno con huelgas de hambre, movilizaciones y hasta con el cierre de válvulas en los campos gasíferos y petroleros.
La derecha está en pie de guerra porque la mayoría oficialista en el Congreso aprobó una ley agraria que dispone la expropiación de latifundios improductivos, porque el MAS impuso en la Asamblea Constituyente la probación de articulados por mayoría y no por dos tercios de votos para evitar que las minorías políticas obstaculicen la redacción de una nueva Carta Magna, y porque en Ejecutivo pretende fiscalizar a los gobiernos departamentales en el Congreso y eventualmente destituir a Prefectos.
Las seis prefecturas hostiles al gobierno conformaron un bloque para combatir las medidas de la denominada "revolución cultural" del MAS, en el que interactúan cívicos, representantes de Podemos, UN y MNR, y lo más selecto de la burguesía nacional. Este grupo se reunirá el lunes en Cochabamba, donde se podría declarar una "huelga general indefinida" en los departamentos de la "media luna", es decir en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.
Los benianos determinaron hoy replegar a sus representantes en el Congreso y recolectar firmas para un referéndum que acepte o rechace una Constitución Política del Estado aprobada por el oficialismo.
En La Paz, la derecha en pleno impidió la instalación de la 18ava sesión de Congreso Nacional que debía tratar el permiso para el Presidente Evo Morales, que viajará al norte de Europa en busca de inversiones. La oposición replegó a sus representantes congresales en protesta por el "avasallamiento que sufren en la Asamblea Constituyente y por la falta de acuerdo para modificar la ley INRA".
Anoche en la Asamblea de la Cruceñidad se escucharon furibundos discursos antigubernamentales, después de que el Ejecutivo publicó una lista de 15 familias del oriente -en la que figuran ex políticos, parlamentarios y empresarios- que poseen más de 350 mil hectáreas de tierra en Santa Cruz y Beni.
Representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) dijeron estar al límite de la paciencia por los constantes insultos del Primer Mandatario. "Santa Cruz cada vez que asume una decisión cívica, el gobierno siempre trata de minimizarlo. Lamentablemente el gobierno no tiene seriedad, no se trata de publicar listas en los periódicos ni dar conferencias de prensas. Si esas listas corresponden a personas que no están haciendo uso adecuado de la tierra deben ser sancionados, pero que lo hagan. Pero no se puede mostrar una listita y no hacer nada, eso sería una negligencia, eso se llama incapacidad", aseveró Mauricio Roca.
"¡Autonomía carajo! ‘¡Democracia carajo!", expresaron los empresarios en la Asamblea, mientras que algunos cívicos y asesores de la corriente autonomista como Carlos Dabdoub no tuvieron el menor reparo en amenazar con la "independencia" cruceña si es que el gobierno insiste en llevar adelante sus medidas sin concertar con la oposición derechista.
¿De la resistencia pacífica al alzamiento armado?
El movimiento autonomista de la "media luna" recalca que su plan de resistencia solo incluye medidas de presión pacíficas, como el ayuno indefinido que 20 mujeres del Comité Cívico pro Santa Cruz instalaron hoy en la capital oriental.
Sin embargo, la publicación Confidencial Digital de España denunció que hace algunas semanas grupos de mercenarios españoles fueron contactados por industriales, terratenientes y algunos políticos de los departamentos de Santa Cruz y Beni para desarrollar una "opción de fuerza" en Bolivia.
El medio de comunicación europeo pudo confirmar que no son "elucubraciones" las denuncias de golpe que lanza el gobierno insistentemente. Se habla de 650 combatientes, una decena de los cuales ya estaría en Bolivia para preparar la subversión con fusiles M4 americanos, Famae, Micro Uzis y máquinas para fuego de cobertura.
Los terratenientes ya estarían actuando por su cuenta para defender sus intereses. El presidente de la Comisión Especial de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados Heriberto Lázaro Barcaya denunció que en la localidad de San Borja y comunidades aledañas los hacendados están avasallando a campesinos e indígenas pobres. "En el oriente boliviano, en el Beni, la Comisión encontró que hay muchos hermanos indígenas originarios que son del lugar y los que emigraron allí son explotados en el trabajo y avasallados en sus derechos, no tienen derecho a la educación a la salud porque en esas haciendas no hay escuelas ni centros de salud", dijo.
"No me asustan"
En San Julián, Santa Cruz, el Primer Mandatario acusó hoy a los latifundistas y sus expresiones políticas conservadoras de atentar contra la democracia y de ser los "pichones de la dictadura". Dijo que quienes ahora actúan contra la democracia son los mismos que en 2002 lo expulsaron del Congreso para llevarlo a la cárcel y así evitar su candidatura a la Presidencia.
"Igual voy a viajar compañeros para seguir buscando plata y traer tractores como aquí estamos trayendo en este momento. No me van a asustar, no nos van amedrentar", enfatizó Morales en San Julián, molesto porque el Congreso no autorizó sus viajes al exterior.
Evo comentó que los ricos van a la huelga de hambre sólo por estética y por tener más plata. "Me dicen ahí que hay algunos empresarios en huelga de hambre, pero no hacen la huelga por ética sino por estética. ¿Los empresarios en huelga qué quieren? Quieren más plata, más tierra, más empresas para ellos".
La huelga de los empresarios está mostrando que en Bolivia "hay un cambio, hay una revolución y que algunas familias defienden sus intereses. El retiro de algunos grupos oligárquicos del Senado es en defensa del latifundio. El latifundio es inconstitucional y lo que queremos como gobierno es instrumentos para acabar con el latifundio". El Poder Ejecutivo, asegura Evo, quiere terminar con el negocio de tierras, con aquellos predios que enriquecen incluso a extranjeros. "Hasta los banqueros españoles ya son terratenientes en Bolivia".
El Presidente no ocultó su molestia por el bloqueo opositor en el Senado, instancia que debe tratar la ley agraria antilatifundista. "Creo es importante pedir a la Asamblea Constituyente que la nueva Constitución Política del Estado no tenga senadores, para qué sirven senadores antipatrias, enemigos de Bolivia. Que haya una sola cámara", sugirió Morales.
Evo pidió a la gente que tiene plata y muchas tierras que por ética, por moral, renuncien a su latifundio pensando en los pobres de Bolivia. "Si ellos son solidarios, si ellos piensan en las mayorías nacionales, deberían de renunciar a sus tierras y de manera consciente distribuirlas", dijo.
De la resistencia civil pacífica a la acción directa. Esa parece ser la consigna de los sectores más conservadores de la sociedad cruceña, que hoy hostigaron con violencia al Presidente Evo Morales y le obligaron literalmente a escapar del aula magna de la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz.
Morales llegó a la casa de estudios superiores de la capital cruceña invitado por las autoridades universitarias, y mientras discurseaba en el aula repleta de docentes, estudiantes y otros invitados, un grupo de jóvenes de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista, el grupo de choque del Comité Cívico empresarial, golpeaba las ventanas del recinto desde fuera coreando las consignas como "autonomía, autonomía...", "dos tercios, dos tercios" y algunos insultos contra el Primer Mandatario.
Morales se vio obligado a interrumpir su discurso y salir apresuradamente. Ya en el campus universitario, la caravana oficial fue apedreada, y las fuerzas de seguridad tuvieron que dispersar a la muchedumbre con elementos químicos.
El hecho sucedió pocas horas después de que la Asamblea de la Cruceñidad convocara a la resistencia civil contra las medidas gubernamentales. El empresariado oriental, los latifundistas y políticos de derecha convocaron a los departamentos de la "media luna" a combatir al gobierno con huelgas de hambre, movilizaciones y hasta con el cierre de válvulas en los campos gasíferos y petroleros.
La derecha está en pie de guerra porque la mayoría oficialista en el Congreso aprobó una ley agraria que dispone la expropiación de latifundios improductivos, porque el MAS impuso en la Asamblea Constituyente la probación de articulados por mayoría y no por dos tercios de votos para evitar que las minorías políticas obstaculicen la redacción de una nueva Carta Magna, y porque en Ejecutivo pretende fiscalizar a los gobiernos departamentales en el Congreso y eventualmente destituir a Prefectos.
Las seis prefecturas hostiles al gobierno conformaron un bloque para combatir las medidas de la denominada "revolución cultural" del MAS, en el que interactúan cívicos, representantes de Podemos, UN y MNR, y lo más selecto de la burguesía nacional. Este grupo se reunirá el lunes en Cochabamba, donde se podría declarar una "huelga general indefinida" en los departamentos de la "media luna", es decir en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.
Los benianos determinaron hoy replegar a sus representantes en el Congreso y recolectar firmas para un referéndum que acepte o rechace una Constitución Política del Estado aprobada por el oficialismo.
En La Paz, la derecha en pleno impidió la instalación de la 18ava sesión de Congreso Nacional que debía tratar el permiso para el Presidente Evo Morales, que viajará al norte de Europa en busca de inversiones. La oposición replegó a sus representantes congresales en protesta por el "avasallamiento que sufren en la Asamblea Constituyente y por la falta de acuerdo para modificar la ley INRA".
Anoche en la Asamblea de la Cruceñidad se escucharon furibundos discursos antigubernamentales, después de que el Ejecutivo publicó una lista de 15 familias del oriente -en la que figuran ex políticos, parlamentarios y empresarios- que poseen más de 350 mil hectáreas de tierra en Santa Cruz y Beni.
Representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) dijeron estar al límite de la paciencia por los constantes insultos del Primer Mandatario. "Santa Cruz cada vez que asume una decisión cívica, el gobierno siempre trata de minimizarlo. Lamentablemente el gobierno no tiene seriedad, no se trata de publicar listas en los periódicos ni dar conferencias de prensas. Si esas listas corresponden a personas que no están haciendo uso adecuado de la tierra deben ser sancionados, pero que lo hagan. Pero no se puede mostrar una listita y no hacer nada, eso sería una negligencia, eso se llama incapacidad", aseveró Mauricio Roca.
"¡Autonomía carajo! ‘¡Democracia carajo!", expresaron los empresarios en la Asamblea, mientras que algunos cívicos y asesores de la corriente autonomista como Carlos Dabdoub no tuvieron el menor reparo en amenazar con la "independencia" cruceña si es que el gobierno insiste en llevar adelante sus medidas sin concertar con la oposición derechista.
¿De la resistencia pacífica al alzamiento armado?
El movimiento autonomista de la "media luna" recalca que su plan de resistencia solo incluye medidas de presión pacíficas, como el ayuno indefinido que 20 mujeres del Comité Cívico pro Santa Cruz instalaron hoy en la capital oriental.
Sin embargo, la publicación Confidencial Digital de España denunció que hace algunas semanas grupos de mercenarios españoles fueron contactados por industriales, terratenientes y algunos políticos de los departamentos de Santa Cruz y Beni para desarrollar una "opción de fuerza" en Bolivia.
El medio de comunicación europeo pudo confirmar que no son "elucubraciones" las denuncias de golpe que lanza el gobierno insistentemente. Se habla de 650 combatientes, una decena de los cuales ya estaría en Bolivia para preparar la subversión con fusiles M4 americanos, Famae, Micro Uzis y máquinas para fuego de cobertura.
Los terratenientes ya estarían actuando por su cuenta para defender sus intereses. El presidente de la Comisión Especial de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados Heriberto Lázaro Barcaya denunció que en la localidad de San Borja y comunidades aledañas los hacendados están avasallando a campesinos e indígenas pobres. "En el oriente boliviano, en el Beni, la Comisión encontró que hay muchos hermanos indígenas originarios que son del lugar y los que emigraron allí son explotados en el trabajo y avasallados en sus derechos, no tienen derecho a la educación a la salud porque en esas haciendas no hay escuelas ni centros de salud", dijo.
"No me asustan"
En San Julián, Santa Cruz, el Primer Mandatario acusó hoy a los latifundistas y sus expresiones políticas conservadoras de atentar contra la democracia y de ser los "pichones de la dictadura". Dijo que quienes ahora actúan contra la democracia son los mismos que en 2002 lo expulsaron del Congreso para llevarlo a la cárcel y así evitar su candidatura a la Presidencia.
"Igual voy a viajar compañeros para seguir buscando plata y traer tractores como aquí estamos trayendo en este momento. No me van a asustar, no nos van amedrentar", enfatizó Morales en San Julián, molesto porque el Congreso no autorizó sus viajes al exterior.
Evo comentó que los ricos van a la huelga de hambre sólo por estética y por tener más plata. "Me dicen ahí que hay algunos empresarios en huelga de hambre, pero no hacen la huelga por ética sino por estética. ¿Los empresarios en huelga qué quieren? Quieren más plata, más tierra, más empresas para ellos".
La huelga de los empresarios está mostrando que en Bolivia "hay un cambio, hay una revolución y que algunas familias defienden sus intereses. El retiro de algunos grupos oligárquicos del Senado es en defensa del latifundio. El latifundio es inconstitucional y lo que queremos como gobierno es instrumentos para acabar con el latifundio". El Poder Ejecutivo, asegura Evo, quiere terminar con el negocio de tierras, con aquellos predios que enriquecen incluso a extranjeros. "Hasta los banqueros españoles ya son terratenientes en Bolivia".
El Presidente no ocultó su molestia por el bloqueo opositor en el Senado, instancia que debe tratar la ley agraria antilatifundista. "Creo es importante pedir a la Asamblea Constituyente que la nueva Constitución Política del Estado no tenga senadores, para qué sirven senadores antipatrias, enemigos de Bolivia. Que haya una sola cámara", sugirió Morales.
Evo pidió a la gente que tiene plata y muchas tierras que por ética, por moral, renuncien a su latifundio pensando en los pobres de Bolivia. "Si ellos son solidarios, si ellos piensan en las mayorías nacionales, deberían de renunciar a sus tierras y de manera consciente distribuirlas", dijo.
Friday, November 03, 2006
Bolivia y la nacionalización de los hidrocarburos: ¡tantas cosas por aprender!
Alberto Montero Soler
Rebelión
Bolivia acaba de dar una lección de ejercicio de soberanía y se ha convertido en un ejemplo a seguir para otros países que, como él, se encuentran entre los más empobrecidos del mundo y, al mismo tiempo y como muchos de estos últimos, entre los que más riquezas naturales poseen.
Bolivia acaba de demostrar que, frente al poder de las transnacionales, puede y debe imponerse la razón de Estado, esto es, las políticas que promueven aquello que redunda en interés y utilidad de la república y sus ciudadanos. Y que esa razón de Estado es tanto más poderosa y más perentorio el recurso a la misma cuanto mayor es la miseria en la que viven esos pueblos mientras las transnacionales, en connivencia con gobernantes corruptos, expolian sus riquezas.
Bolivia acaba de poner en evidencia a todos los que piensan que los Estados y sus intereses no pueden ni deben estar por encima de las empresas transnacionales y sus beneficios; a todos los que la miraron con desprecio y profetizaron sobre la inviabilidad de un ultimátum destinado a modificar un estado de cosas tan injusto como sangrante; a todos los que pensaban que los pueblos pobres no tienen derecho a la dignidad y, mucho menos, a exigir de los demás un trato digno.
Bolivia acaba de demostrar que los derechos de propiedad, igual que los establece y garantiza el Estado, pueden ser revertidos por ese mismo Estado cuando atentan gravemente al interés general; que en una economía nada es intocable, que todo es alterable; que la economía no funciona con leyes naturales ni constituye un orden superior que puede imponerse sobre los ciudadanos y reclamar, desde allí, su intangibilidad.
Bolivia acaba de enseñar al mundo que voluntad política y respaldo popular son elementos suficientes para vencer las resistencias, las amenazas y los chantajes de las empresas transnacionales y de los gobiernos que, vergonzosamente, les ofrecen cobertura diplomática.
Y todo esto lo ha hecho Bolivia en menos de diez meses de gobierno de su primer dirigente indígena y frente a uno de los poderes difusos más importantes del planeta: la industria petrolera.
Repsol-YPF, España y Bolivia: crónica de un desencuentro permanente.
Todas esas lecciones las ha dado Bolivia a pesar del desprecio con el que desde el mundo desarrollado occidental y, en concreto, desde España se contempló el anuncio que el 1 de mayo realizó Evo Morales sobre el inicio del proceso de nacionalización de los hidrocarburos y el establecimiento de un plazo de 180 días para que las empresas transnacionales que operaban en el sector migraran sus contratos en vigor –generalmente, de riesgo compartido- hacia contratos de servicios.
¿Cómo se atrevían esos “indígenas” (por no utilizar algunas de las palabras malsonantes que por entonces se escucharon) a pensar que eso podía ser lo mejor para su país? ¿Cómo pretendían encontrar una salida a la pobreza sin la ayuda de las transnacionales que los expoliaban? ¿Cómo se planteaban que el camino al desarrollo podía pasar por los mismos cauces que los países más avanzados del planeta habían transitado muchas décadas atrás y que, ahora, desde su cómoda posición condenaban por intervencionistas?
Pues bien, la decisión se tomó; el ultimátum se planteó y, desde ese momento, la pelota quedaba en el tejado de las empresas transnacionales.
Una de ellas, Repsol-YPF, emprendía una furibunda campaña contra las legítimas intenciones del gobierno boliviano orquestada a través de los medios de comunicación que tan serviles se muestran a los intereses de quienes les aportan ingentes cantidades de dinero en publicidad. Y, lo que es más grave, respaldada por el propio gobierno español que no paró mientes en convertir en generales lo que no eran sino intereses particulares de una empresa transnacional cuyo capital es, para mayor vergüenza ajena, mayoritariamente extranjero.
La sucesión de desencuentros entre la empresa transnacional y el gobierno boliviano durante el periodo de 180 días que aquélla ha tenido para adaptarse a la nueva normativa boliviana acabó, en algunos casos, convirtiéndose en objeto de atención de la justicia boliviana. Y, sistemáticamente, cada vez que ésta intervenía se producía la reacción de las autoridades españolas cuestionando tanto su independencia como la existencia de una verdadera democracia en Bolivia. Para el recuerdo quedan, en este sentido, algunas memorables declaraciones del ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de las que ya en su momento nos ocupamos.
Pero, al mismo tiempo y para que no todo fuera tensión, el ejecutivo español trataba de allanar el terreno con reiterados viajes y llamadas de diferentes ministros y altos cargos de su diplomacia en un intento por convencer al gobierno boliviano de que en España podía encontrar un aliado estratégico de primera línea y que todo ello pasaba por un tratamiento de favor para Repsol-YPF.
Mientras, ésta seguía en sus trece y amenazaba con retirarse de Bolivia y llevar el caso ante los tribunales de arbitraje internacionales; denunciaba la persecución judicial a la que, a su entender, estaba siendo sometida desde la Fiscalía boliviana; y, ya últimamente, su presidente, Antoni Brufau, reclamaba la ampliación del plazo para la negociación de los nuevos contratos.
De todo ello debe deducirse, por lo tanto, que Repsol-YPF tenía un elevado interés por continuar con su actividad en Bolivia; en caso contrario, habría bastado con que hubiera abandonado el país desde el momento en que se le informó de que iban a modificarse las condiciones bajo las que venía operando. Y, evidentemente, ese interés solo podía ser producto de que los beneficios que obtenía en Bolivia eran lo suficientemente importantes como para justificar sus actuaciones y, al mismo tiempo, implicar al gobierno español en la defensa de sus intereses.
El nuevo contexto del sector de hidrocarburos en Bolivia.
Pues bien, por fin el pasado 28 de octubre concluyó el plazo para la adaptación de los contratos de las transnacionales al decreto de nacionalización de los hidrocarburos y las 10 empresas del sector con presencia en Bolivia, incluidas las dos más importantes -Petrobras y Repsol-YPF-, decidieron acatarlo y cambiar sus contratos de riesgo compartido a contratos de prestación de servicios.
De esa forma, las transnacionales han perdido sus derechos de propiedad sobre los hidrocarburos en las distintas fases del proceso y han pasado a convertirse en meras operadoras al servicio de la empresa estatal Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) a cambio de una retribución variable sobre los ingresos del negocio.
La distribución de la renta derivada de la explotación y venta de los hidrocarburos queda ahora de la siguiente forma: un 18% en concepto de regalías (es decir, el porcentaje de los ingresos que se paga al propietario del recurso por permitir su explotación); un 32% en concepto de Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) –ambos impuestos ya existían desde 2005-; y a ellos se suma ahora un impuesto del 32% que deberán pagar aquellas empresas que operan en los grandes campos del país con producción superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios certificada en 2005 (San Alberto y San Antonio; los otros grandes campos son Margarita, Itaú e Incahuasi); en el resto de campos -mucho menores, la mayor parte de carácter marginal y destinados a la producción de petróleo y gas para el mercado interno-, los impuestos se mantendrán en el 50%, esto es, regalías más IDH.
Evidentemente, son las empresas más importantes y con mayor presencia en el país (Petrobras, Repsol-YPF y TotalFinaElf) las que operan bajo la forma de consorcios en esos grandes campos y, por lo tanto, a las que corresponderá pagar un mayor porcentaje de impuestos; aunque también es cierto que el cálculo de esos impuestos es variable a lo largo del tiempo y dependerá de las condiciones de explotación, las inversiones efectuadas y los precios del gas.
En cualquier caso, las condiciones concretas pactadas en los contratos no se han hecho públicas aún porque deben ser remitidos al Congreso boliviano para que éste proceda a ratificarlos. Acto de ratificación que, por cierto, no había tenido lugar para los contratos con los que las transnacionales venían operando hasta estos momentos y que provocaba que carecieran de validez jurídica y fueran totalmente inconstitucionales, según sentencia del propio Tribunal Constitucional boliviano.
Hasta que se produzca la ratificación existirán incertidumbres sobre ciertas cuestiones importantes como pueden ser la propia duración de los contratos o el que las empresas puedan contabilizar como suyas las reservas probadas de los campos en los que opera; posibilidad que ha negado el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, contradiciendo las declaraciones del presidente de Petrobras.
También existen dudas sobre la posibilidad de que las empresas puedan recurrir a tribunales de arbitraje internacionales, si bien el mismo ministro ha afirmado que aquéllas han tenido que aceptar que La Paz sea la sede en la que se habrán de dirimir todos los procesos de arbitraje y que, por lo tanto, deberán someterse a la justicia boliviana. Esta circunstancia, de ser cierta, constituiría un importantísimo precedente y un ejemplo a seguir para todos los países en vías de desarrollo en sus negociaciones con este tipo de empresas habida cuenta de que una de las imposiciones más perversas a la que suelen recurrir las mismas es, precisamente, llevar al ámbito internacional de la justicia que “imparte” el Banco Mundial, sede del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), cualquier disputa con los países en los que se instalan.
En cualquier caso, de lo que no cabe duda es que los efectos sobre las arcas públicas bolivianas van a ser más que significativos. Si la introducción del IDH en 2005 provocó un aumento de los ingresos fiscales derivados de los hidrocarburos de unos 250 a unos 900 millones de dólares anuales, tan sólo para este año se espera que el monto se eleve, como consecuencia de la nueva legislación, hasta casi los 1.200 millones de dólares, triplicándose los ingresos procedentes de las petroleras. Es más, según el ministro Villegas, en una proyección que consideró conservadora, se estima que los ingresos del Estado boliviano por exportaciones de gas en los próximos 20 años podrían llegar a los 67.000 millones de dólares. De hecho, durante las próximas tres décadas, el Estado espera obtener, por término medio, un 70% del valor bruto de la renta petrolera mientras quedaría para las empresas el 30% restante.
Y de lo que tampoco cabe dudar, visto el desarrollo de los acontecimientos, es que, a pesar de las nuevas condiciones, los hidrocarburos bolivianos continúan siendo un buen negocio para las empresas del sector habida cuenta de que la totalidad de las que operaban en el país han firmado los nuevos contratos.
Circunstancia que, por otra parte, no es de extrañar dado que, frente a las excepcionales ganancias que estaban alcanzando esas empresas en Bolivia, lo que la nueva normativa viene a instaurar es una tasa de beneficios similar a la obtenida en otros países. Baste recordar que, como afirmaba ufano un directivo de una de estas compañías, mientras que en este sector se considera que la rentabilidad es buena cuando la relación entre beneficios e inversión es de tres a uno, en Bolivia esa relación era de diez a uno.
En definitiva, quiere decirse con ello que el margen de beneficios del que disfrutaban les permitía asumir recortes importantes sobre los mismos sin poner en riesgo su viabilidad. Tanto más cuando gran parte de las inversiones efectuadas se encuentran ya amortizadas, como reconocía el ministro brasileño de Hidrocarburos, y, por lo tanto, todos los ingresos obtenidos a partir de ese momento son ganancias líquidas. Es más, el propio director de Petrobras afirmaba que, aún bajo las nuevas condiciones, las ganancias para su compañía están garantizadas y esperan obtener una rentabilidad por encima del 15%, muy superior al coste del capital invertido.
Ello explica que, no sólo no se hayan ido sino que, además, hayan comprometido más de 3.500 millones de dólares en nuevas inversiones a ejecutar entre 2007 y 2010 y, de los cuales, 1.000 millones corresponden a Repsol-YPF, esto es, un monto similar a la inversión que actualmente habían realizado en el país. Curiosamente, esos 3.500 millones de dólares suponen una inversión superior a la que realizaron durante el periodo 1996-2004 cuando controlaban a voluntad los recursos.
El que no se consuela es porque no quiere.
De todo lo anterior se concluye que lo que ha ocurrido, simplemente, es que la situación del sector de los hidrocarburos en Bolivia se ha recompuesto y una gestión adecuada del mismo puede convertirse en la palanca que permita que ese país solucione definitivamente la situación de pobreza en la que vive la mayor parte de sus ciudadanos.
La gestión que del proceso de nacionalización ha realizado el ejecutivo boliviano, con el presidente Morales a la cabeza es, en este sentido, digna de admirar. De hecho, y por primera vez, ha concitado el elogio y la aprobación de hasta sus más acérrimos opositores políticos nacionales; algunos de ellos, paradójicamente, responsables y defensores del estado en el que se encontraba el sector y que ahora no dudan en reconocer que este proceso de nacionalización ha devuelto la dignidad al pueblo boliviano.
Una dignidad que se ha recuperado, para más inri, frente al poder de empresas como Repsol-YPF, cuyo capital social es varias veces superior al producto interior bruto boliviano.
Porque, ¿a cuento de qué ha venido tanto ruido durante estos 180 días cuando las opciones estaban tan claras? O se asumían las condiciones generales impuestas por el decreto de nacionalización, negociando lo más favorablemente posible los detalles del proceso, o se procedía a abandonar el negocio tratando de recuperar la inversión en los tribunales de arbitraje internacionales. No había más. Bueno sí, dos cosas muy evidentes: una, que una empresa de hidrocarburos sólo puede operar allí donde hay hidrocarburos; y dos, que el precio de éstos irá indudablemente en aumento conforme vayan agotándose sus reservas. Así que no es muy difícil imaginar que en la mente de los directivos de Repsol-YPF rondara la idea de que más valía un mal negocio que perderlo completamente.
Por otro lado, ¿por qué tanta alharaca para acabar afirmando, como lo hacía Brufau, que el nuevo contrato “tendrá poco impacto” en la empresa? ¿Es que eso no lo sabían cuando se publicó el decreto de nacionalización que han tenido que acabar aceptando?
Pero, además, ¿hasta dónde puede llegar la desfachatez cuando, tras esas declaraciones, afirma que, de tener algún impacto, éste “será positivo, porque permitirá inversiones con la seguridad jurídica necesaria”? Si el impacto iba a ser positivo, ¿por qué no aplaudieron alborozados cuando conocieron el contenido del decreto?
Y es que, en este mundo al revés, resulta que durante los años que las transnacionales han estado operando en el país bajo contratos inconstitucionales nunca les pareció que se desenvolvieran en un clima de inseguridad jurídica. Bastó con que la situación se quisiera regularizar por parte del nuevo gobierno para que, de repente, todo el mundo cuestionara la seguridad jurídica del país. Y, ahora, tras la firma de los nuevos contratos, resulta que esto era, finalmente, lo mejor que les podía haber ocurrido. No me negarán que no es paradójica la evolución de los acontecimientos y los discursos.
Frente a tanta insania, y terminando este artículo como lo empezaba, Bolivia acaba de demostrar al mundo globalizado que la soberanía nacional sigue existiendo y puede utilizarse para frenar el poder de los poderosos cuando se es capaz de jugar tan fuerte como ellos y con sus propias reglas. Y, que nadie se llame a engaño, eso no significa ser como ellos; sobre todo cuando, como Bolivia, se actúa desde la dignidad y con la legitimidad que otorga, no el poder del dinero, sino un pueblo que reclama algo tan simple como el derecho a no morir de hambre.
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión.
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Bolivia acaba de dar una lección de ejercicio de soberanía y se ha convertido en un ejemplo a seguir para otros países que, como él, se encuentran entre los más empobrecidos del mundo y, al mismo tiempo y como muchos de estos últimos, entre los que más riquezas naturales poseen.
Bolivia acaba de demostrar que, frente al poder de las transnacionales, puede y debe imponerse la razón de Estado, esto es, las políticas que promueven aquello que redunda en interés y utilidad de la república y sus ciudadanos. Y que esa razón de Estado es tanto más poderosa y más perentorio el recurso a la misma cuanto mayor es la miseria en la que viven esos pueblos mientras las transnacionales, en connivencia con gobernantes corruptos, expolian sus riquezas.
Bolivia acaba de poner en evidencia a todos los que piensan que los Estados y sus intereses no pueden ni deben estar por encima de las empresas transnacionales y sus beneficios; a todos los que la miraron con desprecio y profetizaron sobre la inviabilidad de un ultimátum destinado a modificar un estado de cosas tan injusto como sangrante; a todos los que pensaban que los pueblos pobres no tienen derecho a la dignidad y, mucho menos, a exigir de los demás un trato digno.
Bolivia acaba de demostrar que los derechos de propiedad, igual que los establece y garantiza el Estado, pueden ser revertidos por ese mismo Estado cuando atentan gravemente al interés general; que en una economía nada es intocable, que todo es alterable; que la economía no funciona con leyes naturales ni constituye un orden superior que puede imponerse sobre los ciudadanos y reclamar, desde allí, su intangibilidad.
Bolivia acaba de enseñar al mundo que voluntad política y respaldo popular son elementos suficientes para vencer las resistencias, las amenazas y los chantajes de las empresas transnacionales y de los gobiernos que, vergonzosamente, les ofrecen cobertura diplomática.
Y todo esto lo ha hecho Bolivia en menos de diez meses de gobierno de su primer dirigente indígena y frente a uno de los poderes difusos más importantes del planeta: la industria petrolera.
Repsol-YPF, España y Bolivia: crónica de un desencuentro permanente.
Todas esas lecciones las ha dado Bolivia a pesar del desprecio con el que desde el mundo desarrollado occidental y, en concreto, desde España se contempló el anuncio que el 1 de mayo realizó Evo Morales sobre el inicio del proceso de nacionalización de los hidrocarburos y el establecimiento de un plazo de 180 días para que las empresas transnacionales que operaban en el sector migraran sus contratos en vigor –generalmente, de riesgo compartido- hacia contratos de servicios.
¿Cómo se atrevían esos “indígenas” (por no utilizar algunas de las palabras malsonantes que por entonces se escucharon) a pensar que eso podía ser lo mejor para su país? ¿Cómo pretendían encontrar una salida a la pobreza sin la ayuda de las transnacionales que los expoliaban? ¿Cómo se planteaban que el camino al desarrollo podía pasar por los mismos cauces que los países más avanzados del planeta habían transitado muchas décadas atrás y que, ahora, desde su cómoda posición condenaban por intervencionistas?
Pues bien, la decisión se tomó; el ultimátum se planteó y, desde ese momento, la pelota quedaba en el tejado de las empresas transnacionales.
Una de ellas, Repsol-YPF, emprendía una furibunda campaña contra las legítimas intenciones del gobierno boliviano orquestada a través de los medios de comunicación que tan serviles se muestran a los intereses de quienes les aportan ingentes cantidades de dinero en publicidad. Y, lo que es más grave, respaldada por el propio gobierno español que no paró mientes en convertir en generales lo que no eran sino intereses particulares de una empresa transnacional cuyo capital es, para mayor vergüenza ajena, mayoritariamente extranjero.
La sucesión de desencuentros entre la empresa transnacional y el gobierno boliviano durante el periodo de 180 días que aquélla ha tenido para adaptarse a la nueva normativa boliviana acabó, en algunos casos, convirtiéndose en objeto de atención de la justicia boliviana. Y, sistemáticamente, cada vez que ésta intervenía se producía la reacción de las autoridades españolas cuestionando tanto su independencia como la existencia de una verdadera democracia en Bolivia. Para el recuerdo quedan, en este sentido, algunas memorables declaraciones del ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de las que ya en su momento nos ocupamos.
Pero, al mismo tiempo y para que no todo fuera tensión, el ejecutivo español trataba de allanar el terreno con reiterados viajes y llamadas de diferentes ministros y altos cargos de su diplomacia en un intento por convencer al gobierno boliviano de que en España podía encontrar un aliado estratégico de primera línea y que todo ello pasaba por un tratamiento de favor para Repsol-YPF.
Mientras, ésta seguía en sus trece y amenazaba con retirarse de Bolivia y llevar el caso ante los tribunales de arbitraje internacionales; denunciaba la persecución judicial a la que, a su entender, estaba siendo sometida desde la Fiscalía boliviana; y, ya últimamente, su presidente, Antoni Brufau, reclamaba la ampliación del plazo para la negociación de los nuevos contratos.
De todo ello debe deducirse, por lo tanto, que Repsol-YPF tenía un elevado interés por continuar con su actividad en Bolivia; en caso contrario, habría bastado con que hubiera abandonado el país desde el momento en que se le informó de que iban a modificarse las condiciones bajo las que venía operando. Y, evidentemente, ese interés solo podía ser producto de que los beneficios que obtenía en Bolivia eran lo suficientemente importantes como para justificar sus actuaciones y, al mismo tiempo, implicar al gobierno español en la defensa de sus intereses.
El nuevo contexto del sector de hidrocarburos en Bolivia.
Pues bien, por fin el pasado 28 de octubre concluyó el plazo para la adaptación de los contratos de las transnacionales al decreto de nacionalización de los hidrocarburos y las 10 empresas del sector con presencia en Bolivia, incluidas las dos más importantes -Petrobras y Repsol-YPF-, decidieron acatarlo y cambiar sus contratos de riesgo compartido a contratos de prestación de servicios.
De esa forma, las transnacionales han perdido sus derechos de propiedad sobre los hidrocarburos en las distintas fases del proceso y han pasado a convertirse en meras operadoras al servicio de la empresa estatal Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) a cambio de una retribución variable sobre los ingresos del negocio.
La distribución de la renta derivada de la explotación y venta de los hidrocarburos queda ahora de la siguiente forma: un 18% en concepto de regalías (es decir, el porcentaje de los ingresos que se paga al propietario del recurso por permitir su explotación); un 32% en concepto de Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) –ambos impuestos ya existían desde 2005-; y a ellos se suma ahora un impuesto del 32% que deberán pagar aquellas empresas que operan en los grandes campos del país con producción superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios certificada en 2005 (San Alberto y San Antonio; los otros grandes campos son Margarita, Itaú e Incahuasi); en el resto de campos -mucho menores, la mayor parte de carácter marginal y destinados a la producción de petróleo y gas para el mercado interno-, los impuestos se mantendrán en el 50%, esto es, regalías más IDH.
Evidentemente, son las empresas más importantes y con mayor presencia en el país (Petrobras, Repsol-YPF y TotalFinaElf) las que operan bajo la forma de consorcios en esos grandes campos y, por lo tanto, a las que corresponderá pagar un mayor porcentaje de impuestos; aunque también es cierto que el cálculo de esos impuestos es variable a lo largo del tiempo y dependerá de las condiciones de explotación, las inversiones efectuadas y los precios del gas.
En cualquier caso, las condiciones concretas pactadas en los contratos no se han hecho públicas aún porque deben ser remitidos al Congreso boliviano para que éste proceda a ratificarlos. Acto de ratificación que, por cierto, no había tenido lugar para los contratos con los que las transnacionales venían operando hasta estos momentos y que provocaba que carecieran de validez jurídica y fueran totalmente inconstitucionales, según sentencia del propio Tribunal Constitucional boliviano.
Hasta que se produzca la ratificación existirán incertidumbres sobre ciertas cuestiones importantes como pueden ser la propia duración de los contratos o el que las empresas puedan contabilizar como suyas las reservas probadas de los campos en los que opera; posibilidad que ha negado el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, contradiciendo las declaraciones del presidente de Petrobras.
También existen dudas sobre la posibilidad de que las empresas puedan recurrir a tribunales de arbitraje internacionales, si bien el mismo ministro ha afirmado que aquéllas han tenido que aceptar que La Paz sea la sede en la que se habrán de dirimir todos los procesos de arbitraje y que, por lo tanto, deberán someterse a la justicia boliviana. Esta circunstancia, de ser cierta, constituiría un importantísimo precedente y un ejemplo a seguir para todos los países en vías de desarrollo en sus negociaciones con este tipo de empresas habida cuenta de que una de las imposiciones más perversas a la que suelen recurrir las mismas es, precisamente, llevar al ámbito internacional de la justicia que “imparte” el Banco Mundial, sede del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), cualquier disputa con los países en los que se instalan.
En cualquier caso, de lo que no cabe duda es que los efectos sobre las arcas públicas bolivianas van a ser más que significativos. Si la introducción del IDH en 2005 provocó un aumento de los ingresos fiscales derivados de los hidrocarburos de unos 250 a unos 900 millones de dólares anuales, tan sólo para este año se espera que el monto se eleve, como consecuencia de la nueva legislación, hasta casi los 1.200 millones de dólares, triplicándose los ingresos procedentes de las petroleras. Es más, según el ministro Villegas, en una proyección que consideró conservadora, se estima que los ingresos del Estado boliviano por exportaciones de gas en los próximos 20 años podrían llegar a los 67.000 millones de dólares. De hecho, durante las próximas tres décadas, el Estado espera obtener, por término medio, un 70% del valor bruto de la renta petrolera mientras quedaría para las empresas el 30% restante.
Y de lo que tampoco cabe dudar, visto el desarrollo de los acontecimientos, es que, a pesar de las nuevas condiciones, los hidrocarburos bolivianos continúan siendo un buen negocio para las empresas del sector habida cuenta de que la totalidad de las que operaban en el país han firmado los nuevos contratos.
Circunstancia que, por otra parte, no es de extrañar dado que, frente a las excepcionales ganancias que estaban alcanzando esas empresas en Bolivia, lo que la nueva normativa viene a instaurar es una tasa de beneficios similar a la obtenida en otros países. Baste recordar que, como afirmaba ufano un directivo de una de estas compañías, mientras que en este sector se considera que la rentabilidad es buena cuando la relación entre beneficios e inversión es de tres a uno, en Bolivia esa relación era de diez a uno.
En definitiva, quiere decirse con ello que el margen de beneficios del que disfrutaban les permitía asumir recortes importantes sobre los mismos sin poner en riesgo su viabilidad. Tanto más cuando gran parte de las inversiones efectuadas se encuentran ya amortizadas, como reconocía el ministro brasileño de Hidrocarburos, y, por lo tanto, todos los ingresos obtenidos a partir de ese momento son ganancias líquidas. Es más, el propio director de Petrobras afirmaba que, aún bajo las nuevas condiciones, las ganancias para su compañía están garantizadas y esperan obtener una rentabilidad por encima del 15%, muy superior al coste del capital invertido.
Ello explica que, no sólo no se hayan ido sino que, además, hayan comprometido más de 3.500 millones de dólares en nuevas inversiones a ejecutar entre 2007 y 2010 y, de los cuales, 1.000 millones corresponden a Repsol-YPF, esto es, un monto similar a la inversión que actualmente habían realizado en el país. Curiosamente, esos 3.500 millones de dólares suponen una inversión superior a la que realizaron durante el periodo 1996-2004 cuando controlaban a voluntad los recursos.
El que no se consuela es porque no quiere.
De todo lo anterior se concluye que lo que ha ocurrido, simplemente, es que la situación del sector de los hidrocarburos en Bolivia se ha recompuesto y una gestión adecuada del mismo puede convertirse en la palanca que permita que ese país solucione definitivamente la situación de pobreza en la que vive la mayor parte de sus ciudadanos.
La gestión que del proceso de nacionalización ha realizado el ejecutivo boliviano, con el presidente Morales a la cabeza es, en este sentido, digna de admirar. De hecho, y por primera vez, ha concitado el elogio y la aprobación de hasta sus más acérrimos opositores políticos nacionales; algunos de ellos, paradójicamente, responsables y defensores del estado en el que se encontraba el sector y que ahora no dudan en reconocer que este proceso de nacionalización ha devuelto la dignidad al pueblo boliviano.
Una dignidad que se ha recuperado, para más inri, frente al poder de empresas como Repsol-YPF, cuyo capital social es varias veces superior al producto interior bruto boliviano.
Porque, ¿a cuento de qué ha venido tanto ruido durante estos 180 días cuando las opciones estaban tan claras? O se asumían las condiciones generales impuestas por el decreto de nacionalización, negociando lo más favorablemente posible los detalles del proceso, o se procedía a abandonar el negocio tratando de recuperar la inversión en los tribunales de arbitraje internacionales. No había más. Bueno sí, dos cosas muy evidentes: una, que una empresa de hidrocarburos sólo puede operar allí donde hay hidrocarburos; y dos, que el precio de éstos irá indudablemente en aumento conforme vayan agotándose sus reservas. Así que no es muy difícil imaginar que en la mente de los directivos de Repsol-YPF rondara la idea de que más valía un mal negocio que perderlo completamente.
Por otro lado, ¿por qué tanta alharaca para acabar afirmando, como lo hacía Brufau, que el nuevo contrato “tendrá poco impacto” en la empresa? ¿Es que eso no lo sabían cuando se publicó el decreto de nacionalización que han tenido que acabar aceptando?
Pero, además, ¿hasta dónde puede llegar la desfachatez cuando, tras esas declaraciones, afirma que, de tener algún impacto, éste “será positivo, porque permitirá inversiones con la seguridad jurídica necesaria”? Si el impacto iba a ser positivo, ¿por qué no aplaudieron alborozados cuando conocieron el contenido del decreto?
Y es que, en este mundo al revés, resulta que durante los años que las transnacionales han estado operando en el país bajo contratos inconstitucionales nunca les pareció que se desenvolvieran en un clima de inseguridad jurídica. Bastó con que la situación se quisiera regularizar por parte del nuevo gobierno para que, de repente, todo el mundo cuestionara la seguridad jurídica del país. Y, ahora, tras la firma de los nuevos contratos, resulta que esto era, finalmente, lo mejor que les podía haber ocurrido. No me negarán que no es paradójica la evolución de los acontecimientos y los discursos.
Frente a tanta insania, y terminando este artículo como lo empezaba, Bolivia acaba de demostrar al mundo globalizado que la soberanía nacional sigue existiendo y puede utilizarse para frenar el poder de los poderosos cuando se es capaz de jugar tan fuerte como ellos y con sus propias reglas. Y, que nadie se llame a engaño, eso no significa ser como ellos; sobre todo cuando, como Bolivia, se actúa desde la dignidad y con la legitimidad que otorga, no el poder del dinero, sino un pueblo que reclama algo tan simple como el derecho a no morir de hambre.
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión.
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Tuesday, August 29, 2006
Un año después, el auténtico por qué de lo sucedido
Un año después del Katrina, entre toda la tinta derramada yo quisiera destacar un libro. Es “Huracán”, donde se recogen varios textos, pero del que quisiera llamar más la atención es el del belga Michel Collon.
Este autor busca reflexionar sobre quién mató en última instancia a los habitantes de Nueva Orleans, “¿la naturaleza?, ¿un dirigente negligente?, ¿o bien, de forma más profunda ciertas leyes económicas de nuestra sociedad?”.
Collon nos disecciona cómo lo sucedido con el Katrina forma parte del modelo económico vigente, era absolutamente imposible que los resultados de más de mil muertos, la ausencia de organizaciones de socorro y el abandono de los damnificados fueran distintos. En primer lugar, los ejércitos de los países ricos no pueden ayudar a su población porque deben dedicarse a agredir a los países pobres para poder saquear sus recursos. Segundo, que las leyes del mercado obligan a las empresas a competir por el máximo beneficio sin reparar en destrucción de la naturaleza. Igualmente, las bolsas de pobreza de personas que no dispondrán de recursos propios para huir en caso de desastre natural es consubstancial al modelo económico vigente en Estados Unidos. Debe haber pobres para que la oferta laboral sea alta, es decir, haya un ejército industrial de reserva gracias al cual la amenaza esté presente para los “privilegiados” que tienen un puesto de trabajo.
Por otro lado, el Estado en los países de economía capitalista no tiene como función atender las necesidades de la población, sino proteger las propiedades de los ricos, es decir, los bancos, las joyerías y los comercios de lujo. Por eso la policía de Nueva Orleáns se lanzó a detener a los saqueadores que no eran otra cosa que ciudadanos hambrientos. También el racismo que se vio en Nueva Orleáns en innato al modelo. Es necesario dividir a los pobres, y para ello nada mejor que convencer al blanco de que el negro le quiere atacar, y al blanco de que es un privilegiado con suerte en un país dominado por el individualismo. De ahí que los barrios estén segregados –e incomunicados- por el color de la piel.
La última función corresponde a los medios de comunicación. Ellos tenían como misión hacernos ver que los desdichados que quedaron sin evacuar eran unos inconscientes que no querían abandonar sus casas, que los que intentaban subsistir tomando la comida que se estaba pudriendo en los supermercados eran unos saqueadores sin escrúpulos, y que las calles estaban tomadas por francotiradores y bandas armadas de criminales y violadores que no merecían conmiseración alguna. Collon se pregunta: “¿Qué es más grave? El “saqueo” cometido por Merleen Meteen, una abuela de 73 años, diabética, diácono de su parroquia, sin antecedentes penales que pasó quince días en la cárcel por haber tomado de una tienda un paquete de salchichas valorado en 63 dólares? ¡O bien el super-saqueo de George W. Bush que desvió el dinero de los diques y de otros millones del presupuesto público para financiar una guerra ilegal que sólo sirve para enriquecer a sus amigos!”.
La conclusión no puede ser otra: “Puesto que el desastre es la consecuencia lógica de las leyes económicas que rigen nuestra sociedad, ¿podremos impedir otros Katrina sin oponernos a estas famosas leyes que matan? 1. El poder total de las multinaciones. 2. El saqueo de las riquezas de los pueblos. 3. La guerra como instrumento de este saqueo”.
El libro, editado por Hiru, se complementa con otros textos de analistas estadounidenses como Michael Parenti, James Petras y Noam Chomsky. Además, una extensa introducción del meteorólogo Jon Albisu y la intervención del presidente cubano Fidel Castro ante más de mil quinientos médicos ofrecidos y dispuestos para acudir inmediatamente a atender a las víctimas de Nueva Orleáns y que no fueron aceptados por el gobierno Bush, sirven para poder establecer comparaciones entre dos modelos sociales a la hora de enfrentar las catástrofes.
Huracán. Michel Collon y otros. Editorial Hiru. www.hiru-ed.com
Este autor busca reflexionar sobre quién mató en última instancia a los habitantes de Nueva Orleans, “¿la naturaleza?, ¿un dirigente negligente?, ¿o bien, de forma más profunda ciertas leyes económicas de nuestra sociedad?”.
Collon nos disecciona cómo lo sucedido con el Katrina forma parte del modelo económico vigente, era absolutamente imposible que los resultados de más de mil muertos, la ausencia de organizaciones de socorro y el abandono de los damnificados fueran distintos. En primer lugar, los ejércitos de los países ricos no pueden ayudar a su población porque deben dedicarse a agredir a los países pobres para poder saquear sus recursos. Segundo, que las leyes del mercado obligan a las empresas a competir por el máximo beneficio sin reparar en destrucción de la naturaleza. Igualmente, las bolsas de pobreza de personas que no dispondrán de recursos propios para huir en caso de desastre natural es consubstancial al modelo económico vigente en Estados Unidos. Debe haber pobres para que la oferta laboral sea alta, es decir, haya un ejército industrial de reserva gracias al cual la amenaza esté presente para los “privilegiados” que tienen un puesto de trabajo.
Por otro lado, el Estado en los países de economía capitalista no tiene como función atender las necesidades de la población, sino proteger las propiedades de los ricos, es decir, los bancos, las joyerías y los comercios de lujo. Por eso la policía de Nueva Orleáns se lanzó a detener a los saqueadores que no eran otra cosa que ciudadanos hambrientos. También el racismo que se vio en Nueva Orleáns en innato al modelo. Es necesario dividir a los pobres, y para ello nada mejor que convencer al blanco de que el negro le quiere atacar, y al blanco de que es un privilegiado con suerte en un país dominado por el individualismo. De ahí que los barrios estén segregados –e incomunicados- por el color de la piel.
La última función corresponde a los medios de comunicación. Ellos tenían como misión hacernos ver que los desdichados que quedaron sin evacuar eran unos inconscientes que no querían abandonar sus casas, que los que intentaban subsistir tomando la comida que se estaba pudriendo en los supermercados eran unos saqueadores sin escrúpulos, y que las calles estaban tomadas por francotiradores y bandas armadas de criminales y violadores que no merecían conmiseración alguna. Collon se pregunta: “¿Qué es más grave? El “saqueo” cometido por Merleen Meteen, una abuela de 73 años, diabética, diácono de su parroquia, sin antecedentes penales que pasó quince días en la cárcel por haber tomado de una tienda un paquete de salchichas valorado en 63 dólares? ¡O bien el super-saqueo de George W. Bush que desvió el dinero de los diques y de otros millones del presupuesto público para financiar una guerra ilegal que sólo sirve para enriquecer a sus amigos!”.
La conclusión no puede ser otra: “Puesto que el desastre es la consecuencia lógica de las leyes económicas que rigen nuestra sociedad, ¿podremos impedir otros Katrina sin oponernos a estas famosas leyes que matan? 1. El poder total de las multinaciones. 2. El saqueo de las riquezas de los pueblos. 3. La guerra como instrumento de este saqueo”.
El libro, editado por Hiru, se complementa con otros textos de analistas estadounidenses como Michael Parenti, James Petras y Noam Chomsky. Además, una extensa introducción del meteorólogo Jon Albisu y la intervención del presidente cubano Fidel Castro ante más de mil quinientos médicos ofrecidos y dispuestos para acudir inmediatamente a atender a las víctimas de Nueva Orleáns y que no fueron aceptados por el gobierno Bush, sirven para poder establecer comparaciones entre dos modelos sociales a la hora de enfrentar las catástrofes.
Huracán. Michel Collon y otros. Editorial Hiru. www.hiru-ed.com
El Noveno Distrito de Nueva Orleans es una «república independiente»
Gara
A falta de una respuesta eficaz por parte de las autoridades, los vecinos del Noveno Distrito de Nueva Orleáns, la zona más devastada por Katrina, han formado sus propias instituciones. Este barrio protagonizó las imágenes más impactantes que ofrecieron las televisiones de todo el mundo hace un año.
Coches encaramados en las copas de los árboles, toneladas de basura en las aceras, casas empotradas unas contra otras, animales muertos... Y, en medio de la podredumbre, los supervivientes. Eso fue hace un año.
Una de las frases favoritas del presidente Bush, al referirse al reciente conflicto de Líbano, es que Hizbula es «un Estado dentro del Estado de Líbano». Sin llegar a esos extremos, los habitantes del Noveno Distrito se han organizado en redes complejas que suplen el colapso institucional para hacer llegar alojamiento, comida y necesidades básicas. «Ha pasado ya un año del Katrina, pero aquí el Gobierno somos nosotros», indica Curtis Mohammed, uno de los líderes del Consejo de Supervi- vientes de Nueva Orleáns.
Esta organización, que tiene su sede en lo que algún día fue una comisaría de Policía, ha preparado una barbacoa de pollo y hamburguesas para congregar a los vecinos y colaboradores que trabajan por reconstruir el barrio. Kevin Flot, un carpintero de 44 años, deambula con la mirada perdida y la confianza de encontrar a alguien que le pueda ayudar a levantar su casa. Flot vive desde hace meses en su coche y cuenta a todo aquel que se le acerca cómo las aguas se llevaron a su sobrino de 22 años o cómo aguantó una semana en el tejado de su casa hasta que le rescataron. «Se ha dicho que disparamos a los helicópteros para tirarlos abajo, pero lo único que queríamos era llamar su atención y que nos sacasen de allí», recuerda.
Mientras, Carmele Hardwood, una mujer de 65 años que perdió su hogar y ahora vive sola en la ciudad de Yorke (Alabama), apunta su nombre en una lista para conseguir una caravana donde poder vivir. «Necesito volver a Nueva Orleáns, aquí se encuentra mi familia, y por mis problemas de salud tengo que venir a la ciudad cada mes, al médico», explica señalando el marcapasos que tiene instalado.
La ironía ha querido que justo al lado de la sede del Consejo se encuentre aparcado un tráiler de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), organismo muy criticado por su manejo de los 10.000 millones de dólares destinados a realojar a los supervivientes. Quien viene en busca de ayuda, pasa de largo del camión, a lo más le lanza una mirada despectiva, y se dirige directamente al anciano Mohammed o alguno de los jóvenes cooperan- tes que se han desplazado de todas partes de EEUU para echar una mano. Es muy difícil calcular el descrédito que sufren las instituciones en estas calles.
La otra cara de la moneda se encuentra a unos diez minutos en coche. El estadio Superdome, otra imagen de la infamia y la devastación, ha recuperado prácticamente su aspecto, después de que más de 25.000 personas se refugiasen en él durante semanas enteras. El gerente de la empresa que gestiona el estadio, Glenn Menard, estuvo varios días encerrado en el Superdome, tratando de coordinar el caos en medio de unas temperaturas infernales.
Muchos en el Noveno Distrito no entienden por qué el estadio donde juega el equipo de fútbol americano de los New Orleans Saints ha recobrado tan pronto su normalidad con las ayudas públicas, mientras que miles de personas ni siquiera han podido regresar a sus hogares.
A falta de una respuesta eficaz por parte de las autoridades, los vecinos del Noveno Distrito de Nueva Orleáns, la zona más devastada por Katrina, han formado sus propias instituciones. Este barrio protagonizó las imágenes más impactantes que ofrecieron las televisiones de todo el mundo hace un año.
Coches encaramados en las copas de los árboles, toneladas de basura en las aceras, casas empotradas unas contra otras, animales muertos... Y, en medio de la podredumbre, los supervivientes. Eso fue hace un año.
Una de las frases favoritas del presidente Bush, al referirse al reciente conflicto de Líbano, es que Hizbula es «un Estado dentro del Estado de Líbano». Sin llegar a esos extremos, los habitantes del Noveno Distrito se han organizado en redes complejas que suplen el colapso institucional para hacer llegar alojamiento, comida y necesidades básicas. «Ha pasado ya un año del Katrina, pero aquí el Gobierno somos nosotros», indica Curtis Mohammed, uno de los líderes del Consejo de Supervi- vientes de Nueva Orleáns.
Esta organización, que tiene su sede en lo que algún día fue una comisaría de Policía, ha preparado una barbacoa de pollo y hamburguesas para congregar a los vecinos y colaboradores que trabajan por reconstruir el barrio. Kevin Flot, un carpintero de 44 años, deambula con la mirada perdida y la confianza de encontrar a alguien que le pueda ayudar a levantar su casa. Flot vive desde hace meses en su coche y cuenta a todo aquel que se le acerca cómo las aguas se llevaron a su sobrino de 22 años o cómo aguantó una semana en el tejado de su casa hasta que le rescataron. «Se ha dicho que disparamos a los helicópteros para tirarlos abajo, pero lo único que queríamos era llamar su atención y que nos sacasen de allí», recuerda.
Mientras, Carmele Hardwood, una mujer de 65 años que perdió su hogar y ahora vive sola en la ciudad de Yorke (Alabama), apunta su nombre en una lista para conseguir una caravana donde poder vivir. «Necesito volver a Nueva Orleáns, aquí se encuentra mi familia, y por mis problemas de salud tengo que venir a la ciudad cada mes, al médico», explica señalando el marcapasos que tiene instalado.
La ironía ha querido que justo al lado de la sede del Consejo se encuentre aparcado un tráiler de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), organismo muy criticado por su manejo de los 10.000 millones de dólares destinados a realojar a los supervivientes. Quien viene en busca de ayuda, pasa de largo del camión, a lo más le lanza una mirada despectiva, y se dirige directamente al anciano Mohammed o alguno de los jóvenes cooperan- tes que se han desplazado de todas partes de EEUU para echar una mano. Es muy difícil calcular el descrédito que sufren las instituciones en estas calles.
La otra cara de la moneda se encuentra a unos diez minutos en coche. El estadio Superdome, otra imagen de la infamia y la devastación, ha recuperado prácticamente su aspecto, después de que más de 25.000 personas se refugiasen en él durante semanas enteras. El gerente de la empresa que gestiona el estadio, Glenn Menard, estuvo varios días encerrado en el Superdome, tratando de coordinar el caos en medio de unas temperaturas infernales.
Muchos en el Noveno Distrito no entienden por qué el estadio donde juega el equipo de fútbol americano de los New Orleans Saints ha recobrado tan pronto su normalidad con las ayudas públicas, mientras que miles de personas ni siquiera han podido regresar a sus hogares.
Nuestras armas no son iraníes, tenemos cohetes norteamericanos, las armas se venden y se compran en el mercado internacional
Eduardo Febbro
Página 12
Rodeado de una nube de polvo que las topadoras levantan cuando arrastran los escombros de los edificios derrumbados de la calle Ragheb Harb, en Haret Hrik, el suburbio chiíta de Beirut, el diputado Hassan Hajj Hussein responde al teléfono celular, posa para una foto, habla con la gente y se mueve sin parar. Este hombre político libanés, nacido en Baalbek, es uno de los más conocidos diputados electos bajo las banderas del Hezbolá. Tiene, además, un estilo contundente, sin rodeos ni frases acomodadas. Sus declaraciones son como puños directos a la cara del adversario.
En esta entrevista con Página/12 Hassan Hajj Hussein responde a los principales interrogantes que la comunidad internacional se hace a propósito del movimiento chiíta libanés: lo que él llama las agresiones israelíes, la pasividad del mundo durante la guerra, los reclamos del Hezbolá, su hipotético desarme, la reconstrucción del Líbano y el atentado de 1992 contra la embajada israelí de Buenos Aires.
–Los analistas occidentales temen que el Hezbolá transfiera la guerra con Israel fuera de las fronteras del Líbano. Ese temor se basa en gran medida en el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, reivindicado por una rama del Hezbolá.
–El Hezbolá nunca cometió ni reivindicó ningún atentado fuera del país, incluido el de Buenos Aires. El primer atentado contra la embajada, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto, todos los atentados que usted quiera, el Hezbolá nada tuvo que ver con eso. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con cualquier atentado que se cometa fuera del territorio libanés ocupado. Nunca lo reivindicamos. Nuestro único objetivo consiste en liberar nuestro territorio ocupado, liberar a nuestros prisioneros y proteger nuestra soberanía. Nunca apoyamos o estuvimos implicados en operaciones de ese tipo, jamás hemos apoyado ideológicamente o materialmente ese tipo de operaciones.
–¿El Hezbolá estaría de acuerdo con participar en un diálogo de paz a pesar de lo ocurrido?
–El Líbano quedó destruido. Los daños alcanzaron a todas las comunidades, chiítas o sunitas. Las rutas, las fábricas, los puentes, el aeropuerto, los puertos, los cuarteles del ejército, esto no ha sido una guerra contra una comunidad sino una guerra contra el Líbano y su estabilidad. Toda la historia de Israel es una historia de terrorismo y de agresiones. Pero Occidente no quiere aceptar esa realidad. Israel es un país que fue creado en lugar de otro. Ese es el origen de todos los males de esta región. El éxodo del ‘48, la matanza de los palestinos, las matanzas cometidas por Beguin, luego la guerra del ’56, la del ’67, la ocupación de los territorios y de Jerusalén, las ocupaciones del Líbano, las matanzas de Chabra y Chatila, cometidas por Ariel Sharon, luego Primer Ministro. En fin, a pesar de los procesos de paz nunca hubo resultados. Seguimos amenazados por Israel pero nosotros queremos construir nuestro país, queremos la paz y la prosperidad. Pero yo le pregunto: ¿dónde está el proceso de paz? ¿Y la conferencia de Madrid? ¿Y las mentiras de George Bush? No hay paz.
–Uno de los principales reproches que se le hace al Hezbolá es estar teledirigido por Irán.
–Vamos, lo desafío a que me aporte la más mínima prueba de que somos un instrumento de Irán. No hay iraníes que combatan en nuestras filas, no hay iraníes muertos en combate. Yo soy un diputado libanés y no un instrumento de Irán.
–¿Y las armas?
–Pues nuestras armas no son iraníes. Nuestras armas son norteamericanas y nos las vendió George Bush.
–Pero los cohetes que el Hezbolá dispara contra Israel son iraníes.
–Sí, pero también tenemos cohetes norteamericanos. Las armas se venden y se compran en el mercado internacional. Si usted necesita armas le vendo las que quiera. Se nos acusa a nosotros de tener armas, pero Israel también las tiene. ¿Quién destruyó entonces todos estos edificios que usted ve? ¿Sabe quién? Los misiles norteamericanos, por avión y por barco. Los civiles sucumbieron a la lluvia de bombas.
–La crisis de la región se incrementó aún más con la oposición de Siria a que se desplieguen soldados de la ONU en el sector este de la frontera sirio-libanesa y la amenaza de cerrar esa frontera con el Líbano. Para el Hezbolá, que tiene en Siria un gran aliado, ésa es una pésima perspectiva.
–Antes de que se empiece a discutir cualquier opción, la comunidad internacional debe levantar el embargo que pesa sobre el Líbano. Esa es la prioridad y no someterse a las condiciones israelíes.
–Precisamente, una de las exigencias más reiteradas por parte de Israel y el resto de la comunidad internacional es el desarme del Hezbolá.
–Esa es una cuestión de política interna libanesa. Pero antes de resolver esta cuestión del desarme del Hezbolá hay que solucionar las causas de esa cuestión. Las granjas de Shebaa, la soberanía libanesa, les agresiones al Líbano, las amenazas israelíes. No es muy normal que se quieran tratar los resultados antes de que se traten las causas. No es posible que haya un acuerdo de paz con Israel. Israel debe abandonar las granjas de Shebaa que ocupó, liberar a nuestros prisioneros, debe dejar de agredirnos. También está ese tema esencial que consiste en reconocer el retorno de los palestinos a sus tierras.
–Estamos en el barrio de Haret Hrik, uno de los más devastados por las bombas. Visiblemente, el Hezbolá ha asumido la ayuda a damnificados. ¿Cómo se va a organizar esa ayuda en las próximas semanas?
–Realizamos una suerte de censo para saber cuántos departamentos y edificios están destruidos. Lamentablemente, vamos a tener que vivir en estas condiciones que usted ve durante un buen tiempo. En los suburbios del sur de Beirut hay 500 edificios destruidos, edificios de un promedio de ocho y diez pisos. También hemos tomado rápidas medidas para ayudar a la población a que tenga un domicilio durante un año hasta que hayamos reconstruido los edificios y las casas. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestras ayudas son rápidas, sin trámites burocráticos y al contado. Según la situación de cada persona, nosotros pagamos 10 mil dólares para que la gente tenga un techo y pueda comprar algunos muebles.
–Se trata de sumas considerables: 10, 12 mil dólares por familia es importante. ¿De dónde proviene ese dinero?
–No, no es suficiente para ayudar a nuestras familias. Por eso es preciso que los franceses, los argentinos, los belgas, etc. etc. nos envíen dinero para financiar la reconstrucción. Somos nosotros quienes fuimos agredidos y el resto de los países, si bien hubo algunos que hicieron algún que otro esfuerzo diplomático al final, no detuvieron la agresión ni las destrucciones. Entonces, lo menos que pueden hacer ahora es ayudar con dinero para financiar la reconstrucción. Pero yo no digo que nos den el dinero a nosotros, no, que se lo den al gobierno libanés. Nosotros somos musulmanes y pagamos la zacat, que es una contribución que todo el mundo desembolsa voluntariamente. Los fondos provienen de ahí.
–La fuerza internacional de la ONU empieza a desplegarse en el Líbano, con un cambio fundamental. Francia, que había anunciado al principio el envío de 200 hombres, incrementó la cifra a casi dos mil. Ello hace que la contribución militar de la Unión Europea se eleve a 7000 soldados.
–Nosotros no tenemos ninguna restricción, pero creo que el problema que tiene Francia es que, desde hace mucho, carece de una política independiente. Francia sucumbe a la presión norteamericana. En el mundo no hay más países independientes. La mayoría de los países sucumben. La Argentina es un poco así. Esos países que sucumben hacen lo que Estados Unidos quiere y eso llevó a la destrucción de Medio Oriente.
Página 12
Rodeado de una nube de polvo que las topadoras levantan cuando arrastran los escombros de los edificios derrumbados de la calle Ragheb Harb, en Haret Hrik, el suburbio chiíta de Beirut, el diputado Hassan Hajj Hussein responde al teléfono celular, posa para una foto, habla con la gente y se mueve sin parar. Este hombre político libanés, nacido en Baalbek, es uno de los más conocidos diputados electos bajo las banderas del Hezbolá. Tiene, además, un estilo contundente, sin rodeos ni frases acomodadas. Sus declaraciones son como puños directos a la cara del adversario.
En esta entrevista con Página/12 Hassan Hajj Hussein responde a los principales interrogantes que la comunidad internacional se hace a propósito del movimiento chiíta libanés: lo que él llama las agresiones israelíes, la pasividad del mundo durante la guerra, los reclamos del Hezbolá, su hipotético desarme, la reconstrucción del Líbano y el atentado de 1992 contra la embajada israelí de Buenos Aires.
–Los analistas occidentales temen que el Hezbolá transfiera la guerra con Israel fuera de las fronteras del Líbano. Ese temor se basa en gran medida en el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, reivindicado por una rama del Hezbolá.
–El Hezbolá nunca cometió ni reivindicó ningún atentado fuera del país, incluido el de Buenos Aires. El primer atentado contra la embajada, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto, todos los atentados que usted quiera, el Hezbolá nada tuvo que ver con eso. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con cualquier atentado que se cometa fuera del territorio libanés ocupado. Nunca lo reivindicamos. Nuestro único objetivo consiste en liberar nuestro territorio ocupado, liberar a nuestros prisioneros y proteger nuestra soberanía. Nunca apoyamos o estuvimos implicados en operaciones de ese tipo, jamás hemos apoyado ideológicamente o materialmente ese tipo de operaciones.
–¿El Hezbolá estaría de acuerdo con participar en un diálogo de paz a pesar de lo ocurrido?
–El Líbano quedó destruido. Los daños alcanzaron a todas las comunidades, chiítas o sunitas. Las rutas, las fábricas, los puentes, el aeropuerto, los puertos, los cuarteles del ejército, esto no ha sido una guerra contra una comunidad sino una guerra contra el Líbano y su estabilidad. Toda la historia de Israel es una historia de terrorismo y de agresiones. Pero Occidente no quiere aceptar esa realidad. Israel es un país que fue creado en lugar de otro. Ese es el origen de todos los males de esta región. El éxodo del ‘48, la matanza de los palestinos, las matanzas cometidas por Beguin, luego la guerra del ’56, la del ’67, la ocupación de los territorios y de Jerusalén, las ocupaciones del Líbano, las matanzas de Chabra y Chatila, cometidas por Ariel Sharon, luego Primer Ministro. En fin, a pesar de los procesos de paz nunca hubo resultados. Seguimos amenazados por Israel pero nosotros queremos construir nuestro país, queremos la paz y la prosperidad. Pero yo le pregunto: ¿dónde está el proceso de paz? ¿Y la conferencia de Madrid? ¿Y las mentiras de George Bush? No hay paz.
–Uno de los principales reproches que se le hace al Hezbolá es estar teledirigido por Irán.
–Vamos, lo desafío a que me aporte la más mínima prueba de que somos un instrumento de Irán. No hay iraníes que combatan en nuestras filas, no hay iraníes muertos en combate. Yo soy un diputado libanés y no un instrumento de Irán.
–¿Y las armas?
–Pues nuestras armas no son iraníes. Nuestras armas son norteamericanas y nos las vendió George Bush.
–Pero los cohetes que el Hezbolá dispara contra Israel son iraníes.
–Sí, pero también tenemos cohetes norteamericanos. Las armas se venden y se compran en el mercado internacional. Si usted necesita armas le vendo las que quiera. Se nos acusa a nosotros de tener armas, pero Israel también las tiene. ¿Quién destruyó entonces todos estos edificios que usted ve? ¿Sabe quién? Los misiles norteamericanos, por avión y por barco. Los civiles sucumbieron a la lluvia de bombas.
–La crisis de la región se incrementó aún más con la oposición de Siria a que se desplieguen soldados de la ONU en el sector este de la frontera sirio-libanesa y la amenaza de cerrar esa frontera con el Líbano. Para el Hezbolá, que tiene en Siria un gran aliado, ésa es una pésima perspectiva.
–Antes de que se empiece a discutir cualquier opción, la comunidad internacional debe levantar el embargo que pesa sobre el Líbano. Esa es la prioridad y no someterse a las condiciones israelíes.
–Precisamente, una de las exigencias más reiteradas por parte de Israel y el resto de la comunidad internacional es el desarme del Hezbolá.
–Esa es una cuestión de política interna libanesa. Pero antes de resolver esta cuestión del desarme del Hezbolá hay que solucionar las causas de esa cuestión. Las granjas de Shebaa, la soberanía libanesa, les agresiones al Líbano, las amenazas israelíes. No es muy normal que se quieran tratar los resultados antes de que se traten las causas. No es posible que haya un acuerdo de paz con Israel. Israel debe abandonar las granjas de Shebaa que ocupó, liberar a nuestros prisioneros, debe dejar de agredirnos. También está ese tema esencial que consiste en reconocer el retorno de los palestinos a sus tierras.
–Estamos en el barrio de Haret Hrik, uno de los más devastados por las bombas. Visiblemente, el Hezbolá ha asumido la ayuda a damnificados. ¿Cómo se va a organizar esa ayuda en las próximas semanas?
–Realizamos una suerte de censo para saber cuántos departamentos y edificios están destruidos. Lamentablemente, vamos a tener que vivir en estas condiciones que usted ve durante un buen tiempo. En los suburbios del sur de Beirut hay 500 edificios destruidos, edificios de un promedio de ocho y diez pisos. También hemos tomado rápidas medidas para ayudar a la población a que tenga un domicilio durante un año hasta que hayamos reconstruido los edificios y las casas. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestras ayudas son rápidas, sin trámites burocráticos y al contado. Según la situación de cada persona, nosotros pagamos 10 mil dólares para que la gente tenga un techo y pueda comprar algunos muebles.
–Se trata de sumas considerables: 10, 12 mil dólares por familia es importante. ¿De dónde proviene ese dinero?
–No, no es suficiente para ayudar a nuestras familias. Por eso es preciso que los franceses, los argentinos, los belgas, etc. etc. nos envíen dinero para financiar la reconstrucción. Somos nosotros quienes fuimos agredidos y el resto de los países, si bien hubo algunos que hicieron algún que otro esfuerzo diplomático al final, no detuvieron la agresión ni las destrucciones. Entonces, lo menos que pueden hacer ahora es ayudar con dinero para financiar la reconstrucción. Pero yo no digo que nos den el dinero a nosotros, no, que se lo den al gobierno libanés. Nosotros somos musulmanes y pagamos la zacat, que es una contribución que todo el mundo desembolsa voluntariamente. Los fondos provienen de ahí.
–La fuerza internacional de la ONU empieza a desplegarse en el Líbano, con un cambio fundamental. Francia, que había anunciado al principio el envío de 200 hombres, incrementó la cifra a casi dos mil. Ello hace que la contribución militar de la Unión Europea se eleve a 7000 soldados.
–Nosotros no tenemos ninguna restricción, pero creo que el problema que tiene Francia es que, desde hace mucho, carece de una política independiente. Francia sucumbe a la presión norteamericana. En el mundo no hay más países independientes. La mayoría de los países sucumben. La Argentina es un poco así. Esos países que sucumben hacen lo que Estados Unidos quiere y eso llevó a la destrucción de Medio Oriente.
Repudio de la UTPBA y la FELAP Soldados israelíes detienen y agraden a una periodista argentina
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) repudiaron enérgicamente la brutal agresión de miembros del ejército del Estado de Israel contra la periodista Tamara Lalli, en la frontera con Jordania. Lalli es la enviada especial a Líbano y Palestina de la radio local AM530 de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, sostiene el comunicado conjunto firmado por Héctor Sosa, secretario de Prensa-UTPBA, Ana Villarreal, secretaria de Derechos Humanos y Juan Carlos Camaño, presidente de la FELAP.
28 de agosto de 2006DesdeBuenos Aires (Argentina)
La corresponsal fue detenida en la madrugada de ayer y, de acuerdo a la información difundida por Madres de Plaza de Mayo, “fue increpada por miembros del MOSAD a punta de ametralladora e interrogada sobre su actividad periodística en la radio de las Madres. En un momento del interrogatorio –señala el comunicado-, Lalli fue desnudada por completo y un militar la amenazó obscenamente con una pistola”
De acuerdo a la fuente citada, “lo que más preocupaba a los servicios sionistas era saber por qué la radio de las Madres estaba cubriendo el conflicto de manera ‘parcial’ y le manifestaron expresamente que toda la información sobre ella la tenían, gracias a la embajada israelí en Argentina”.
La trabajadora de prensa fue luego deportada a Jordania y le prohibieron expresamente el ingreso a Palestina.
28 de agosto de 2006DesdeBuenos Aires (Argentina)
La corresponsal fue detenida en la madrugada de ayer y, de acuerdo a la información difundida por Madres de Plaza de Mayo, “fue increpada por miembros del MOSAD a punta de ametralladora e interrogada sobre su actividad periodística en la radio de las Madres. En un momento del interrogatorio –señala el comunicado-, Lalli fue desnudada por completo y un militar la amenazó obscenamente con una pistola”
De acuerdo a la fuente citada, “lo que más preocupaba a los servicios sionistas era saber por qué la radio de las Madres estaba cubriendo el conflicto de manera ‘parcial’ y le manifestaron expresamente que toda la información sobre ella la tenían, gracias a la embajada israelí en Argentina”.
La trabajadora de prensa fue luego deportada a Jordania y le prohibieron expresamente el ingreso a Palestina.
Saturday, August 19, 2006
La tercera parte de los estadounidenses considera que la administración Bush está implicada en los atentados del 11 de septiembre
Un nuevo sondeo Scripps Howard/Ohio University describe la comprensión de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por parte de la opinión pública de los Estados Unidos. El 12% de los estadounidenses declara que el Pentágono no fue alcanzado por avión comercial, sino por un misil. El 16% de los estadounidenses declara que el derrumbe de las Torres Gemelas no fue provocado por los aviones que las embistieron, sino por explosivos. El 36% de los estadounidenses declara que la administración Bush está implicada activa o pasivamente en la perpetración de los atentados.
La encuesta de Zogby USA, realizada entre el 12 y el 16 de mayo de 2006 [1], indicaba que: El 42% de los estadounidenses no está convencido de la validez de los trabajos de la comisión presidencial Kean. El 44% de los estadounidenses piensa que George W. Bush manipuló los atentados para iniciar la guerra. El 45% de los estadounidenses desea que vuelva a abrirse la investigación judicial.
Estos resultados merecen algunos comentarios: En el actual ambiente nacionalista es difícil dudar públicamente sobre el 11 de septiembre. Cuando se pregunta a los entrevistados la opinión de sus allegados, lo que permite atribuir a otros las propias dudas, las cifras aumentan alrededor de 20%. La prensa dominante despliega toda su imaginación para explicar estos resultados y desacreditarlos. En primer lugar, es de buen gusto explicar que las tesis conspiracionistas se alimentan de la incapacidad de la gente para aceptar la horrible realidad (como si atribuir los atentados al gobierno fuera menos horrible) y del sentimiento de su impotencia (pues sí, si no quieren ser impotentes pues no duden). Alternativamente, la prensa dominante explica estos resultados por la pérdida de confianza en la administración Bush después de la guerra de Irak, incluso por la ira que suscita al continuar esta guerra (en resumen, no es porque Bush actúe de forma detestable que se le debe acusar además por el 11 de septiembre). Sin embargo, los resultados de los diversos sondeos así como los argumentos aquí mencionados muestran que las opiniones de los entrevistados corresponden a su estatus social. Los que aspiran a formar parte de la élite creen en el complot islámico mundial y en la misión de los Estados Unidos de acabar con él. Quienes no esperan nada del gobierno federal creen en el complot interno y en la necesidad de cambiar de régimen.
La encuesta de Zogby USA, realizada entre el 12 y el 16 de mayo de 2006 [1], indicaba que: El 42% de los estadounidenses no está convencido de la validez de los trabajos de la comisión presidencial Kean. El 44% de los estadounidenses piensa que George W. Bush manipuló los atentados para iniciar la guerra. El 45% de los estadounidenses desea que vuelva a abrirse la investigación judicial.
Estos resultados merecen algunos comentarios: En el actual ambiente nacionalista es difícil dudar públicamente sobre el 11 de septiembre. Cuando se pregunta a los entrevistados la opinión de sus allegados, lo que permite atribuir a otros las propias dudas, las cifras aumentan alrededor de 20%. La prensa dominante despliega toda su imaginación para explicar estos resultados y desacreditarlos. En primer lugar, es de buen gusto explicar que las tesis conspiracionistas se alimentan de la incapacidad de la gente para aceptar la horrible realidad (como si atribuir los atentados al gobierno fuera menos horrible) y del sentimiento de su impotencia (pues sí, si no quieren ser impotentes pues no duden). Alternativamente, la prensa dominante explica estos resultados por la pérdida de confianza en la administración Bush después de la guerra de Irak, incluso por la ira que suscita al continuar esta guerra (en resumen, no es porque Bush actúe de forma detestable que se le debe acusar además por el 11 de septiembre). Sin embargo, los resultados de los diversos sondeos así como los argumentos aquí mencionados muestran que las opiniones de los entrevistados corresponden a su estatus social. Los que aspiran a formar parte de la élite creen en el complot islámico mundial y en la misión de los Estados Unidos de acabar con él. Quienes no esperan nada del gobierno federal creen en el complot interno y en la necesidad de cambiar de régimen.
Thursday, August 03, 2006
Fidel y el dolor
Miguel Bonasso
Página 12
Antenoche recibí un llamado de La Habana que me dejó sin aliento. Un compañero argentino me avisaba: “Parece que Fidel está mal”, y de inmediato la conversación se cortó, generando un insoportable suspenso. A los pocos minutos la CNN informaba que Fidel Castro había sido operado y que por primera vez en 47 años transfería transitoriamente sus responsabilidades de Estado a su hermano Raúl.
De inmediato comencé a llamar a todos los amigos de La Habana sin resultado. Las líneas estaban saturadas. Recién a las doce de la noche logré establecer contacto telefónico con uno de los colaboradores más cercanos del Comandante.
“Las cosas son así –me dijo– como se ha informado. Tú conoces nuestra ética y la del Jefe: jamás le mentiríamos ni le ocultaríamos nada al pueblo.”
Es cierto. Recordé a Fidel, sentado en una silla, aguantando el dolor de su terrible caída al finalizar un acto, cuando anticipó el diagnóstico de los traumatólogos y le explicó al pueblo cubano (y al mundo) que se había fracturado la rodilla y el hombro derecho.
Antenoche, en el comunicado que leyó su secretario Carlitos Valenciaga, resplandecía la misma seriedad, la misma responsabilidad política, la misma precisión al hablar de radiografías, endoscopías y hasta filmaciones del inquietante sangrado que lo llevaba al quirófano. Era el estilo inconfundible del hidalgo que ha cedido transitoriamente la jefatura del Estado cubano.
El colaborador de Fidel agregó que la operación había sido exitosa y que comenzaba un proceso de recuperación. Sus palabras y el tono de su voz me tranquilizaron. El episodio era serio, grave, pero el amigo confiaba, como yo, en la fortaleza del paciente, en ese dominio extraordinario que ejerce sobre la realidad su cerebro privilegiado.
Pensé: “Fidel se va a morir cuando él lo decida y todavía no lo ha decidido”.
Recordé una conversación que habíamos tenido en el Palacio de Convenciones, hace siete u ocho meses. Parecía abstraído, lejano, pero súbitamente me miró como si regresara del futuro y confesó:
“Lo que necesito es tiempo”.
Tiempo para completar lo que él llama “la revolución energética” y le va a significar a la isla un ahorro anual de dos mil millones de dólares; tiempo para que “Cuba sea económicamente invulnerable, como ya lo es militarmente”; tiempo para reconstruir el movimiento de Países No Alineados; tiempo para operar de cataratas y pterigium a seis millones de latinoamericanos en los próximos seis años; tiempo para que los educadores cubanos del programa “Yo sí puedo” ayuden a desterrar el analfabetismo de toda América latina; tiempo para que prospere la integración latinoamericana y el ALBA.
Tiempo, en suma, para consumar una gigantesca empresa humanística que parece descomunal, imposible, para una pequeña isla sitiada de once millones de habitantes y ciento diez mil kilómetros cuadrados, que sobrevive a fuerza de dignidad, a noventa millas náuticas del monstruo. Que nadie espere encontrar aquí una “nota objetiva”: tengo el extraordinario privilegio de contarme entre los amigos personales del Comandante Fidel Castro. Es un honor que me concedió hace poco más de tres años. Antes lo miraba como todos los de mi generación desde una respetuosa distancia. Lo veía instalado en la cima de la historia mundial, pero ignoraba sus rasgos de humor, sus provocaciones y travesuras, su fidelidad de fidel hacia los amigos, su desbordada curiosidad por todo lo humano, su imaginación de navegante y sus hábitos inveterados de conspirador. Su real ternura por los desvalidos.
Una madrugada charlábamos en la sala de reuniones del Palacio de la Revolución y empezó a pronosticar lo que ocurriría a causa del gran terremoto que acababa de producirse en Pakistán. “Pronto vendrán los grandes fríos –me dijo– y los habitantes de los pueblos destruidos comenzarán a vagar sin destino en la ladera de las montañas. Habrá fracturas expuestas, gangrenas, y dolor, un indecible dolor humano. Tenemos que hacer algo.”
Pocos días después, médicos y paramédicos cubanos comenzaban a viajar a Pakistán hasta completar una generosa brigada de 2500. Que en cuatro meses atenderían a 700 mil pacientes. Que permanecerían con temperaturas bajo cero cuando los Médicos Sin Fronteras y los médicos de todas las ONG de este extraño mundo hubieran liado ya sus petates.
En febrero, diez días antes de que mi compañera Ana de Skalon muriera de cáncer en La Habana, él la visitó, como lo hacía con frecuencia.
Se iba ya, cuando se dio vuelta en la sala y le dijo inesperadamente:
–Yo sé que tú luchas, Anita, y me parece muy bien que lo hagas, porque tú y yo pertenecemos a la misma clase de seres humanos.
Ana, desde su agonía, le devolvió una sonrisa.
El día de sus funerales, cuando la condecoró post mortem como “amiga de Cuba”, me llevó a comer con él. No habló de Ana durante el almuerzo, pero mientras me acompañaba a los ascensores, me dijo con una voz inaudible.
–Imagínate lo que sufres tú, lo que sufrió Anita y multiplícalo a nivel universal por los millones que sufren.
Entendí, entonces, lo que le había dicho alguna vez a su amigo Hugo Chávez, que él no creía en la trascendencia del alma, pero aceptaba que el presidente venezolano lo incluyera entre los cristianos.
Hace pocos días estuve con él aquí, en Córdoba, en la Cumbre del Mercosur. Lo acompañé en el acto, en la visita a la casa familiar del Che en Alta Gracia y en un almuerzo tardío el mismo día de su partida.
Hablamos de todo un poco, junto con otros amigos cubanos y argentinos. Hasta de vinos. De tintos que él saboreó con nosotros.
No soy clínico, pero lo vi bien. Animado, optimista. Contento porque a sólo 24 horas de finalizada la Cumbre ya le había comprado a nuestro país cereales y alimentos por 100 millones de dólares. En el palier del hotel saludó a todos los miembros de la embajada cubana y a los policías federales y de Córdoba que lo habían custodiado y querían retratarse con él.
Luego se fue, envuelto como siempre en multitudes. Así lo quiero ver, muy pronto, arropado en el cariño y la admiración que se merece.
Página 12
Antenoche recibí un llamado de La Habana que me dejó sin aliento. Un compañero argentino me avisaba: “Parece que Fidel está mal”, y de inmediato la conversación se cortó, generando un insoportable suspenso. A los pocos minutos la CNN informaba que Fidel Castro había sido operado y que por primera vez en 47 años transfería transitoriamente sus responsabilidades de Estado a su hermano Raúl.
De inmediato comencé a llamar a todos los amigos de La Habana sin resultado. Las líneas estaban saturadas. Recién a las doce de la noche logré establecer contacto telefónico con uno de los colaboradores más cercanos del Comandante.
“Las cosas son así –me dijo– como se ha informado. Tú conoces nuestra ética y la del Jefe: jamás le mentiríamos ni le ocultaríamos nada al pueblo.”
Es cierto. Recordé a Fidel, sentado en una silla, aguantando el dolor de su terrible caída al finalizar un acto, cuando anticipó el diagnóstico de los traumatólogos y le explicó al pueblo cubano (y al mundo) que se había fracturado la rodilla y el hombro derecho.
Antenoche, en el comunicado que leyó su secretario Carlitos Valenciaga, resplandecía la misma seriedad, la misma responsabilidad política, la misma precisión al hablar de radiografías, endoscopías y hasta filmaciones del inquietante sangrado que lo llevaba al quirófano. Era el estilo inconfundible del hidalgo que ha cedido transitoriamente la jefatura del Estado cubano.
El colaborador de Fidel agregó que la operación había sido exitosa y que comenzaba un proceso de recuperación. Sus palabras y el tono de su voz me tranquilizaron. El episodio era serio, grave, pero el amigo confiaba, como yo, en la fortaleza del paciente, en ese dominio extraordinario que ejerce sobre la realidad su cerebro privilegiado.
Pensé: “Fidel se va a morir cuando él lo decida y todavía no lo ha decidido”.
Recordé una conversación que habíamos tenido en el Palacio de Convenciones, hace siete u ocho meses. Parecía abstraído, lejano, pero súbitamente me miró como si regresara del futuro y confesó:
“Lo que necesito es tiempo”.
Tiempo para completar lo que él llama “la revolución energética” y le va a significar a la isla un ahorro anual de dos mil millones de dólares; tiempo para que “Cuba sea económicamente invulnerable, como ya lo es militarmente”; tiempo para reconstruir el movimiento de Países No Alineados; tiempo para operar de cataratas y pterigium a seis millones de latinoamericanos en los próximos seis años; tiempo para que los educadores cubanos del programa “Yo sí puedo” ayuden a desterrar el analfabetismo de toda América latina; tiempo para que prospere la integración latinoamericana y el ALBA.
Tiempo, en suma, para consumar una gigantesca empresa humanística que parece descomunal, imposible, para una pequeña isla sitiada de once millones de habitantes y ciento diez mil kilómetros cuadrados, que sobrevive a fuerza de dignidad, a noventa millas náuticas del monstruo. Que nadie espere encontrar aquí una “nota objetiva”: tengo el extraordinario privilegio de contarme entre los amigos personales del Comandante Fidel Castro. Es un honor que me concedió hace poco más de tres años. Antes lo miraba como todos los de mi generación desde una respetuosa distancia. Lo veía instalado en la cima de la historia mundial, pero ignoraba sus rasgos de humor, sus provocaciones y travesuras, su fidelidad de fidel hacia los amigos, su desbordada curiosidad por todo lo humano, su imaginación de navegante y sus hábitos inveterados de conspirador. Su real ternura por los desvalidos.
Una madrugada charlábamos en la sala de reuniones del Palacio de la Revolución y empezó a pronosticar lo que ocurriría a causa del gran terremoto que acababa de producirse en Pakistán. “Pronto vendrán los grandes fríos –me dijo– y los habitantes de los pueblos destruidos comenzarán a vagar sin destino en la ladera de las montañas. Habrá fracturas expuestas, gangrenas, y dolor, un indecible dolor humano. Tenemos que hacer algo.”
Pocos días después, médicos y paramédicos cubanos comenzaban a viajar a Pakistán hasta completar una generosa brigada de 2500. Que en cuatro meses atenderían a 700 mil pacientes. Que permanecerían con temperaturas bajo cero cuando los Médicos Sin Fronteras y los médicos de todas las ONG de este extraño mundo hubieran liado ya sus petates.
En febrero, diez días antes de que mi compañera Ana de Skalon muriera de cáncer en La Habana, él la visitó, como lo hacía con frecuencia.
Se iba ya, cuando se dio vuelta en la sala y le dijo inesperadamente:
–Yo sé que tú luchas, Anita, y me parece muy bien que lo hagas, porque tú y yo pertenecemos a la misma clase de seres humanos.
Ana, desde su agonía, le devolvió una sonrisa.
El día de sus funerales, cuando la condecoró post mortem como “amiga de Cuba”, me llevó a comer con él. No habló de Ana durante el almuerzo, pero mientras me acompañaba a los ascensores, me dijo con una voz inaudible.
–Imagínate lo que sufres tú, lo que sufrió Anita y multiplícalo a nivel universal por los millones que sufren.
Entendí, entonces, lo que le había dicho alguna vez a su amigo Hugo Chávez, que él no creía en la trascendencia del alma, pero aceptaba que el presidente venezolano lo incluyera entre los cristianos.
Hace pocos días estuve con él aquí, en Córdoba, en la Cumbre del Mercosur. Lo acompañé en el acto, en la visita a la casa familiar del Che en Alta Gracia y en un almuerzo tardío el mismo día de su partida.
Hablamos de todo un poco, junto con otros amigos cubanos y argentinos. Hasta de vinos. De tintos que él saboreó con nosotros.
No soy clínico, pero lo vi bien. Animado, optimista. Contento porque a sólo 24 horas de finalizada la Cumbre ya le había comprado a nuestro país cereales y alimentos por 100 millones de dólares. En el palier del hotel saludó a todos los miembros de la embajada cubana y a los policías federales y de Córdoba que lo habían custodiado y querían retratarse con él.
Luego se fue, envuelto como siempre en multitudes. Así lo quiero ver, muy pronto, arropado en el cariño y la admiración que se merece.
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