Rubén Martínez Dalmau
Rebelión
El sábado 15 de diciembre todos parecían felices en Bolivia. Con la tensión que se vive en el país, es difícil no pensar, como diría Obélix, que están locos estos bolivianos. Pero no, no lo están. Vivían con ansia, y mirando de reojo al vecino, un día crucial, parecido a una noche electoral donde los dos partidos grandes se sienten ganadores, pero ninguno está seguro de serlo. Claro que en esta ocasión no se ha introducido un solo voto en la urna, sino se han presentado dos propuestas radicalmente diferentes de norma jurídica que plantean dos visiones opuestas de país.
Ese sábado –oscuro y lluvioso en Sucre- los ciudadanos celebraban en las dos principales ciudades de Bolivia: unos, los paceños, porque el Presidente Evo Morales entregaba al pueblo el proyecto de Constitución que la Asamblea Constituyente había redactado en tiempo y forma, en el marco de una fiesta colorida donde desfilaron indígenas y campesinos, encantados de ver una luz al final del túnel. Otros, los cruceños, porque con la aprobación por la vía del hecho de su estatuto de autonomía se plantean nuevas perspectivas hacia la tan ansiada separación de la media luna –departamentos del oriente del país, liderados por Santa Cruz, que decidieron apostar por la autonomía-. Pero son de esas celebraciones que miran con recelo por encima del hombro. Unos y otros saben que, a medio plazo, los dos proyectos son incompatibles, e intentan poner buena cara, como si la fuerza del enemigo no contara, mientras aguantan con la firmeza que pueden el pulso del contrario
Recordar brevemente los hechos de los últimos meses puede aportar luz sobre lo que está ocurriendo en Bolivia. El 6 de agosto de 2007, la Asamblea Constituyente boliviana cumplió un año en el empeño de aprobar un proyecto de Constitución, y el plazo se amplió hasta el 14 de diciembre. Un año era el tiempo previsto en la ley de convocatoria para redactar el texto. La razón del fracaso es de sobra conocida: la dilatación del tiempo promovida por los partidos de la oposición, que se han esmerado con éxito en plantar obstáculos y más obstáculos al desarrollo normal del proceso constituyente. Ya sabían a qué se enfrentaban en el caso de que la constituyente cumpliera su misión: a una inversión drástica en el poder –desde las oligarquías hacia el pueblo-, a la democratización de los recursos y, en definitiva, a una verdadera travesía del desierto abocada desesperadamente a la búsqueda de un oasis, como en Venezuela ha sido la victoria del “No” por un puñado de votos. La oposición boliviana, a la vista de lo ocurrido, evitará a toda costa iniciar tal travesía.
Esto se traduce en impedir, caiga quien caiga, que la nueva Constitución entre en vigor. El primer round constituyente fue ganado por la oposición: las decisiones en el seno de la Constituyente se tomarían por dos tercios de los votos, y no por mayoría absoluta, como ocurre en cualquier otro foro deliberador. A la hora de la verdad, los dos tercios dejaban en manos de la minoría la posibilidad de hacer viable la Constituyente. Los bolivianos recordarán toda la vida el error de haber aceptado una mayoría tan amplia para decidir. Desde ese momento, la Asamblea Constituyente estaba herida de muerte.
No fue un milagro la que la resucitó, sino la propia naturaleza de los procesos sociales de cambio que, como la marea –en este caso una marea andina, con sus propios tiempos-, extiende el mar hacia superficies que parecían seguras. La estocada final debía haber sido el problema de la capitalidad de Sucre, que desvió la atención del objetivo real, esto es, la refundación del país y la inclusión de las mayorías, hacia una cuestión fabricada artificialmente por los intereses cruceños, como era el traslado de los órganos de gobierno desde La Paz a Sucre. La Constituyente se recobró de lo que parecía el golpe final, reaccionando como pudo. En lo que fue un verdadero parto de los montes, tuvo que resguardarse en el liceo militar del Palacio de la Glorieta, en Sucre, para aprobar la Constitución en grande, y despistó al enemigo para conseguir aprobar en Oruro, el 9 de diciembre, el texto constitucional artículo por artículo. Y ahora tiene que ver qué pasa.
Formalmente, la oposición se ha quedado sin razones; la convocatoria de Sucre podría ser discutida políticamente –no así jurídicamente- por la ubicación de la plenaria en un liceo militar, pero la de Oruro no cuenta ni con ese impedimento. Se desarrolló en instalaciones universitarias, estuvieron presentes 164 constituyentes de los 255 que conforman la totalidad del foro, y entre ellos se encontraba en pleno el segundo partido más grande de la oposición, Unidad Nacional, incluido su líder, y varios constituyentes del principal partido opositor, PODEMOS. La discusión por partes de la Constitución duró casi diecisiete horas, durante las cuales fueron aprobados de uno en uno los cuatrocientos once artículos de los que consta el proyecto de Constitución. Todo está grabado, emitido en directo, y en actas. En todas sus formalidades, la aprobación del texto en Oruro fue impecable. Si la oposición no acudió –y por ello han recibido no pocas críticas desde sus mismas filas- fue porque no quiso, como demuestra la entrada cirquense de algunos constituyentes de PODEMOS en el recinto universitario vociferando sobre la ilegalidad de la reunión. Se les dejó gritar y salieron por sus propios pies.
Pero no nos llevemos a engaño: aunque el gobierno ha recobrado la iniciativa en cuestión de días, aquí nadie se da por vencido. La oposición conoce el texto; sabe que plantea mecanismos de democracia participativa que dejará las decisiones más importantes del país en manos del pueblo; que la posesión latifundista de tierras quedará prohibida; que los mecanismos de control popular serán transversales a todo el Estado; que se constitucionaliza uno de los catálogos de derechos más amplios del mundo; que se establece, a diferencia de la Constitución actual, que Sucre es la capital de Bolivia, lo que pretende solucionar un conflicto de más de un siglo; que habrá autonomías departamentales, sí, pero acompañadas de las indígenas, que no en vano han esperado cinco siglos y han dejado muchos muertos en el camino para conseguirlas. En definitiva, no es ni por asomo la Constitución que necesitan para recuperar el terreno perdido desde la victoria de la propuesta del MAS, liderada por Evo Morales.
Si algo ha quedado claro en las dos celebraciones a las que se ha hecho referencia es que han caído las máscaras; la autonomía de la media luna estaban preparadas, listas para ser declaradas de hecho apenas se constatara el fracaso anunciado de la Constituyente. Ese fracaso es el que legitimaría la autoconvocatoria de una asamblea autonómica, inicio que apunta hacia la división del país y la separación definitiva entre collas y cambas. El problemita con el que no contaba la media luna es que, finalmente, la Asamblea Constituyente entregaría su texto que, con sus errores, puede cubrir con creces las ansias de cambio de la mayoría de la población. El gobierno sólo tiene que dar a conocer la propuesta que incorpora la Constitución, convencer a los ciudadanos de su idoneidad, y esperar la victoria del “Sí” en la que será la primera Constitución votada en Bolivia. Mientras tanto, la activación de las autonomías –que no prevé la Constitución aún vigente, de 1967- es una verdadera provocación para que el gobierno active el estado de sitio y que, si se aplicara la Constitución vigente, debería quedar en poco más que un intento desesperado de resistir a los cambios democráticos que se proponen en el país.
Con la reacción de las últimas semanas, el gobierno de Evo Morales recuperó la iniciativa. Por el momento el juego ha quedado en tablas, lo que dará inicio a una nueva contienda. La próxima celebración sólo tendrá un sentido y, si vence la legalidad, conmemorará la entrada en vigor de la nueva Constitución boliviana.
Rubén Martínez Dalmau es profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València.
martinezdalmau@gmail.com
Monday, December 17, 2007
Thursday, December 13, 2007
¿Por qué tenerle miedo a la Constitución?
Ramón Rocha Monroy
Bolpress
Es curioso que la oposición se ha vuelto extremadamente formalista en sus críticas a la nueva Constitución, pues no observa hasta hoy temas de fondo; únicamente, las supuestas irregularidades con que habría sido aprobada. Pero basta leer el texto de la nueva Ley Fundamental para comprobar que expresa la mayor extensión horizontal de los ideales democráticos, en especial el concepto de pluralidad, que beneficia a todos los bolivianos.Aparte de la pluralidad, los conceptos que nutren la nueva Constitución son difícilmente rebatibles: unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, y distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, respeto por el medio ambiente.El eje más visible de la nueva Constitución es la redistribución de la economía, la política, la justicia social, el diálogo intercultural e interlingüístico. La nueva Constitución no excluye nada; al contrario, incorpora todo, en todos los niveles, no sólo reconociendo idiomas y culturas sino sistemas de propiedad, sistemas de organización social y mecanismos de toma de decisiones de orden público.En verdad, es una transacción horizontal que afecta todos los órdenes pero sin afectar a ninguno, como no sea el acaparamiento, la acumulación excesiva, la corrupción, el abuso de poder económico, político o social.¿Cómo un país pobre puede basar su prosperidad en un sistema liberal basado en la recaudación de impuestos? ¿Cómo es posible que uno pueda perder su vivienda familiar por no tener con qué pagar impuestos? Un país pobre necesita que el Estado intervenga en la economía, que respete todas las formas públicas, privadas y comunitarias de organización económica, pero que vele por el ser humano a través de subsidios. Nos han hecho creer, en mala hora, que no hay peor cosa que un Estado que subsidie. Sin embargo, hasta los defensores del neoliberalismo, que a su turno elogiaron el Bonosol, confían en las virtudes del Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad como una inyección importante a la economía que va en beneficio directo de los sectores más necesitados.Un país pobre necesita un Estado que genere riqueza, un sector público que genere empleo y que redistribuya la riqueza nacional a través de subsidios para aliviar la crónica pobreza de nuestra gente. En verdad, parecemos excombatientes de una guerra quizá más dura que la Guerra del Chaco; no tenemos seguridad laboral, no podemos vislumbrar un futuro. En esas condiciones, ¿Puede ser malo que el Estado se acuerde de nosotros a través de un código fundamental que se preocupa de los más necesitados?Hay puntos conflictivos que irán a referéndum, como el del tamaño del latifundio, que en casos reales excede lo imaginable. ¿Cómo es posible que una familia acapare extensiones más grandes que una provincia mientras el conjunto no tenemos ni un techo propio?Al margen de las observaciones formales que se hicieron, es bueno leer el texto constitucional para comprobar que no hay por qué temerle.
Bolpress
Es curioso que la oposición se ha vuelto extremadamente formalista en sus críticas a la nueva Constitución, pues no observa hasta hoy temas de fondo; únicamente, las supuestas irregularidades con que habría sido aprobada. Pero basta leer el texto de la nueva Ley Fundamental para comprobar que expresa la mayor extensión horizontal de los ideales democráticos, en especial el concepto de pluralidad, que beneficia a todos los bolivianos.Aparte de la pluralidad, los conceptos que nutren la nueva Constitución son difícilmente rebatibles: unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, y distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, respeto por el medio ambiente.El eje más visible de la nueva Constitución es la redistribución de la economía, la política, la justicia social, el diálogo intercultural e interlingüístico. La nueva Constitución no excluye nada; al contrario, incorpora todo, en todos los niveles, no sólo reconociendo idiomas y culturas sino sistemas de propiedad, sistemas de organización social y mecanismos de toma de decisiones de orden público.En verdad, es una transacción horizontal que afecta todos los órdenes pero sin afectar a ninguno, como no sea el acaparamiento, la acumulación excesiva, la corrupción, el abuso de poder económico, político o social.¿Cómo un país pobre puede basar su prosperidad en un sistema liberal basado en la recaudación de impuestos? ¿Cómo es posible que uno pueda perder su vivienda familiar por no tener con qué pagar impuestos? Un país pobre necesita que el Estado intervenga en la economía, que respete todas las formas públicas, privadas y comunitarias de organización económica, pero que vele por el ser humano a través de subsidios. Nos han hecho creer, en mala hora, que no hay peor cosa que un Estado que subsidie. Sin embargo, hasta los defensores del neoliberalismo, que a su turno elogiaron el Bonosol, confían en las virtudes del Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad como una inyección importante a la economía que va en beneficio directo de los sectores más necesitados.Un país pobre necesita un Estado que genere riqueza, un sector público que genere empleo y que redistribuya la riqueza nacional a través de subsidios para aliviar la crónica pobreza de nuestra gente. En verdad, parecemos excombatientes de una guerra quizá más dura que la Guerra del Chaco; no tenemos seguridad laboral, no podemos vislumbrar un futuro. En esas condiciones, ¿Puede ser malo que el Estado se acuerde de nosotros a través de un código fundamental que se preocupa de los más necesitados?Hay puntos conflictivos que irán a referéndum, como el del tamaño del latifundio, que en casos reales excede lo imaginable. ¿Cómo es posible que una familia acapare extensiones más grandes que una provincia mientras el conjunto no tenemos ni un techo propio?Al margen de las observaciones formales que se hicieron, es bueno leer el texto constitucional para comprobar que no hay por qué temerle.
Monday, October 15, 2007
La prohibición de Alejandro Sanz por Chávez
Pascual Serrano/Carlos Martínez
Rebelión
En el diario Clarín de Argentina titulan Por críticas a Chávez, prohíben un recital de Alejandro Sanz, en El País de España afirman que Chávez le ha prohibido actuar el 1 de noviembre en el escenario previsto, de titularidad estatal. La agencia AFP titula también Venezuela deniega una sala para un concierto de Alejandro Sanz y Europa Press Venezuela prohíbe a Alejandro Sanz actuar en Caracas por sus críticas a Chávez.
Independiente de que a Alejandro Sanz le gustase Chávez o no, lo sucedido es simplemente que el ministerio de Educación Superior no ha cedido una sala de su propiedad, el poliedro de Caracas, para el concierto. Los organizadores habían comenzado a vender las entradas sin contar con la autorización y ahora deberán buscar otra centro donde llevar a cabo el concierto. No existe ninguna prohibición para que el cantautor toque en cualquier otra sala o lugar del país, venda sus discos, o haga la campaña musical o de promoción que le de la gana. A mucha gente el gobierno de Venezuela no le cede el Poliedro, ni el de España les cede el Teatro de la Opera, ni el Real Madrid C.F. permite a cualquiera utilizar el Santiago Bernabeu, ni los gobernantes autonómicos canarios ceden el teatro Pérez Galdós. Pero sólo en el caso de Venezuela se convierte en noticia diciendo que Chávez prohíbe a un cantante.
En las mismas fechas pasó mucho más discreta la noticia de que el alcalde de Toledo, gobernado por el PSOE, denegaba el uso de un Centro Social Polivalente para I Concilio Ateo, que iba a tener lugar del 9 al 11 de noviembre del año 2007. El motivo era la presencia del acto Leo Bassi, quien ya el año pasado no pudo presentar su obra de teatro La revelación en las dependencias municipales de esta ciudad, entonces gobernada por el PP, y tuvo que hacerlo en un salón de CC.OO. A diferencia del caso Alejandro Sanz, el concilio de ateos no tenía ánimo de lucro. La misma obra de Leo Bassi fue también cancelada el pasado mes de abril y mayor por los ayuntamientos de Marchena y Utrera a pesar de ya estar contratada por la Diputación de Sevilla.
No es este el único ejemplo. En septiembre de 2003, el ayuntamiento de Murcia se negó a ceder sus instalaciones municipales al cantante Fermín Muguruza que actuaba junto a Manu Chao. Posteriormente tampoco le permitieron utilizar las instalaciones públicas, en ciudades como Valencia o Madrid.
Y todavía hay más, el pasado 20 de noviembre, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), a través de su Consejería de Educación, obligaba a suspender la celebración del Festival “Rock contra la intolerancia y por la libertad de expresión” en un centro público de la región.
Más recientemente, el 27 y 28 de septiembre de 2007, el alcalde de Puerto Lumbreras (Murcia) también impidió la actuación del grupo italiano Banda Bassotti.
Existen muchos más ejemplos de actuaciones o actos públicos que han tenido problemas o impedimentos para llevarse a cabo en España como la proyección de la película de Julio Medem, “La pelota vasca”, el veto al grupo “Las niñas” a tocar en la televisión pública la canción “No a la guerra” durante el gobierno Aznar o la interrupción de la emisión también en TVE cuando los participantes del concurso Operación Triunfo corearon “no a la guerra”, también en las mismas fechas.
No recordamos que todas esas informaciones fueran destacadas por la gran prensa y tituladas como prohibiciones, como se ha hecho ahora con el concierto de Alejandro Sanz en Caracas. Una vez más, es el doble rasero cuando se trata de informar de Venezuela.
Rebelión
En el diario Clarín de Argentina titulan Por críticas a Chávez, prohíben un recital de Alejandro Sanz, en El País de España afirman que Chávez le ha prohibido actuar el 1 de noviembre en el escenario previsto, de titularidad estatal. La agencia AFP titula también Venezuela deniega una sala para un concierto de Alejandro Sanz y Europa Press Venezuela prohíbe a Alejandro Sanz actuar en Caracas por sus críticas a Chávez.
Independiente de que a Alejandro Sanz le gustase Chávez o no, lo sucedido es simplemente que el ministerio de Educación Superior no ha cedido una sala de su propiedad, el poliedro de Caracas, para el concierto. Los organizadores habían comenzado a vender las entradas sin contar con la autorización y ahora deberán buscar otra centro donde llevar a cabo el concierto. No existe ninguna prohibición para que el cantautor toque en cualquier otra sala o lugar del país, venda sus discos, o haga la campaña musical o de promoción que le de la gana. A mucha gente el gobierno de Venezuela no le cede el Poliedro, ni el de España les cede el Teatro de la Opera, ni el Real Madrid C.F. permite a cualquiera utilizar el Santiago Bernabeu, ni los gobernantes autonómicos canarios ceden el teatro Pérez Galdós. Pero sólo en el caso de Venezuela se convierte en noticia diciendo que Chávez prohíbe a un cantante.
En las mismas fechas pasó mucho más discreta la noticia de que el alcalde de Toledo, gobernado por el PSOE, denegaba el uso de un Centro Social Polivalente para I Concilio Ateo, que iba a tener lugar del 9 al 11 de noviembre del año 2007. El motivo era la presencia del acto Leo Bassi, quien ya el año pasado no pudo presentar su obra de teatro La revelación en las dependencias municipales de esta ciudad, entonces gobernada por el PP, y tuvo que hacerlo en un salón de CC.OO. A diferencia del caso Alejandro Sanz, el concilio de ateos no tenía ánimo de lucro. La misma obra de Leo Bassi fue también cancelada el pasado mes de abril y mayor por los ayuntamientos de Marchena y Utrera a pesar de ya estar contratada por la Diputación de Sevilla.
No es este el único ejemplo. En septiembre de 2003, el ayuntamiento de Murcia se negó a ceder sus instalaciones municipales al cantante Fermín Muguruza que actuaba junto a Manu Chao. Posteriormente tampoco le permitieron utilizar las instalaciones públicas, en ciudades como Valencia o Madrid.
Y todavía hay más, el pasado 20 de noviembre, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), a través de su Consejería de Educación, obligaba a suspender la celebración del Festival “Rock contra la intolerancia y por la libertad de expresión” en un centro público de la región.
Más recientemente, el 27 y 28 de septiembre de 2007, el alcalde de Puerto Lumbreras (Murcia) también impidió la actuación del grupo italiano Banda Bassotti.
Existen muchos más ejemplos de actuaciones o actos públicos que han tenido problemas o impedimentos para llevarse a cabo en España como la proyección de la película de Julio Medem, “La pelota vasca”, el veto al grupo “Las niñas” a tocar en la televisión pública la canción “No a la guerra” durante el gobierno Aznar o la interrupción de la emisión también en TVE cuando los participantes del concurso Operación Triunfo corearon “no a la guerra”, también en las mismas fechas.
No recordamos que todas esas informaciones fueran destacadas por la gran prensa y tituladas como prohibiciones, como se ha hecho ahora con el concierto de Alejandro Sanz en Caracas. Una vez más, es el doble rasero cuando se trata de informar de Venezuela.
Thursday, September 13, 2007
11 de septiembre: cinturón de mentiras
Alejandro Nadal
La Jornada
En tiempos de guerra la verdad es tan importante que debe estar protegida por un cinturón de mentiras, dijo Winston Churchill. Hoy esta frase se aplica con más precisión que nunca a la “guerra contra el terror” emprendida por Washington.
Los medios en Estados Unidos han seguido calificando los atentados del 9/11 como el peor crimen en la historia de ese país. Lo extraño es que nunca hubo una investigación criminal y los tres estudios del gobierno federal para “aclarar” lo acontecido se llevaron a cabo por instancias que no dependen del Poder Judicial: la Agencia Federal para Emergencias (FEMA), el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (NIST) y la Comisión Nacional para Investigar el 9/11 (CN911).
Ninguna de estas instituciones tenía atribuciones para realizar una investigación de índole criminal o penal. Así, de entrada, el rigor de la investigación forense fue reemplazado por un proceso que ya tenía el resultado, antes de comenzar a trabajar. Lo único que se necesitaba era describir los hechos para hacerlos aparecer como compatibles con las conclusiones prefabricadas.
En contraste, una parte de la comunidad científica en Estados Unidos ha seguido su propio camino, realizando investigaciones cada vez más rigurosas con un punto de partida distinto. Estas investigaciones confrontan la versión oficial con datos como la composición química de muestras de polvo y metal, experimentos sobre el comportamiento de los componentes estructurales, registros sismográficos, grabaciones sonoras, imágenes de los derrumbes y testimonios. Los resultados revelan que la versión oficial no sirve para explicar lo que sucedió ese día. Y cuando una teoría no sirve para explicar un evento, debe ser modificada o desechada.
¿Qué dicen los tres estudios oficiales? El estudio más deficiente es el de la Comisión Nacional para el 9/11 , que ni menciona el colapso del WTC 7, una construcción de 47 pisos situada a cien metros de la torre norte. El WTC 7 no recibió el impacto de un avión, pero se colapsó (y se hizo polvo) a las 5:30 pm de ese fatídico día. En otros aspectos, la CN911 reenvía a los estudios del NIST y FEMA. Este último estudio adolece de muchos otros defectos. El más importante es afirmar que el núcleo de las torres gemelas era un cubo vacío en el que se localizaban los elevadores.
El estudio más detallado es el de NIST. Su tesis central es que los amarres de las lozas de concreto a las 47 columnas de acero de la estructura medular fallaron (en los pisos impactados) y al ceder precipitaron el desplome. Pero esta conjetura es contradicha por experimentos independientes. Lo más grave es que NIST sólo cubre los acontecimientos hasta “el punto en que las torres gemelas estaban listas para su colapso”. Toda la evidencia relacionada con la dinámica desplegada en el momento de los derrumbes (velocidad del desplome, composición de residuos y escombros, temperaturas) es ignorada por NIST. Esa es una laguna extraordinaria.
¿Qué dicen las investigaciones independientes? Primero, los componentes estructurales no pudieron fundirse o debilitarse por los impactos e incendios, porque las temperaturas alcanzadas en el siniestro nunca llegaron al rango necesario para fundir o debilitar la estructura de acero. Segundo, la velocidad de los derrumbes se aproxima al de una caída libre. Eso quiere decir que las miles de toneladas de acero y concreto por debajo de los pisos dañados no ofrecieron ninguna resistencia a los pisos de arriba, algo nunca observado fuera de eventos de demolición controlada.
Tercero, las imágenes de la torre sur (WTC 2) muestran un flujo de metal fundido, color amarillo y anaranjado, saliendo de una ventana en el piso ochenta. Algunos medios lo atribuyeron al “acero fundido” en el incendio. Pero el estudio de NIST reconoce que el incendio no pudo fundir la estructura de acero y atribuye el material incandescente al aluminio fundido del avión. Experimentos independientes revelan que el color del aluminio fundido es plateado, no amarillo o anaranjado como el de las imágenes. NIST acepta esa crítica y acepta que “debe haber otra explicación para ese metal fundido”.
Experimentos de científicos independientes, así como las imágenes de los edificios, apuntan hacia una hipótesis diferente: en el WTC se utilizó un explosivo llamado termita con base en polvo de aluminio y algún oxidante (si se añade azufre esta mezcla puede cortar acero como mantequilla en segundos). Esta hipótesis está apoyada por el análisis de muestras de concreto y de metales encontrados en departamentos cercanos a las torres gemelas. El uso de estos explosivos puede explicar la velocidad de caída de los edificios, el flujo de metal fundido (la termita tiene los colores de las imágenes del WTC 2), la pulverización del concreto y las altas temperaturas y presencia de material incandescente en los escombros durante tres semanas después del 9/11 (la termita contiene su propio oxidante). Sin duda, el empleo de termita es una hipótesis mucho más robusta que las conjeturas oficiales repetidas incansablemente por los medios, pero nunca verificadas con experimentos o análisis de muestras.
El indicio más claro de que la verdadera conspiración del 11 de septiembre está más cerca de la Casa Blanca y del Pentágono reside en la desaparición de las evidencias que debieron ser usadas en una investigación forense. En Estados Unidos es un delito federal manipular evidencia de la escena de un crimen. Pero en el caso del peor crimen en la historia de ese país casi toda la evidencia relevante fue retirada y destruida por las mismas autoridades.
Así llegamos a un hecho extraordinario e incontrovertible: nunca hubo una investigación forense en el caso del colapso del World Trade Center. Alguien está pudriéndose en sus mentiras.
La Jornada
En tiempos de guerra la verdad es tan importante que debe estar protegida por un cinturón de mentiras, dijo Winston Churchill. Hoy esta frase se aplica con más precisión que nunca a la “guerra contra el terror” emprendida por Washington.
Los medios en Estados Unidos han seguido calificando los atentados del 9/11 como el peor crimen en la historia de ese país. Lo extraño es que nunca hubo una investigación criminal y los tres estudios del gobierno federal para “aclarar” lo acontecido se llevaron a cabo por instancias que no dependen del Poder Judicial: la Agencia Federal para Emergencias (FEMA), el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (NIST) y la Comisión Nacional para Investigar el 9/11 (CN911).
Ninguna de estas instituciones tenía atribuciones para realizar una investigación de índole criminal o penal. Así, de entrada, el rigor de la investigación forense fue reemplazado por un proceso que ya tenía el resultado, antes de comenzar a trabajar. Lo único que se necesitaba era describir los hechos para hacerlos aparecer como compatibles con las conclusiones prefabricadas.
En contraste, una parte de la comunidad científica en Estados Unidos ha seguido su propio camino, realizando investigaciones cada vez más rigurosas con un punto de partida distinto. Estas investigaciones confrontan la versión oficial con datos como la composición química de muestras de polvo y metal, experimentos sobre el comportamiento de los componentes estructurales, registros sismográficos, grabaciones sonoras, imágenes de los derrumbes y testimonios. Los resultados revelan que la versión oficial no sirve para explicar lo que sucedió ese día. Y cuando una teoría no sirve para explicar un evento, debe ser modificada o desechada.
¿Qué dicen los tres estudios oficiales? El estudio más deficiente es el de la Comisión Nacional para el 9/11 , que ni menciona el colapso del WTC 7, una construcción de 47 pisos situada a cien metros de la torre norte. El WTC 7 no recibió el impacto de un avión, pero se colapsó (y se hizo polvo) a las 5:30 pm de ese fatídico día. En otros aspectos, la CN911 reenvía a los estudios del NIST y FEMA. Este último estudio adolece de muchos otros defectos. El más importante es afirmar que el núcleo de las torres gemelas era un cubo vacío en el que se localizaban los elevadores.
El estudio más detallado es el de NIST. Su tesis central es que los amarres de las lozas de concreto a las 47 columnas de acero de la estructura medular fallaron (en los pisos impactados) y al ceder precipitaron el desplome. Pero esta conjetura es contradicha por experimentos independientes. Lo más grave es que NIST sólo cubre los acontecimientos hasta “el punto en que las torres gemelas estaban listas para su colapso”. Toda la evidencia relacionada con la dinámica desplegada en el momento de los derrumbes (velocidad del desplome, composición de residuos y escombros, temperaturas) es ignorada por NIST. Esa es una laguna extraordinaria.
¿Qué dicen las investigaciones independientes? Primero, los componentes estructurales no pudieron fundirse o debilitarse por los impactos e incendios, porque las temperaturas alcanzadas en el siniestro nunca llegaron al rango necesario para fundir o debilitar la estructura de acero. Segundo, la velocidad de los derrumbes se aproxima al de una caída libre. Eso quiere decir que las miles de toneladas de acero y concreto por debajo de los pisos dañados no ofrecieron ninguna resistencia a los pisos de arriba, algo nunca observado fuera de eventos de demolición controlada.
Tercero, las imágenes de la torre sur (WTC 2) muestran un flujo de metal fundido, color amarillo y anaranjado, saliendo de una ventana en el piso ochenta. Algunos medios lo atribuyeron al “acero fundido” en el incendio. Pero el estudio de NIST reconoce que el incendio no pudo fundir la estructura de acero y atribuye el material incandescente al aluminio fundido del avión. Experimentos independientes revelan que el color del aluminio fundido es plateado, no amarillo o anaranjado como el de las imágenes. NIST acepta esa crítica y acepta que “debe haber otra explicación para ese metal fundido”.
Experimentos de científicos independientes, así como las imágenes de los edificios, apuntan hacia una hipótesis diferente: en el WTC se utilizó un explosivo llamado termita con base en polvo de aluminio y algún oxidante (si se añade azufre esta mezcla puede cortar acero como mantequilla en segundos). Esta hipótesis está apoyada por el análisis de muestras de concreto y de metales encontrados en departamentos cercanos a las torres gemelas. El uso de estos explosivos puede explicar la velocidad de caída de los edificios, el flujo de metal fundido (la termita tiene los colores de las imágenes del WTC 2), la pulverización del concreto y las altas temperaturas y presencia de material incandescente en los escombros durante tres semanas después del 9/11 (la termita contiene su propio oxidante). Sin duda, el empleo de termita es una hipótesis mucho más robusta que las conjeturas oficiales repetidas incansablemente por los medios, pero nunca verificadas con experimentos o análisis de muestras.
El indicio más claro de que la verdadera conspiración del 11 de septiembre está más cerca de la Casa Blanca y del Pentágono reside en la desaparición de las evidencias que debieron ser usadas en una investigación forense. En Estados Unidos es un delito federal manipular evidencia de la escena de un crimen. Pero en el caso del peor crimen en la historia de ese país casi toda la evidencia relevante fue retirada y destruida por las mismas autoridades.
Así llegamos a un hecho extraordinario e incontrovertible: nunca hubo una investigación forense en el caso del colapso del World Trade Center. Alguien está pudriéndose en sus mentiras.
Friday, August 10, 2007
La palabra que mata
La información como arma de guerra
por Stella Calloni*
por Stella Calloni*
América Latina está siendo invadida silenciosamente en varios frentes: político, económico, militar, científico, cultural, lo que tiene un centro coordinador común: los medios masivos de comunicación, en momentos en que la información se ha transformado en un arma de destrucción masiva. En los permanentemente renovados esquemas de seguridad nacional de Estados Unidos, la manipulación informativa se ha convertido en el arma más poderosa que antecede al disparo de los misiles y a los bombardeos.
Ahora la palabra mata, oculta crímenes brutales bajo envolturas de mensajes muy bien preparados, en diseños de guerras reales y cibernéticas, con comandos especializados, con criminales atípicos, que no llevan armas sino discursos mediáticos tan destructivos como un misil.
Porque el periodismo actual debe entender que si la palabra mata, o sirve a los más brutales diseños de genocidio o exterminios masivos-cuyo mejor y trágico ejemplo es hoy Irak- el que dispara esa palabra que matará, es tan criminal como el que deja caer la bomba asesina, sobre todo aquellos que está bajo fuego del terrorismo de Estado mundial.
Los nuevos diseños de seguridad nacional estadounidense, trazados mucho antes de los atentados que desplomaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 extienden las fronteras seguras del poder hegemónico a todo el mundo, sin consideración alguna de legalidad, soberanía, o razones humanitarias o morales. Ese hecho fue absolutamente funcional para las necesidades geoestratégicas de poner en marcha los trazados de Guerras de Baja, Mediana y Alta Intensidad remozados en los años 90.
En su momento, Adolf Hitler, bajo los enunciados de la doctrina de “fronteras seguras” como modelo de la expansión nazi avanzó sobre todo lo que lo rodeaba o lo que consideraba debía controlar en nombre de la seguridad de Alemania.
Ahora con la misma concepción nazi, Estados Unidos y sus asociados definen una guerra infinita, sin fronteras, sin leyes, sin control, que abarca a todo el mundo, convertido en su también “infinita” frontera de seguridad.
Y detrás- lo dicen también abiertamente como en estos días lo reconoció el gobierno de Australia, participante del genocidio iraquí- están las necesidades cada vez más acuciantes de recursos naturales, que el capitalismo en su perverso esplendor dilapida sin control.
Los medios privados y la incitación al genocidio
Recientemente se publicó el informe “Los medios y el genocidio de Rwanda” editado por Allan Thompson (2007), donde se cita una declaración de Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, publicado por el Centro Internacional de u Investigación y Desarrollo de Canadá. Precisamente Annan hablando en la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Carleton en Ottawa, durante la celebración de una reunión sobre “Los Medios( de comunicación) y el Genocidio de Rwanda” denunció que estos “fueron usados” en ese país “para diseminar odio, deshumanizar a la gente, y más aún para guiar a los genocidas hacia sus víctimas. Tres periodistas y propietarios de medios han sido encontrados culpables de Genocidio por el Tribunal Criminal Internacional para Rwanda, y también de incitación al genocidio, conspiración y de cometer crímenes contra la humanidad. Debemos encontrar una vía para responder a tales abusos de poder...”
También sostuvo que “No puede haber asunto mas importante, ni obligación más apremiante que la prevención del genocidio.”
Esta declaración de Annan fue silenciada a nivel mundial, de la misma manera que se silenció el castigo de la justicia a los medios de comunicación y periodistas que participaron en la Operación Colombo, de contrainsurgencia que planeó la dictadura de Augusto Pinochet con la CIA, los escuadrones de la muerte de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y sectores de inteligencia y seguridad del gobierno argentino de entonces (1975).
La prensa y periodistas chilenos, y también argentinos, fueron claves para este engendro contrainsurgente de Guerra Sucia, que significó la Operación Colombo. Se trataba de un plan para engañar a la ONU que le reclamaba por una lista de 119 personas desaparecidas. Entonces se decidió que harían aparecer cadáveres (cinco) en Argentina en distintos lugares, a los que se colocó entre las ropas documentos falsos, que tenían el nombre de cinco de los chilenos que demandaba la ONU.
Pero además escritos y pancartas donde supuestamente se trataba de una “venganza” del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, es decir que los presuntos exilados se estaban peleando entre sí. Por otra parte se armó un conjunto de informaciones en medios de Argentina, Brasil y México, que debían ser “tomadas” por la prensa chilena-entre ellos el diario El Mercurio”- mintiendo sobre enfrentamientos con militares en la zona de la frontera argentino chilena, entre grupos de guerrillas que supuestamente intentaban entrar a Chile, en los cuáles habían muerto alrededor de 60 chilenos, también de la lista de la ONU .
Esta información apareció entre otros medios en el diario O’Día de Brasil, al que se le entregó una buena suma de dinero cuando estaba en quiebra en ese año. En Argentina los hombres de José López Rega publicaron por una sola vez la revista “Lea” donde la presidente Isabel Perón manifestó estar “asqueada” por la peleas en que “se estaban matando los izquierdistas” chilenos. Cómo se comprobó todo era falso.
Lo cierto es que todos los de la lista estaban desaparecidos en Chile y hasta ahora nadie sabe a quien pertenecían los cadáveres encontrados en la Argentina. Seguramente a algunos de los desaparecidos en este país en tiempos de la “Triple A”.
En el caso de Rwanda, Allan Thompson, señala en la presentación del libro que los medios de comunicación a los que definió como “Los medios del odio en Rwanda—a través de sus periodistas, locutores y ejecutivos—jugaron un rol instrumental en el establecimiento de las bases para el genocidio, luego participaron activamente en la campaña de exterminación”.
También evaluó el veredicto de culpabilidad emitido por el Tribunal del Crimen Internacional en el juicio a los medios de comunicación en Rwanda y sostuvo que “el propósito de revisar el rol de los medios en el genocidio de Rwanda no es sólo para recordar. Aún tenemos mucho que aprender sobre este particular y examinar la manera en que periodistas y empresas de medios se condujeron durante la tragedia y esto no es solo un ejercicio histórico. Tristemente, da la impresión que no hemos discernido ni entendido completamente las lecciones de Rwanda.”
Todo comenzó aquel 6 de abril de 1994 cuando el avión del presidente de Rwanda Juvenal Habyarimana se estrelló por la acción de un grupo no identificado y el mandatario murió, precisamente cuando se había logrado firmar la paz en Arusha, Tanzania en 1993 entre una población mayoritaria Hutu y la minoría Tutsi y había sido enviada al lugar una fuerza de paz internacional.
El 18 de abril de 1994 el país había entrado en el caos. Pero como señala el informe publicado en Canadá, nadie mencionó la existencia de una “tercera fuerza” de opositores extremistas pertenecientes a los Hutu que no aprobaban el acuerdo firmado y no estaban interesados en la paz.
Habría que agregar que estaban movidos por otros intereses. Los medios locales-también movidos por una mano externa- dijeron que los culpables de la muerte del presidente eran los Tutsi y casi de inmediato comenzaron os asesinatos ya en la misma noche del 6 de abril. Miles y miles de Rwandaneses fueron asesinados por escuadrones de la muerte que lanzaban granadas en todos los lugares y refugios. “Los asesinos cortaban el talón de Aquiles de sus victimas para luego regresar y finalizar su trabajo más tarde. Profesores mataron estudiantes, vecinos asesinaron vecinos” señaló el informe.
“En el año 2003, el veredicto en el Juicio a los Medios de los ejecutivos de la estación RTLM y el periódico Kangura, el Tribunal Criminal Internacional para Rwanda confirmó sin ninguna duda el rol de los Medios privados de comunicación en los asesinatos(...)demonizando a los Tutsi y acusándolos de poseer inherentemente condiciones diabólicas”, igualando grupos étnicos con “el enemigo y presentando sus mujeres como seductores agentes enemigos, los medios llamaron a la exterminación de los grupos étnicos Tutsi como una respuesta a la amenaza política que ellos asociaban con esta etnia” (Veredicto del tribunal 2003: párrafo 72)
Más aún Thompson estima “que gran parte de la matanza hubiera podido evitarse de no haber sido por el papel jugado por los medios” y que de ”alguna manera ellos encendieron la llama y periodistas internacionales desentendidos de a tragedia tomaban estas informaciones, mientras la mayoría de los medios del mundo hacían silencio sobre Rwanda”.
De esta manera mediante su “ausencia” los periodistas contribuyeron “con el comportamiento de los perpetradores del genocidio, lo cuales fueron empujados por la apatía mundial y actuaron con total impunidad” Y eso sucedió durante 13 años.
En ese mismo trabajo de Thompson, el General Canadiense Roméo Dallaire, en el comando de las tropas de las Naciones Unidas estacionadas en Rwanda para el momento del genocidio, argumentó que “los medios del odio funcionaron esencialmente como la pista del genocidio y fueron usados como armas de destrucción. Señala igualmente que los medios de comunicación internacionales “influenciaron los eventos con su ausencia facilitando el proceso cuando los medios del odio localmente fomentaron el genocidio”.
Thompson terminó su trabajo con un grito “de la humanidad” a los periodistas para que asuman sus responsabilidades. “La cruel realidad es que después de todos estos años, escasamente comenzamos a aprender la lección de Rwanda”.
Si he citado la tragedia de Rwanda es para preguntar ¿qué nos recuerda todo esto, mientras el mundo mira impasible el genocidio que cometen los invasores y ocupantes de Irak, contra el pueblo de ese país?. En Rwanda los tutsis fueron marcados como el mal y fue suficiente para justificar su exterminio y llevar a una guerra cruel. Irak y Afganistán fueron señalados en la lista de los llamados “ejes del mal”, y los periodistas mayoritariamente se prestaron a la confabulación más grosera de la mentira. Los medios mintieron a sabiendas que cada palabra mataba a centenares de seres humanos. ¿Quien los castiga?
Nunca como ahora el periodismo fue utilizado como un arma de destrucción masiva de infinita reproducción, ya que una sola potencia y sus comerciantes de la información controlan los medios y, a nivel de nuestros países los medios locales, que no lo son aunque se autonombren como nacionales, ya que se trata simplemente reproductores conscientes de ese esquema de desinformación que lleva la muerte y la destrucción al mundo.
Panamá: un hito
En 1989 la invasión a Panamá marcó un hito sobre lo que vendría. La manipulación informativa sobre “las razones” que adujo Estados Unidos para invadir un pequeño país de poco más de dos millones de habitantes, dividido en dos por un enclave colonial que la potencia hegemónica mantenía desde principios del siglo pasado, eran tan increíbles y burdas, que aún es imposible entender cómo se paralizó América Latina.
Los medios estadounidenses mantuvieron la atención mundial sobre los sucesos en Rumania y la visión televisiva desde Panamá fueron trazadoras de luces, mientras se cometía la atroz invasión con aviones, barcos, tropas, que salían desde las bases del Comando Sur, es decir desde el propio territorio panameño. Ha sido uno de los actos de mayor cobardía, considerando que Panamá tenía fuerzas armadas incipientes (en formación) y sin ningún tipo de armas para resistir una invasión incluso mucho menor que la que sucedió.
Hasta hoy el mundo en su totalidad ignora que allí murieron miles de personas, que se arrasó un país sin defensas, sometido antes a una de las más descarnada campaña de manipulación y desinformación masiva. Esto se continuó con el ocultamiento de las armas de destrucción masiva que se probaron en ese país, al que alguien llamó con toda razón “la Guernica” de América.
También se ocultaron las víctimas, el robo y depredación de las tropas estadunidenses, las tumbas colectivas que mucho después aparecieron sin que nada o muy poco se informara en el mundo.
Un jefe de gobierno, el general Manuel Antonio Noriega, fue llevado cautivo a Estados Unidos como prisionero de guerra y juzgado por un tribunal ya preparado para dar un veredicto inamovible, sin posibilidad alguna de defensa, en lo que resultó una burla para la justicia del mundo y la legalidad internacional.
Esto impulsó luego fácilmente la llamada operación “Tormenta del desierto” en 1990-1991, donde se movilizó una coalición internacional para supuestamente obligar a Irak a retirarse de Kuwait, empleando varias de las armas y equipos como los aviones silenciosos probados en Panamá.
En ambos casos los medios informativos con el modelo de la noticia continuada y al momento implantado por CNN, impusieron como verdad única e indiscutible la información que proveía el Pentágono estadounidense: es decir la mentira elaborada en oficinas cerradas, por los miles de publicistas, sicólogos, periodistas, y demás que trabajan para formatear y dar pautas de acción sicológica que lleven a captar “mentes y corazones” a nivel nacional(Estados Unidos) y mundial.
La llamada Guerra del Golfo fue transmitida por los medios estadounidenses como CNN, y el resto de los medios masivos se habían convertido en simples repetidores a nivel mundial. Es decir Estados Unidos y sus asociados podían actuar con las manos desatadas y sin ningún control, porque los medios masivos de comunicación en el mundo, salvo raras excepciones que además sólo tienen un escaso radio de influencia, transmitían los partes del Pentágono, conformados como información.
De esta manera todo el dispositivo de propaganda que Estados Unidos armó durante la Guerra Fría cuando lo usaba para su combate con la entonces Unión Soviética, fue globalizado y después de la caída de la URSS, simplemente, sin competencia alguna, sin ninguna contención, avanzó sobre el mundo.
El estudio de todo los realizado por los medios masivos de comunicación, por el periodismo ”bien pagado”, por los periodistas cooptados ya sea por salarios o incentivando su vanidad con premios sustanciosos, o por el hecho de ser publicitados como “los mejores” por ese poder mundial, nos pondrían ante una verdadera galería del horror.
Ese poder siniestro y sigiloso está a la caza de periodistas- y nunca como en estos tiempos- que bien le sirvan para echar a andar abrir con “palabras que matan” el plan de muerte y desolación.
Ya en los años 90, en los nuevos trazados de la Guerra de Baja Intensidad que superó el clásico esquema contrainsurgente militar de sus inicios, para llevar la contrainsurgencia sin límite alguno a lo político, económico, social , cultural, los enemigos eran el narcotráfico, el terrorismo, el narcoterrorismo, las insurgencias presuntamente ligados a estos, previendo conflictos sociales de envergadura, resurgimientos indígenas y campesinos, como una respuesta al plan neoliberal sin anestesia que se impondría al mundo.
Uno de los planes estratégicos prioritarios fue el apoderamiento de todos los medios masivos de comunicación concentrados bajo un poder central y asegurarse el control absoluto de las nuevas tecnologías. Esto significaba asegurar el primer golpe de la guerra que ya en los años 90 se trazaba como lo que es ahora, sin límites, sin fronteras, sin legalidad alguna.
Como lo han señalado varios analistas, entre ellos Thierry Meyssan, en Francia, bien sirvió el concepto de “información contínua” por la forma en que difunde imágenes en forma inmediata y esto hace que los televidentes crean que están absolutamente informados, cuando sólo se le muestran hechos registrados al momento, pero ya manipulados en la forma como se registran y en la elección del lenguaje que oculta la desinformación.
El espectador común piensa “lo estamos viendo en directo, no es falso, porque lo estamos viendo en el momento en que sucede” pero por supuesto es una sensación falsa y trágica.
En realidad esto lo pone ante un hecho que sucede en un lugar o en otro, pero no sabe que hay detrás, cuál es el contenido real de lo que está viendo aparentemente “in situ”. Como dice Meyssan “esto es la negación del periodismo” un oficio que “de hecho consiste en distanciarse de un acontecimiento para analizarlo, seleccionar los hechos más relevantes, confirmar las fuentes, verificar las imputaciones y emitir un criterio”.
El periodismo no es una técnica de descripción, sino un arte de la comprensión. “Lejos de garantizar la verdad, la inmediatez la hace vulnerable a las apariencias y a los prejuicios”.
Si se añade que “esa información continúa” está en manos del mismo poder que mata, entonces lo que vemos es en general una visión deformada al minuto por los esquemas en que se orienta el tipo de información que se dará.
Que hay fugas, las hay, pero son infinitamente menores a lo que logrará el equipo mundial de desinformación en su tarea de ocultar y deformar la realidad.
El ocultamiento, silencio, olvido y complicidad en lo actuado contra la ex Yugoslavia, facilitó el camino hacia las operaciones «Libertad Infinita» contra Afganistán, cuya invasión y ocupación, aún siguen siendo un agujero negro en la información, ya que ni siquiera existe una movilización de derechos humanos ante los terribles crímenes de lesa humanidad cometidos y que se siguen cometiendo contra esa población. La cortina de silencio sigue allí, tapando el crimen sobre el crimen.
La invasión a Irak bajo el argumento de liberar ese país de “una tiranía” que a su vez amenazaba al mundo “con armas de destrucción masiva” y alimentaba al terrorismo, todo lo cuál era falso, pareció vivirse minuto a minuto.
El reconocimiento de que estos argumentos eran falsos no paró ni la ocupación ni la destrucción masiva de ese país, donde ya rondan casi el millón de muertos, sin contar los miles de discapacitados, huérfanos, mujeres violadas, refugiados. En el 2003 no había nación en el mundo que no supiera que Irak estaba fundido, por el brutal bloqueo que llevaba más de una década. Las armas eran obsoletas para resistir semejante ofensiva.
Aunque como siempre les ha sucedido, la mentira también los engañó a los ocupantes que nunca imaginaron una resistencia cómo la que desarrolló el pueblo iraquí en su conjunto.
Cualquier analista de medios debía preguntarse ¿ no es curioso que el pueblo iraquí que resiste a la mayor potencia del mundo y sus poderosos aliados que cuentan con ejércitos de mercenarios para los trabajos más sucios, no pudo derrocar a un dictador, si consideraba así al gobierno de Saddam Hussein?
Otro ejemplo cercano de la criminalidad de los medios de comunicación al servicio del nuevo esquema de seguridad estadounidense, se vio en Venezuela, cuando durante el golpe de Estado de abril de 2002 financiado por organismos de seguridad de Estados Unidos y dirigido desde Washington contra el presidente Hugo Chávez de Venezuela, los medios privados masivos de comunicación fueron no sólo el ariete que abrió el camino a los golpistas, sino que participaron activamente minuto a minuto en este hecho, que dejó decenas de víctimas.
Un estudio realizado por diversos investigadores de Europa y América Latina, se convirtió en un verdadero modelo de laboratorio de observación del papel cumplido por los medios en ese país, que nunca fueron castigados a pesar de que su actividad dejó innumerables víctimas y un golpe a los difíciles intentos realmente democráticos del continente. También en Venezuela en este año 2007 los grandes medios y sus repetidores convirtieron la simple decisión legal de un gobierno de Chávez de no renovar la concesión a una señal de televisión de RCTV- un monopolio que sigue utilizando una buena parte del espacio radioeléctrico venezolano y es dueño de una cantidad de otros medios, radios, prensa escrita, canales de cable, empresas de telenovelas- en un cierre que “atenta contra la libertad de expresión”. Sin más información que esta ,repetida por todos los medios asociados, un grupo de senadores en Brasil condenó la decisión del gobierno venezolano, violando el respeto a la autodeterminación de los pueblos con un paso de injerencia inadmisible sobre un país hermano. Nadie se preocupó en conocer la raíz de la cuestión.
Pero si consideramos que esta campaña mediática tenía como finalidad tratar de que la Organización de Estados Americanos (OEA) condenara al gobierno de Chávez -como se vio en los intentos de Estados Unidos en la reunión de esa organización- se podría considerar que se estaba apoyando el camino de una intervención mayor sobre Venezuela, con las consecuencias que se derivaran de esto.
Impunidad
Estamos constantemente hablando de estos sucesos, de temas como las consecuencias de la enorme concentración del poder en los medios de comunicación. Tenemos cifras, datos incuestionables, denuncias que vienen desde hace tiempo en distintos congresos, pero en este punto hay es escasa la reflexión sobre qué hacer frente a esta ofensiva mediática, mucho más peligrosa a partir de que la información es parte clave del engranaje del nuevo esquema de seguridad del trazado imperial.
Es en estos momentos donde se puede ver con mayor claridad, cómo se ha logrado anular la conciencia de buena parte de las sociedades, en especial de las clases con mayor poder de consumo. Pero también existe impunidad en el tipo de programaciones similares que impusieron los medios privados. Estos programas se diseñan en las oficinas mismas donde se trazan las contrainsurgencias, las políticas de control, que incluyen todo tipo de espionaje como el electrónico, entre otros.
Desde esas oficinas en Washington se diseñan programas de destrucción cultural para los pueblos de aquellos territorios sobre los que se han elaborado planes de reconquista colonial, como sucede con América Latina y otros países del llamado Tercer Mundo.
Por una parte la impunidad protege a todos esos medios y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que no es nada más ni nada menos que una asociación de dueños o testaferros de los verdaderos dueños de los medios masivos de comunicación, es la encargada de dar el primer paso, cuando Washington realizará una embestida sobre algún gobierno “inconveniente” a sus intereses.
La SIP también es responsable de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido contra los pueblos del continente, así como de intervenciones militares y de la implantación de dictaduras. Un libro blanco sobre su actuación en el continente a partir de su alianza con la CIA de Estados Unidos, sería una verdadera galería de horrores.
Entre los programas de destrucción cultural o de experimentos para convertir a una sociedad en fácilmente manejable para los fines coloniales o neocoloniales podemos ver algunos de gran difusión a lo largo de toda América en estos tiempos, pero que también alcanzan a los países del llamado Primer Mundo. Un ejemplo de esto son las telenovelas de facturas degradantes o programas como “Gran hermano” o el famoso “Bailando por un sueño”.
Gran Hermano no es sino una experiencia similar al encierro de un grupo de ratas en una enorme caja en el espacio de un laboratorio para estudiar cómo sobreviven, los mecanismos de esa sobrevivencia, la desesperada carrera por la comida o por ganar espacios. Esto permite estudiar los diversos estímulos que pueden aplicarse para conocer las reacciones de un grupo o de una sociedad determinada.
En Gran Hermano como en Bailando por un Sueño, se enseña que toda humillación vale si alguien puede ganar algo. No importa cuanto se degrade cada uno de los participantes.
Después de todo el colonialismo se implanta mejor y sin mayores problemas sobre una población acostumbrada a la humillación o degradada al punto de la inmovilidad. El “buen aliciente” es la competencia brutal. El que juega a ganar y abandona todos sus principios de convivencia y solidaridad, gana. No importa en ese juego lo que haya que hacer, ni las humillaciones a las que un ser humano es sometido festivamente. Instalar apetencias por una fama que dura lo que una vela encendida es un modelo del sistema.
Sin embargo también hay que decir algo sobre lo que no se habla.
Y es la fuga de información de ese sistema orwelliano de control que ejercen Estados Unidos y sus socios. El fracaso de ese gran aparato del poder se ha visto en América Latina, donde la ola de transformaciones políticas y sociales logran vencer los mecanismos de la contrainsurgencia mediática brutal que se nos aplica.
Si ese conglomerado de medios en manos de la potencia que se revela como una dictadura mundial, y practica el terrorismo de Estado a nivel universal, hubiera sido tan efectivo en sus accionar no tendríamos presidentes como Hugo Chavez, Evo Morales, Rafael Correa sólo para citar a los que estuvieron en la línea de ataque más duro de la Guerra de Baja Intensidad mediática de los medios masivos en los últimos años.
Es una necesidad histórica exponer ante el mundo cómo ese temible aparato de poder fue vencido por la voluntad simple de los pueblos, muchos de los cuáles están a salvo de la brutalidad de la información para la guerra y el control, gracias a que han mantenido sus antiguas culturas, valores, principios.
Nadie creía-y especialmente entre algunos intelectuales, cuya brújula se disloca con bastante frecuencia en estos tiempos- que Morales pudiera vencer el aparato mediático que lanzó campañas sucias como bombas sucias se arrojan sobre Irak o Afganistán.
Cuando Correa expuso su presidencia jugándose en el plebiscito constituyente estaba para muchos “jugando con fuego”. Lo que no sabían y no conocían es el fuego de abajo, el que se enciende al chispazo de miles y miles de pies que caminan sobre la carreteras y caminos de nuestra América.
Los mismos que bajaron por los antiguos senderos indígenas en Ecuador, una y otra vez, y marcaron el hito histórico de derrumbar sin violencia, sólo con multitudes, a tres presidentes que incumplieron la voluntad popular y que contaban-en todos los casos- con el apoyo del imperio.
¿Fue analizado esto debidamente o se dejó pasar como una alborozada anécdota en este camino latinoamericano de realidades mágicas y mágicos realismos?.
La acción popular venezolana en abril de 2002 produjo un hecho único en la historia de América Latina y el mundo como fue la restitución a su cargo de un presidente tomado prisionero y destituido por un golpe pagado, armado y dirigido por Estados Unidos.
En menos de 48 horas el presidente Hugo Chávez fue restituido por la voluntad de un pueblo que multitudinariamente salió a las calles con una Constitución en las manos, y por la decisión de un fuerte sector del ejército venezolano que se puso junto al pueblo en esas circunstancias.
En este caso la manipulación no viene por el derroche de palabras, sino por el silencio. ¿En cuantos medios europeos y latinoamericanos se contó esta historia?. ¿En cuantos medios europeos se habla sobre la verdad de lo que sucede en América Latina?.
De eso se trata también. El silencio sobre hechos de vida y dignidad tiene el mismo objetivo que la palabra usada para invadir, matar, torturar o cometer genocidio en nombre de la democracia. En estos tiempos los pueblos deben recuperar la voz y la palabra y poner en su lugar a los fariseos del periodismo, al periodista que se presta por dinero o vanidad a obedecer los mandatos de un poder asesino.
El campo de concentración de Guantánamo, las imágenes de los hombres con los ojos vendados, arrodillados, atadas sus manos, las imágenes de Abú Graibh y otras son el límite conque un hombre, un ser humano, un periodista, pueden demostrar si eligió por usar la palabra para justificar esos crímenes o tomó el camino de la defensa de la humanidad, en toda y cada una de sus circunstancias.
Thursday, August 02, 2007
Bolivia creará una empresa aérea estatal antes de final de año
ABI
El Estado boliviano contará con su propia aerolínea. El Tesoro General de la Nación financiará a la nueva empresa aérea con una inversión de 15 millones de dólares. La compañía iniciará sus operaciones el 18 de diciembre próximo con cinco aeronaves Boeing 737.
El país se abrirá a una política de cielos abiertos en una competencia sana en el mercado aeronáutico nacional con la creación de la nueva compañía aérea que entrará en operaciones el próximo 18 de diciembre, informó este miércoles, el ministro de Servicios, Obras Públicas y Vivienda, Jerges Mercado."Estamos creando una nueva línea aérea de cero, será estatal. Los recursos provienen del TGN (Tesoro General de la Nación) con una inversión de unos 15 millones de dólares, dinero que ya lo tenemos. El monopolio no es nada bueno y en este momento tenemos un monopolio en el país, con servicios que no son de la mejor calidad", afirmó.Asimismo aclaró que la compañía aérea estatal, que aún no tiene definido su nombre comercial, no recibirá ningún tipo de subsidio por parte del Estado. El ministro Mercado aseguró que el erario nacional cuenta con 271 mil dólares de preinversión por lo que la creación de la nueva aerolínea se encuentra muy avanzada."La nueva empresa estatal tiene que operar en las mismas condiciones que las otras líneas", sostuvo el Mercado y aseguró que en este momento el Gobierno se encuentra en proceso de selección de las cinco aeronaves (Boeing 737) con las que iniciaría sus operaciones la nueva compañía estatal de aviación.La autoridad gubernamental acotó que la idea es que con la nueva aerolínea se tengan pasajes competitivos para permitir que la mayoría de la población pueda hacer uso de este nuevo medio de transporte.BONOS DEL TGNEl Ministro de Obras Públicas aclaró que los recursos para la creación de la nueva aerolínea estatal provendrán de la colocación de bonos del TGN en el mercado bursátil. "Los bonos TGN son del Estado boliviano", indicó."Tenemos la instrucción del presidente Evo Morales de que la empresa comience sus operaciones desde el 18 de diciembre y en el Ministerio estamos trabajando arduamente para cumplir con la orden presidencial", expresó Mercado.La nueva línea aérea boliviana comenzará sus operaciones en rutas nacionales y para la obtención de las aeronaves inicialmente se está pensando en un "leasing financiero", (un contrato de arrendamiento financiero que incluye la opción de compra).El Gobierno pensó que el nombre de la nueva línea estatal aérea, sería Aerolíneas Bolivianas (AB) aunque ello está aún por definirse.Por otro lado, la autoridad del sector de servicios informó que el Gobierno otorgó un plazo de seis meses al privatizado Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) para que pueda activarse e iniciar un plan completo para estabilizar su situación financiera y operativa.
El Estado boliviano contará con su propia aerolínea. El Tesoro General de la Nación financiará a la nueva empresa aérea con una inversión de 15 millones de dólares. La compañía iniciará sus operaciones el 18 de diciembre próximo con cinco aeronaves Boeing 737.
El país se abrirá a una política de cielos abiertos en una competencia sana en el mercado aeronáutico nacional con la creación de la nueva compañía aérea que entrará en operaciones el próximo 18 de diciembre, informó este miércoles, el ministro de Servicios, Obras Públicas y Vivienda, Jerges Mercado."Estamos creando una nueva línea aérea de cero, será estatal. Los recursos provienen del TGN (Tesoro General de la Nación) con una inversión de unos 15 millones de dólares, dinero que ya lo tenemos. El monopolio no es nada bueno y en este momento tenemos un monopolio en el país, con servicios que no son de la mejor calidad", afirmó.Asimismo aclaró que la compañía aérea estatal, que aún no tiene definido su nombre comercial, no recibirá ningún tipo de subsidio por parte del Estado. El ministro Mercado aseguró que el erario nacional cuenta con 271 mil dólares de preinversión por lo que la creación de la nueva aerolínea se encuentra muy avanzada."La nueva empresa estatal tiene que operar en las mismas condiciones que las otras líneas", sostuvo el Mercado y aseguró que en este momento el Gobierno se encuentra en proceso de selección de las cinco aeronaves (Boeing 737) con las que iniciaría sus operaciones la nueva compañía estatal de aviación.La autoridad gubernamental acotó que la idea es que con la nueva aerolínea se tengan pasajes competitivos para permitir que la mayoría de la población pueda hacer uso de este nuevo medio de transporte.BONOS DEL TGNEl Ministro de Obras Públicas aclaró que los recursos para la creación de la nueva aerolínea estatal provendrán de la colocación de bonos del TGN en el mercado bursátil. "Los bonos TGN son del Estado boliviano", indicó."Tenemos la instrucción del presidente Evo Morales de que la empresa comience sus operaciones desde el 18 de diciembre y en el Ministerio estamos trabajando arduamente para cumplir con la orden presidencial", expresó Mercado.La nueva línea aérea boliviana comenzará sus operaciones en rutas nacionales y para la obtención de las aeronaves inicialmente se está pensando en un "leasing financiero", (un contrato de arrendamiento financiero que incluye la opción de compra).El Gobierno pensó que el nombre de la nueva línea estatal aérea, sería Aerolíneas Bolivianas (AB) aunque ello está aún por definirse.Por otro lado, la autoridad del sector de servicios informó que el Gobierno otorgó un plazo de seis meses al privatizado Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) para que pueda activarse e iniciar un plan completo para estabilizar su situación financiera y operativa.
Sunday, July 22, 2007
Las autonomías en Bolivia: análisis de la situación actual
Centro de Documentación e Información de Bolivia
Rebelión
Como era previsible, uno de los asuntos de mayor confrontación en la Asamblea Constituyente (AC) es el tema autonómico. Hoy en día, la oposición férrea a las autonomías por parte del gobierno prácticamente ha desaparecido y es éste el que aparece ahora como el abanderado y líder de un proceso autonómico más profundo que el planteado por los comités cívicos y los partidos tradicionales. Por otra parte, el carácter que asume la confrontación entre los movimientos sociales e indígenas con los sectores oligárquicos hace que en los proyectos de autonomía presentados trasluzcan la visión del país, el tipo de Estado que se quiere construir y el cómo vamos a convivir entre bolivianos. No es poca cosa y por eso presentamos a su consideración el presente análisis que despeja los elementos subyacentes en ambas propuestas y los riesgos a los cuales nos enfrentamos al impulsar un régimen autonómico departamental, al menos como el que abanderan los cívicos del oriente.
¿Independencia o autonomía?
En el documento presentado por la minoría a la Comisión de Autonomía, Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Asamblea Constituyente (AC) existe un frase que desnuda la verdadera pretensión de los sectores oligárquicos, particularmente de Santa Cruz, con su exigencia de autonomía departamental, a saber: “Pese a que desde el punto de vista jurídico ‘norma’ es el vocablo más genérico para nombrar una regla u ordenación del comportamiento dictada por autoridad competente, cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción, hemos visto por conveniente señalar con precisión que la descentralización política, elemento fundamental de la autonomía, se refiere a la ‘capacidad legislativa’ que tienen los dos niveles subnacionales para desarrollar su legislación en sujeción a las competencias que el Estado les transfiere en el marco de la jurisdicción territorial que ejercen. En síntesis, normar equivale propiamente a legislar”. Para luego acotar que “el concepto de autonomía significa legislación propia en los niveles departamental y municipal”.
Valga decir que legislar, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española , significa capacidad de dictar leyes y por lo tanto facultad para determinar políticas públicas, a diferencia de normar que es usado de manera más genérica y por lo mismo describe la emisión de leyes, decretos, resoluciones, etcétera, en distintos niveles sin precisar su prelación; a lo que se debe acotar que en la jerga jurídica y política boliviana cuando dicho vocablo refiere una prelación siempre connota un nivel inferior a las leyes, decretos e, incluso, resoluciones ministeriales. Sin embargo, con una declaración suave y decorosa, pero que equipara innecesariamente dos vocablos con una clara distinción semántica, los representantes de PODEMOS, MNR, UN y MIR que conforman la minoría en la AC intentan hacer pasar una propuesta prácticamente independentista, cuya directa y franca expresión sería dura o malsonante para la mayoría de los bolivianos. No es para sorprender que esta misma digresión sobre legislar y normar, así como las mismas intenciones subyacen en el Estatuto Autonómico presentado en Santa Cruz en ocasión de festejar un año de la victoria del Sí a las autonomías en dicho departamento.
Al margen de la cuestión semántica, sin embargo, la frase refleja el sentido que los “autonomistas” pretenden darle al régimen autonómico departamental, a saber: potestad total a los “Gobiernos Departamentales” para definir políticas públicas sobre todas aquellas esferas que les serían transferidas desde el gobierno central. Aunque no está dicho explícitamente, subyace en la propuesta que esa “capacidad legislativa” de los departamentos no puede ser intervenida ni regulada por el gobierno central, el cual debe circunscribe solamente a elaborar la “legislación básica” y hacerse cargo de la “coordinación” de aspectos generales referidos a la nación y a aspectos que abarquen más de un departamento autónomo. En efecto, el momento de proponer el articulado específico de reforma del texto constitucional, se explicita lo antes mencionado, pues, se propone que las competencias del Estado están limitadas a la “legislación básica” de “la actividad económica”, de la “igualdad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de deberes constitucionales”, “seguridad social, educación y salud”, “derechos de los pueblos indígenas originarios”, también legislación básica “sobre el medio ambiente (y) aprovechamientos forestales” y sobre los “recursos naturales”, además de que el Estado central sólo tendrá autoridad sobre obras públicas que afecten a más de un departamento autónomo.
Por el contrario, se propone que los departamentos autónomos tengan la capacidad de generar legislación específica sobre todos los aspectos mencionados líneas arriba, pero principalmente sobre el “ordenamiento territorial” y “la dotación, adjudicación, distribución y redistribución de tierras fiscales”, así como la participación directa y decisiva en la “estructura descentralizada del Servicio Nacional de Reforma Agraria” (INRA), al punto que los “Gobernadores” otorgarán “títulos agrarios en sus respectivas jurisdicciones”, objetivos éstos sobre los cuales parece ser que no cejarán. La propuesta también indica que “el comercio, industria, agricultura, ganadería, servicios, actividades extractivista silvoforestal, caza y pesca, en el ámbito de su jurisdicción y en concordancia con las políticas nacionales”, la “construcción y aprovechamiento hidráulicos, canales, regadíos, aguas minerales y termales”, así como la biotecnología, las áreas protegidas, los recursos naturales renovables y no renovables, también son de potestad departamental. Aparte de lo anterior que es lo más estructurado que puede encontrarse en ambos documentos comentados, todos los demás aspectos que configuran la propuesta autonómica de los cívicos cruceños, son sólo un conjunto de exigencias desordenadas, poco reflexionadas y en función de proteger sus intereses.
Veamos, se propone que la Prefectura sea quien deba regir sobre los movimientos inmigratorios; es más se insinúa que se tiene que tramitar la radicatoria para vivir en los departamentos autónomos hecho que es una aberración jurídica y social. La propuesta no busca la construcción integral del país y por el contrario exuda el racismo y los ánimos de exclusión que prevalecen en ese sector de la sociedad boliviana. Por último y a manera de previsión, proponen que todos aquellos temas que no estén contemplados en la Constitución y que no estén “atribuidas expresamente al Gobierno Nacional por (la) Constitución, podrán corresponder a los departamentos autónomos o municipios, en virtud a sus propios estatutos” y no de las leyes de la república.
Aunque los documentos que comentamos aquí estén llenos de vocablos relativos a la autonomía, su planteamiento concreto ni siquiera alcanza la categoría de una propuesta de organización federal, y mucho menos la propuesta de un régimen autonómico, sino que es cínica e implícitamente independentista. No otra cosa significa dejar al Estado como el coordinador de programas y políticas generales, es decir intentan quitarle sus atribuciones esenciales y dejarlo como un cascarón vacío, sin capacidad para determinar sobre el destino del país.
La propuesta del MAS
“La autonomía de las entidades territoriales consiste en elegir a sus autoridades directamente por los ciudadanos, en recibir del Estado competencias ejecutivas, atribuciones normativas, administrativas, tributarias, técnicas y los recursos económicos financieros que les asigna la constitución y las leyes”. Así define la autonomía el documento aprobado por la mayoría en la Comisión de Autonomía, Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Asamblea Constituyente. Lo que implica, en síntesis, que los “territorios autónomos” reciben del gobierno central competencias normativas, de gestión y económico-financieras.
A diferencia de lo que persigue la minoría y los precursores del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en la propuesta del MAS subyace una clara intención por preservar la unidad del Estado y por supeditar las autonomías a ese fin. De hecho se declara que el fin de éstas es armonizar las diferencias y fortalecer la unidad del país. En concreto, cuando la propuesta refiere a las atribuciones y forma de funcionamiento de los territorios autónomos se deja claramente establecido los espacios y los niveles en los cuales las transferencias de facultades que haga el Estado se aplicaran. Dejando, además, en manos del poder legislativo la asignación de atribuciones, competencias, alcance y profundidad de las potestades autónomas.
La intención de no romper la unidad nacional puede observarse también cuando la propuesta hace la diferencia entre competencias privativas, exclusivas y compartidas. Se entiende la primeras como “aquellas cuyo ejercicio por el nivel nacional es indelegable, en los sectores estratégicos como garantía de la unidad, la seguridad externa e interna, la estabilidad económica y la distribución equitativa de los recursos”. Las segundas como “aquellas asignadas al Estado Nacional o a una Entidad territorial autónoma que posee la titularidad de la competencia. La misma puede ser delegada en una o más funciones administrativas a otro nivel o niveles, sin perder la titularidad de la misma. Las competencias exclusivas al ser asumidas por una entidad territorial, serán objeto de su normativa y reglamentación a partir de la ley emitida por el órgano legislativo nacional”. Las terceras como “aquellas que en su ejercicio puedan ser realizadas por mas de un nivel territorial del Estado. Para las materias compartidas el nivel nacional mediante ley determinará las funciones específicas de cada nivel territorial”.
En esta propuesta sobre las competencias nacionales y privativas del gobierno central se encuentran aspectos sustanciales como: La legislación, no sólo básica sino específica del “Sistema nacional de planificación” y de aquella que tenga que ver con “la definición de las políticas generales en todos los ámbitos, establecidos en el plan nacional de desarrollo”, lo que quiere decir que es el gobierno central uno de los actores decisivos del mismo. Para lo cual también necesita regir sobre el “Sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad”, “Banco Central, hacienda del Estado y deuda externa”, “Régimen de crédito, banca y seguros”, “Política fiscal, supervisión y control sobre el sistema financiero”, “Política del endeudamiento público”, “Política salarial del funcionario publico”, “Régimen tributario nacional”, “Normas básicas del sistema de administración y control gubernamental”, “Comercio exterior” y “Régimen aduanero y arancelario”.
Todos estos aspectos chocan con la intención del proyecto “autonomista” de la derecha que quiere que el gobierno departamental sea quien legisle sobre el funcionamiento económico de las regiones. En esta materia el tema más conflictivo, por la férrea resistencia de las oligarquías terratenientes, con seguridad será que en el proyecto del MAS se consigna como privativas del Estado central la “Propiedad, titularidad y gestión de la tierra y territorio, los recursos naturales y energéticos estratégicos, minerales, hidrocarburos, ríos mayores, fuentes y depósitos mayores de agua” para terminar señalando que la “Política sobre distribución y tenencia de la tierra” también es privativa del gobierno central.
Junto a ello también sería privativo del gobierno central la “Seguridad Nacional, Defensa y Fuerzas Armadas”, la “Policía Nacional” y el “Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos”, “Legislación mercantil, penal, procesal, laboral, civil, propiedad intelectual e industrial”, aquí también se perciben choques pues en el Estatuto autonómico se proponen que la justicia y la policía sean de potestad departamental. “Los asuntos relativos a la nacionalidad, ciudadanía, extranjería y derecho de asilo” así como la “Regulación y políticas sobre migración” también son de potestad privativa del gobierno nacional en dicho proyecto, a diferencia de la derecha que plantea que todo esto sea de jurisdicción departamental. Por último, también se incluye en este segmento de competencias a las “Relaciones internacionales y política exterior”, a las “Normas y políticas de transporte terrestre interdepartamental e internacional, aéreo y fluvial” y por supuesto la “Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los bolivianos en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales”.
Una vez que se aclaran cuáles son las competencias privativas del gobierno central, la propuesta, enumera las competencias exclusivas, tanto del gobierno central, como de los departamentos, municipios, provincias, regiones y territorios indígenas. Se entiende que todas las competencias normativas, de gestión y económicas que sean transferidas serán ejercidas no sólo en el marco de la legislación general de la república sino en función de ellas y para la mejor ejecución de las políticas nacionales determinadas, explícitamente se propone que el Estado mantiene supremacía sobre las regiones autónomas. Si bien se enumera cuáles serían esas competencias exclusivas y compartidas, se plantea la creación de un Sistema de Asignación y Control de Competencias bajo la tuición del poder legislativo, para en el futuro concretar en detalle las atribuciones de los territorios autónomos. Ante la disyuntiva de conformar un Estado que no es más que la conglomeración de un conjunto de regiones autónomas donde el gobierno central no es más que el coordinador entre ellas, y otro unitario, integrado y articulado con sus regiones, donde el gobierno nacional juega un rol preponderante en el destino del país, la propuesta del MAS apuesta por ésta última.
Autonomía Compleja
Otra diferencia entre las propuesta de la oligarquía y del MAS se encuentra en el status que adquieren las autonomías. Los primeros, si bien hablan de autonomía provincial y municipal, e incluso acceden a que allá donde exista mayoría indígena los mismos sean declarados de cualidad indígena, establecen claramente que las mismas sólo ejercerán lo legislado en los departamentos. En cambio, la propuesta del MAS define que, a las autonomías departamentales, provinciales y municipales, deben sumarse también las autonomías regionales e indígenas, las primeras conformadas por más de una provincia con continuidad geográfica y las segundas basadas en el territorio ancestral de algún pueblo indígena originario. En dicho proyecto además se establece que todas estas formas de autonomía además deben tener “el mismo rango constitucional, no admitiendo subordinación entre ellas, sino sujetándose a relaciones de coordinación y cooperación mutua”.
El planteamiento del MAS al menos tiene dos implicaciones, la primera que es un esfuerzo por reconocer la diversidad del país, tratándole de dar forma y contenido a las manifestaciones diversas en diversas regiones del país; así en algunos lugares serán más importantes las autonomías departamentales y sólo para ciertos temas, en otro sólo las municipales, pero con seguridad podrán encontrar expresión también aquellos territorios indígenas que abarcan más de un municipio o más de una provincia e incluso mantienen su identidad territorial, no sólo eso, al margen de la identidad indígena también podrán conformarse autonomías regionales, por ejemplo la región chaqueña o la circunlacustre del lago Titicaca. Todas estas autonomías supeditadas a la supremacía del Estado, con el mismo rango aunque con distintas atribuciones y competencias, de acuerdo con el proyecto podrán funcionar paralelamente, en función a las atribuciones y competencias transferidas.
La segunda implicancia es que la propuesta de varias formas de autonomías que vaya a expresarse en diferentes territorios autónomos, viene a contrarrestar los bríos y pretensiones de la “media luna”. De hecho, la conformación de autonomías regionales y/o autonomías indígenas viene, teóricamente por lo menos, a limitarle las atribuciones y competencias que quieren adquirir las autonomías departamentales y a poner en brete a los grandilocuentes sueños de los “gobernadores departamentales”. A estas alturas podemos decir que no importando la profundidad y el alcance de las atribuciones que se transfieran a departamentos, provincias y municipios, la presencia de las autonomías regionales e indígenas, de hecho planteará un equilibrio y obligará a las distintas fuerzas a realizar acuerdos para constituir el régimen autonómico y en el caso de la oligarquía a manejarse más sensatamente en sus pretensiones regionalistas.
Autonomías Indígenas
Atención especial merece este planteamiento del MAS que, aunque sobre decirlo, se ha convertido en la punta de lanza con la cual los sectores oligárquicos arremeten contra la AC , contra el gobierno y contra los propios indígenas. Estos sectores dominantes parecen preguntarse ¿cómo es posible que estos “indios” pretendan tanto? Pero, más allá de la reacción de la derecha, aunque las autonomías indígenas gocen del mismo rango, la propuesta en cuestión consigna que la misma asuma competencias de carácter local. A diferencia que con las otras formas de autonomía, la indígena goza, por ejemplo, de la capacidad de gobernarse y elegir a sus autoridades “de acuerdo a sus procedimientos democráticos de norma propia”, es decir, pueden prescindir de mecanismos electorales y recurrir a la democracia directa, así como tener sus propios mecanismos para removerlos o sancionarlos. Junto con ello también se consigna a favor de ellas la facultad de “definir las normas y formas de gestión, administración y control del territorio, el ejercicio de las competencias que le sean transferidas y los recursos propios y asignados por el Estado”.
Riesgos del Régimen Autonómico
La propuesta es consecuente con lo que en alguna oportunidad los ideólogos del MAS denominaron como “autonomías complejas”; sin embargo, una cosa es el proyecto y otra muy distinta el poderlo realizar.
En efecto, la primera cuestión a plantearse es determinar con qué recursos económicos y financieros funcionará el régimen autonómico, hasta el año 2005 lo evidente era que el país vivía con recurrentes déficits presupuestarios y prácticamente ningún departamento era autosostenible; hoy en cambio, existe mayor cantidad de recursos, gracias a que existe una mayor captación de la renta petrolera, sin embargo, a simple vista y fuera de toda duda, es imposible que alcancen para sostener el funcionamiento de todo el régimen propuesto. Tomando en cuenta este elemento se corre el riesgo de reeditar la experiencia de la Participación Popular , que a pesar de algunos logros positivos, sólo ha repartido la pobreza, y diluido la capacidad de inversión pública.
Si junto a este problema tomamos en cuenta que el proyecto para su realización necesariamente debe tocar grandes intereses en juego, no solamente de la elite de este país, sino de sectores gremiales y sindicalizados, como los cooperativistas mineros, los transportistas, etc., a lo que debe sumarse las aspiraciones propias de departamentos, de provincias, municipios y regiones, fácilmente podemos concluir que nos encontramos a las puertas de un enfrentamiento. Ciertamente, el proyecto de autonomías del MAS posiblemente previendo este tipo de peligros, introduce una serie de contenciones a esas presiones, la división clara entre competencias privativas y exclusivas es una de ellas, la generación de un Sistema de Asignación y Control de Competencias es otra, no obstante, nada garantiza que las regiones, los departamentos o los propios pueblos indígenas una vez que estén respaldados jurídicamente no exijan más de lo que se les ha estipulado.
Otro elemento que vale la pena tomar en cuenta es el contexto latinoamericano. Anótese simplemente que en todos los países vecinos se ha venido impulsando procesos de regionalización, que discursivamente son presentados como de mayor “democratización y participación”, pero que en la práctica han resultado en mejores condiciones para el capital transnacional y en rivalidades, entre regiones y provincias, por ver quién ofrece mejores condiciones al mismo. Lo cual es un resultado natural, pues, entidades autónomas o descentralizadas que no tienen porqué fijarse en el conjunto de intereses que persigue la nación y más bien están profundamente preocupadas por mejorar sus condiciones de vida, acceden fácilmente a las presiones de las transnacionales.
Por último, algo que en la propuesta del MAS no está suficientemente desarrollado es la forma de participación política de la gente, ciertamente se dice que en cada región autónoma se elegirán sus representantes y se cumplirán todos los requerimientos que la democracia formal exige, pero no nos referimos a esas formalidades, sino a los mecanismos que hagan efectiva la capacidad de la gente de decidir sobre los problemas, las soluciones, las política públicas y todos los temas que influencian en el destino del país, y no solamente sobre el reducido espacio de la escala local o departamental, que sin dejar de ser importante no es suficiente.
Equipos de Investigación y Debate Público del Centro de Documentación e Información de Bolivia – CEDIBCochabamba, Bolivia. Julio de 2007
Artículo completo en:
http://www.cedib.org/pcedib/?module=displaystory&story_id=19926&format=html
GLOSARIO
MAS: Movimiento al socialismo, partido gobernante en Bolivia, liderizado por Evo Morales.
PODEMOS: Poder Democrático y Social. Principal partido de oposición en la actual coyuntura boliviana. Su líder máximo es Jorge Quiroga, ex presidente de la República con el extinto partido de derecha ADN, del ex dictador Hugo Bánzer Suárez.
UN: Unidad Nacional. Partido político opositor al gobierno del MAS, de orientación de derecha.
Media Luna: Nombre que se da a los 4 departamentos del Oriente y Sur del país, donde se concentran los yacimientos hidrocarburíferos más importantes y en cuyos gobiernos locales tiene hegemonía grupos políticos y civiles conservadores.
CAO: Cámara Agropecuaria del Oriente. Organización que aglutina y representa los intereses de los empresarios agroindustriales del oriente boliviano.
Comité Cívico de Santa Cruz: Organización civil del departamento más rico de Bolivia, controlado por grupos conservadores.
INRA: Instituto nacional de reforma agraria, creado por la ley del mismo nombre en el año 1996.
COD: Central Obrera Departamental. Organización regional de los trabajadores asalariados, hasta antes de la implementación de las políticas neoliberales tenían gran poder de convocatoria; ahora su poder es reducido, sin embargo, en el reciente ciclo de movilización popular (2000 - 2005) volvieron a tener importancia.
FEDJUVE: Federación departamental de Juntas Vecinales. Organización regional (a nivel de los departamentos de Bolivia) que aglutinan la representación de organizaciones de los barrios de las ciudades más importantes.
Prefecuras: Entidades encargadas del gobierno departamental. Desde Enero de 2005, cuando lograron arrancar del gobierno de Carlos Mesa un decreto inconstitucional de convocatoria a elecciones prefecturales, la derecha ha hecho de ellas su bastión desde donde encabezan la lucha autonomista.
Rebelión
Como era previsible, uno de los asuntos de mayor confrontación en la Asamblea Constituyente (AC) es el tema autonómico. Hoy en día, la oposición férrea a las autonomías por parte del gobierno prácticamente ha desaparecido y es éste el que aparece ahora como el abanderado y líder de un proceso autonómico más profundo que el planteado por los comités cívicos y los partidos tradicionales. Por otra parte, el carácter que asume la confrontación entre los movimientos sociales e indígenas con los sectores oligárquicos hace que en los proyectos de autonomía presentados trasluzcan la visión del país, el tipo de Estado que se quiere construir y el cómo vamos a convivir entre bolivianos. No es poca cosa y por eso presentamos a su consideración el presente análisis que despeja los elementos subyacentes en ambas propuestas y los riesgos a los cuales nos enfrentamos al impulsar un régimen autonómico departamental, al menos como el que abanderan los cívicos del oriente.
¿Independencia o autonomía?
En el documento presentado por la minoría a la Comisión de Autonomía, Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Asamblea Constituyente (AC) existe un frase que desnuda la verdadera pretensión de los sectores oligárquicos, particularmente de Santa Cruz, con su exigencia de autonomía departamental, a saber: “Pese a que desde el punto de vista jurídico ‘norma’ es el vocablo más genérico para nombrar una regla u ordenación del comportamiento dictada por autoridad competente, cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción, hemos visto por conveniente señalar con precisión que la descentralización política, elemento fundamental de la autonomía, se refiere a la ‘capacidad legislativa’ que tienen los dos niveles subnacionales para desarrollar su legislación en sujeción a las competencias que el Estado les transfiere en el marco de la jurisdicción territorial que ejercen. En síntesis, normar equivale propiamente a legislar”. Para luego acotar que “el concepto de autonomía significa legislación propia en los niveles departamental y municipal”.
Valga decir que legislar, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española , significa capacidad de dictar leyes y por lo tanto facultad para determinar políticas públicas, a diferencia de normar que es usado de manera más genérica y por lo mismo describe la emisión de leyes, decretos, resoluciones, etcétera, en distintos niveles sin precisar su prelación; a lo que se debe acotar que en la jerga jurídica y política boliviana cuando dicho vocablo refiere una prelación siempre connota un nivel inferior a las leyes, decretos e, incluso, resoluciones ministeriales. Sin embargo, con una declaración suave y decorosa, pero que equipara innecesariamente dos vocablos con una clara distinción semántica, los representantes de PODEMOS, MNR, UN y MIR que conforman la minoría en la AC intentan hacer pasar una propuesta prácticamente independentista, cuya directa y franca expresión sería dura o malsonante para la mayoría de los bolivianos. No es para sorprender que esta misma digresión sobre legislar y normar, así como las mismas intenciones subyacen en el Estatuto Autonómico presentado en Santa Cruz en ocasión de festejar un año de la victoria del Sí a las autonomías en dicho departamento.
Al margen de la cuestión semántica, sin embargo, la frase refleja el sentido que los “autonomistas” pretenden darle al régimen autonómico departamental, a saber: potestad total a los “Gobiernos Departamentales” para definir políticas públicas sobre todas aquellas esferas que les serían transferidas desde el gobierno central. Aunque no está dicho explícitamente, subyace en la propuesta que esa “capacidad legislativa” de los departamentos no puede ser intervenida ni regulada por el gobierno central, el cual debe circunscribe solamente a elaborar la “legislación básica” y hacerse cargo de la “coordinación” de aspectos generales referidos a la nación y a aspectos que abarquen más de un departamento autónomo. En efecto, el momento de proponer el articulado específico de reforma del texto constitucional, se explicita lo antes mencionado, pues, se propone que las competencias del Estado están limitadas a la “legislación básica” de “la actividad económica”, de la “igualdad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de deberes constitucionales”, “seguridad social, educación y salud”, “derechos de los pueblos indígenas originarios”, también legislación básica “sobre el medio ambiente (y) aprovechamientos forestales” y sobre los “recursos naturales”, además de que el Estado central sólo tendrá autoridad sobre obras públicas que afecten a más de un departamento autónomo.
Por el contrario, se propone que los departamentos autónomos tengan la capacidad de generar legislación específica sobre todos los aspectos mencionados líneas arriba, pero principalmente sobre el “ordenamiento territorial” y “la dotación, adjudicación, distribución y redistribución de tierras fiscales”, así como la participación directa y decisiva en la “estructura descentralizada del Servicio Nacional de Reforma Agraria” (INRA), al punto que los “Gobernadores” otorgarán “títulos agrarios en sus respectivas jurisdicciones”, objetivos éstos sobre los cuales parece ser que no cejarán. La propuesta también indica que “el comercio, industria, agricultura, ganadería, servicios, actividades extractivista silvoforestal, caza y pesca, en el ámbito de su jurisdicción y en concordancia con las políticas nacionales”, la “construcción y aprovechamiento hidráulicos, canales, regadíos, aguas minerales y termales”, así como la biotecnología, las áreas protegidas, los recursos naturales renovables y no renovables, también son de potestad departamental. Aparte de lo anterior que es lo más estructurado que puede encontrarse en ambos documentos comentados, todos los demás aspectos que configuran la propuesta autonómica de los cívicos cruceños, son sólo un conjunto de exigencias desordenadas, poco reflexionadas y en función de proteger sus intereses.
Veamos, se propone que la Prefectura sea quien deba regir sobre los movimientos inmigratorios; es más se insinúa que se tiene que tramitar la radicatoria para vivir en los departamentos autónomos hecho que es una aberración jurídica y social. La propuesta no busca la construcción integral del país y por el contrario exuda el racismo y los ánimos de exclusión que prevalecen en ese sector de la sociedad boliviana. Por último y a manera de previsión, proponen que todos aquellos temas que no estén contemplados en la Constitución y que no estén “atribuidas expresamente al Gobierno Nacional por (la) Constitución, podrán corresponder a los departamentos autónomos o municipios, en virtud a sus propios estatutos” y no de las leyes de la república.
Aunque los documentos que comentamos aquí estén llenos de vocablos relativos a la autonomía, su planteamiento concreto ni siquiera alcanza la categoría de una propuesta de organización federal, y mucho menos la propuesta de un régimen autonómico, sino que es cínica e implícitamente independentista. No otra cosa significa dejar al Estado como el coordinador de programas y políticas generales, es decir intentan quitarle sus atribuciones esenciales y dejarlo como un cascarón vacío, sin capacidad para determinar sobre el destino del país.
La propuesta del MAS
“La autonomía de las entidades territoriales consiste en elegir a sus autoridades directamente por los ciudadanos, en recibir del Estado competencias ejecutivas, atribuciones normativas, administrativas, tributarias, técnicas y los recursos económicos financieros que les asigna la constitución y las leyes”. Así define la autonomía el documento aprobado por la mayoría en la Comisión de Autonomía, Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Asamblea Constituyente. Lo que implica, en síntesis, que los “territorios autónomos” reciben del gobierno central competencias normativas, de gestión y económico-financieras.
A diferencia de lo que persigue la minoría y los precursores del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en la propuesta del MAS subyace una clara intención por preservar la unidad del Estado y por supeditar las autonomías a ese fin. De hecho se declara que el fin de éstas es armonizar las diferencias y fortalecer la unidad del país. En concreto, cuando la propuesta refiere a las atribuciones y forma de funcionamiento de los territorios autónomos se deja claramente establecido los espacios y los niveles en los cuales las transferencias de facultades que haga el Estado se aplicaran. Dejando, además, en manos del poder legislativo la asignación de atribuciones, competencias, alcance y profundidad de las potestades autónomas.
La intención de no romper la unidad nacional puede observarse también cuando la propuesta hace la diferencia entre competencias privativas, exclusivas y compartidas. Se entiende la primeras como “aquellas cuyo ejercicio por el nivel nacional es indelegable, en los sectores estratégicos como garantía de la unidad, la seguridad externa e interna, la estabilidad económica y la distribución equitativa de los recursos”. Las segundas como “aquellas asignadas al Estado Nacional o a una Entidad territorial autónoma que posee la titularidad de la competencia. La misma puede ser delegada en una o más funciones administrativas a otro nivel o niveles, sin perder la titularidad de la misma. Las competencias exclusivas al ser asumidas por una entidad territorial, serán objeto de su normativa y reglamentación a partir de la ley emitida por el órgano legislativo nacional”. Las terceras como “aquellas que en su ejercicio puedan ser realizadas por mas de un nivel territorial del Estado. Para las materias compartidas el nivel nacional mediante ley determinará las funciones específicas de cada nivel territorial”.
En esta propuesta sobre las competencias nacionales y privativas del gobierno central se encuentran aspectos sustanciales como: La legislación, no sólo básica sino específica del “Sistema nacional de planificación” y de aquella que tenga que ver con “la definición de las políticas generales en todos los ámbitos, establecidos en el plan nacional de desarrollo”, lo que quiere decir que es el gobierno central uno de los actores decisivos del mismo. Para lo cual también necesita regir sobre el “Sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad”, “Banco Central, hacienda del Estado y deuda externa”, “Régimen de crédito, banca y seguros”, “Política fiscal, supervisión y control sobre el sistema financiero”, “Política del endeudamiento público”, “Política salarial del funcionario publico”, “Régimen tributario nacional”, “Normas básicas del sistema de administración y control gubernamental”, “Comercio exterior” y “Régimen aduanero y arancelario”.
Todos estos aspectos chocan con la intención del proyecto “autonomista” de la derecha que quiere que el gobierno departamental sea quien legisle sobre el funcionamiento económico de las regiones. En esta materia el tema más conflictivo, por la férrea resistencia de las oligarquías terratenientes, con seguridad será que en el proyecto del MAS se consigna como privativas del Estado central la “Propiedad, titularidad y gestión de la tierra y territorio, los recursos naturales y energéticos estratégicos, minerales, hidrocarburos, ríos mayores, fuentes y depósitos mayores de agua” para terminar señalando que la “Política sobre distribución y tenencia de la tierra” también es privativa del gobierno central.
Junto a ello también sería privativo del gobierno central la “Seguridad Nacional, Defensa y Fuerzas Armadas”, la “Policía Nacional” y el “Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos”, “Legislación mercantil, penal, procesal, laboral, civil, propiedad intelectual e industrial”, aquí también se perciben choques pues en el Estatuto autonómico se proponen que la justicia y la policía sean de potestad departamental. “Los asuntos relativos a la nacionalidad, ciudadanía, extranjería y derecho de asilo” así como la “Regulación y políticas sobre migración” también son de potestad privativa del gobierno nacional en dicho proyecto, a diferencia de la derecha que plantea que todo esto sea de jurisdicción departamental. Por último, también se incluye en este segmento de competencias a las “Relaciones internacionales y política exterior”, a las “Normas y políticas de transporte terrestre interdepartamental e internacional, aéreo y fluvial” y por supuesto la “Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los bolivianos en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales”.
Una vez que se aclaran cuáles son las competencias privativas del gobierno central, la propuesta, enumera las competencias exclusivas, tanto del gobierno central, como de los departamentos, municipios, provincias, regiones y territorios indígenas. Se entiende que todas las competencias normativas, de gestión y económicas que sean transferidas serán ejercidas no sólo en el marco de la legislación general de la república sino en función de ellas y para la mejor ejecución de las políticas nacionales determinadas, explícitamente se propone que el Estado mantiene supremacía sobre las regiones autónomas. Si bien se enumera cuáles serían esas competencias exclusivas y compartidas, se plantea la creación de un Sistema de Asignación y Control de Competencias bajo la tuición del poder legislativo, para en el futuro concretar en detalle las atribuciones de los territorios autónomos. Ante la disyuntiva de conformar un Estado que no es más que la conglomeración de un conjunto de regiones autónomas donde el gobierno central no es más que el coordinador entre ellas, y otro unitario, integrado y articulado con sus regiones, donde el gobierno nacional juega un rol preponderante en el destino del país, la propuesta del MAS apuesta por ésta última.
Autonomía Compleja
Otra diferencia entre las propuesta de la oligarquía y del MAS se encuentra en el status que adquieren las autonomías. Los primeros, si bien hablan de autonomía provincial y municipal, e incluso acceden a que allá donde exista mayoría indígena los mismos sean declarados de cualidad indígena, establecen claramente que las mismas sólo ejercerán lo legislado en los departamentos. En cambio, la propuesta del MAS define que, a las autonomías departamentales, provinciales y municipales, deben sumarse también las autonomías regionales e indígenas, las primeras conformadas por más de una provincia con continuidad geográfica y las segundas basadas en el territorio ancestral de algún pueblo indígena originario. En dicho proyecto además se establece que todas estas formas de autonomía además deben tener “el mismo rango constitucional, no admitiendo subordinación entre ellas, sino sujetándose a relaciones de coordinación y cooperación mutua”.
El planteamiento del MAS al menos tiene dos implicaciones, la primera que es un esfuerzo por reconocer la diversidad del país, tratándole de dar forma y contenido a las manifestaciones diversas en diversas regiones del país; así en algunos lugares serán más importantes las autonomías departamentales y sólo para ciertos temas, en otro sólo las municipales, pero con seguridad podrán encontrar expresión también aquellos territorios indígenas que abarcan más de un municipio o más de una provincia e incluso mantienen su identidad territorial, no sólo eso, al margen de la identidad indígena también podrán conformarse autonomías regionales, por ejemplo la región chaqueña o la circunlacustre del lago Titicaca. Todas estas autonomías supeditadas a la supremacía del Estado, con el mismo rango aunque con distintas atribuciones y competencias, de acuerdo con el proyecto podrán funcionar paralelamente, en función a las atribuciones y competencias transferidas.
La segunda implicancia es que la propuesta de varias formas de autonomías que vaya a expresarse en diferentes territorios autónomos, viene a contrarrestar los bríos y pretensiones de la “media luna”. De hecho, la conformación de autonomías regionales y/o autonomías indígenas viene, teóricamente por lo menos, a limitarle las atribuciones y competencias que quieren adquirir las autonomías departamentales y a poner en brete a los grandilocuentes sueños de los “gobernadores departamentales”. A estas alturas podemos decir que no importando la profundidad y el alcance de las atribuciones que se transfieran a departamentos, provincias y municipios, la presencia de las autonomías regionales e indígenas, de hecho planteará un equilibrio y obligará a las distintas fuerzas a realizar acuerdos para constituir el régimen autonómico y en el caso de la oligarquía a manejarse más sensatamente en sus pretensiones regionalistas.
Autonomías Indígenas
Atención especial merece este planteamiento del MAS que, aunque sobre decirlo, se ha convertido en la punta de lanza con la cual los sectores oligárquicos arremeten contra la AC , contra el gobierno y contra los propios indígenas. Estos sectores dominantes parecen preguntarse ¿cómo es posible que estos “indios” pretendan tanto? Pero, más allá de la reacción de la derecha, aunque las autonomías indígenas gocen del mismo rango, la propuesta en cuestión consigna que la misma asuma competencias de carácter local. A diferencia que con las otras formas de autonomía, la indígena goza, por ejemplo, de la capacidad de gobernarse y elegir a sus autoridades “de acuerdo a sus procedimientos democráticos de norma propia”, es decir, pueden prescindir de mecanismos electorales y recurrir a la democracia directa, así como tener sus propios mecanismos para removerlos o sancionarlos. Junto con ello también se consigna a favor de ellas la facultad de “definir las normas y formas de gestión, administración y control del territorio, el ejercicio de las competencias que le sean transferidas y los recursos propios y asignados por el Estado”.
Riesgos del Régimen Autonómico
La propuesta es consecuente con lo que en alguna oportunidad los ideólogos del MAS denominaron como “autonomías complejas”; sin embargo, una cosa es el proyecto y otra muy distinta el poderlo realizar.
En efecto, la primera cuestión a plantearse es determinar con qué recursos económicos y financieros funcionará el régimen autonómico, hasta el año 2005 lo evidente era que el país vivía con recurrentes déficits presupuestarios y prácticamente ningún departamento era autosostenible; hoy en cambio, existe mayor cantidad de recursos, gracias a que existe una mayor captación de la renta petrolera, sin embargo, a simple vista y fuera de toda duda, es imposible que alcancen para sostener el funcionamiento de todo el régimen propuesto. Tomando en cuenta este elemento se corre el riesgo de reeditar la experiencia de la Participación Popular , que a pesar de algunos logros positivos, sólo ha repartido la pobreza, y diluido la capacidad de inversión pública.
Si junto a este problema tomamos en cuenta que el proyecto para su realización necesariamente debe tocar grandes intereses en juego, no solamente de la elite de este país, sino de sectores gremiales y sindicalizados, como los cooperativistas mineros, los transportistas, etc., a lo que debe sumarse las aspiraciones propias de departamentos, de provincias, municipios y regiones, fácilmente podemos concluir que nos encontramos a las puertas de un enfrentamiento. Ciertamente, el proyecto de autonomías del MAS posiblemente previendo este tipo de peligros, introduce una serie de contenciones a esas presiones, la división clara entre competencias privativas y exclusivas es una de ellas, la generación de un Sistema de Asignación y Control de Competencias es otra, no obstante, nada garantiza que las regiones, los departamentos o los propios pueblos indígenas una vez que estén respaldados jurídicamente no exijan más de lo que se les ha estipulado.
Otro elemento que vale la pena tomar en cuenta es el contexto latinoamericano. Anótese simplemente que en todos los países vecinos se ha venido impulsando procesos de regionalización, que discursivamente son presentados como de mayor “democratización y participación”, pero que en la práctica han resultado en mejores condiciones para el capital transnacional y en rivalidades, entre regiones y provincias, por ver quién ofrece mejores condiciones al mismo. Lo cual es un resultado natural, pues, entidades autónomas o descentralizadas que no tienen porqué fijarse en el conjunto de intereses que persigue la nación y más bien están profundamente preocupadas por mejorar sus condiciones de vida, acceden fácilmente a las presiones de las transnacionales.
Por último, algo que en la propuesta del MAS no está suficientemente desarrollado es la forma de participación política de la gente, ciertamente se dice que en cada región autónoma se elegirán sus representantes y se cumplirán todos los requerimientos que la democracia formal exige, pero no nos referimos a esas formalidades, sino a los mecanismos que hagan efectiva la capacidad de la gente de decidir sobre los problemas, las soluciones, las política públicas y todos los temas que influencian en el destino del país, y no solamente sobre el reducido espacio de la escala local o departamental, que sin dejar de ser importante no es suficiente.
Equipos de Investigación y Debate Público del Centro de Documentación e Información de Bolivia – CEDIBCochabamba, Bolivia. Julio de 2007
Artículo completo en:
http://www.cedib.org/pcedib/?module=displaystory&story_id=19926&format=html
GLOSARIO
MAS: Movimiento al socialismo, partido gobernante en Bolivia, liderizado por Evo Morales.
PODEMOS: Poder Democrático y Social. Principal partido de oposición en la actual coyuntura boliviana. Su líder máximo es Jorge Quiroga, ex presidente de la República con el extinto partido de derecha ADN, del ex dictador Hugo Bánzer Suárez.
UN: Unidad Nacional. Partido político opositor al gobierno del MAS, de orientación de derecha.
Media Luna: Nombre que se da a los 4 departamentos del Oriente y Sur del país, donde se concentran los yacimientos hidrocarburíferos más importantes y en cuyos gobiernos locales tiene hegemonía grupos políticos y civiles conservadores.
CAO: Cámara Agropecuaria del Oriente. Organización que aglutina y representa los intereses de los empresarios agroindustriales del oriente boliviano.
Comité Cívico de Santa Cruz: Organización civil del departamento más rico de Bolivia, controlado por grupos conservadores.
INRA: Instituto nacional de reforma agraria, creado por la ley del mismo nombre en el año 1996.
COD: Central Obrera Departamental. Organización regional de los trabajadores asalariados, hasta antes de la implementación de las políticas neoliberales tenían gran poder de convocatoria; ahora su poder es reducido, sin embargo, en el reciente ciclo de movilización popular (2000 - 2005) volvieron a tener importancia.
FEDJUVE: Federación departamental de Juntas Vecinales. Organización regional (a nivel de los departamentos de Bolivia) que aglutinan la representación de organizaciones de los barrios de las ciudades más importantes.
Prefecuras: Entidades encargadas del gobierno departamental. Desde Enero de 2005, cuando lograron arrancar del gobierno de Carlos Mesa un decreto inconstitucional de convocatoria a elecciones prefecturales, la derecha ha hecho de ellas su bastión desde donde encabezan la lucha autonomista.
Saturday, July 21, 2007
Mitos y realidades de la carrera armamentista
Raúl Zibechi
Ircaméricas
El reciente viaje del presidente Hugo Chávez a Rusia fue visualizado como parte de la carrera armamentista en la que estaría empeñado el dirigente boliviariano. Sin embargo los hechos indican que Venezuela está muy por detrás de los dos principales aliados de Washington en la región, Colombia y Chile, en la compra de armas.Aunque Venezuela se lleva los titulares, no es por cierto el país que se encuentra a la vanguardia en cuanto a adquisiciones de armamentos. En los últimos años Chile ha comprado armas por U$S 2.785 millones, Venezuela por U$S 2.200 millones y Brasil, muy rezagado, ocupa el tercer lugar con U$S 1.342 millones. Un reciente informe de la revista especializada Military Power Review asegura que el país trasandino ha ascendido del cuarto al tercer lugar en el ranking de 'capacidad militar' de Sudamérica, desplazando a Argentina de ese lugar y acercándose a Perú, que sigue ocupando el segundo sitio.Venezuela también ascendió un lugar, pero sigue estando a considerable distancia de los países militarmente más poderosos. Si se observa el gasto en Defensa como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el primer lugar pertenece también a Chile, con el 3.8% en 2005, seguido de Colombia con el 3.7%, país que además se benefició de una cuantiosa ayuda militar de los Estados Unidos que asciende a U$S 3.000 millones desde 2001 por el Plan Colombia y el Plan Patriota. En 2005 Venezuela aún se situaba lejos, con el 1.6% del PIB en gastos militares, muy similar al promedio del país antes de la llegada al gobierno de Hugo Chávez.Armas y cobreEl permanente aumento del precio del cobre, paralelo al del petróleo, que entre 2002 y 2006 creció en el mercado internacional un 400%, explica en gran medida lo que el instituto Nueva Mayoría de Argentina valora como un 'proceso macizo pero gradual' de rearme en los últimos 15 años, acelerado desde 2003. En su informe 'Rearme: los casos paradigmáticos de Chile y Venezuela y su impacto regional', el mencionado centro de estudios sostiene que el ministerio de Defensa chileno mantiene gran autonomía a la hora de diseñar su política gracias a la Ley Secreta del Cobre que destina un porcentaje de las exportaciones del metal a las fuerzas armadas.El Ejército chileno redujo su personal en la última década de 120 mil a 40 mil efectivos, y se reorganizó creando ocho brigadas dando prioridad a la movilidad y la capacidad de fuego. Chile adquirió 100 tanques pesados Leonard II alemanes y puede adquirir otros tantos, 28 aviones F-16 provistos de misiles AMRAAN y bombas láser aire-aire inéditos hasta ahora en la región. Más impactante aún es la compra de dos modernos submarinos Scorpene franco-alemanes además de ocho fragatas misilísticas, aviones de patrullaje marítimos y buques petroleros. 'Medios especializados han concluido que tomando en cuenta los tamaños relativos de los PIB de Brasil y Chile, este último destina seis veces más recursos económicos a equipamiento militar que la principal potencia de la región', sostiene Nueva Mayoría.Venezuela se defiendeMientras Chile mantiene excelentes relaciones con Estados Unidos, su principal proveedor de armas sofisticadas que sólo se reservan a los aliados, Caracas sufre desde 2006 el embargo de la superpotencia de armas, piezas y repuestos de uso militar. Israel y Suecia podrían adherir a ese boicot. Desde que en mayo de 2006 se realizaron maniobras navales en el Caribe por parte de Estados Unidos, Holanda y Gran Bretaña, se encendieron las alarmas en el país de Chávez ya que fueron las mayores celebradas en la región desde la crisis de los misiles con Cuba en 1962. En agosto de ese mismo año se supo que la Dirección Nacional de Inteligencia estadounidense había creado un cargo especial para tareas de inteligencia y operaciones especiales para Cuba y Venezuela.Desde ese momento Caracas se lanzó a la compra de armas, pero debió recurrir a otros países que no tienen buenas relaciones con Washington, entre ellos Rusia, China e Irán, aunque también en España. Ya fueron entregados más de 52 mil fusiles AK-103 de los 100 mil que compró a Rusia para reemplazar los FAL belgas que datan de la década de 1950. Además busca comprar misiles antiaéreos M1 Tor (similares a los que acaba de adquirir Irán), 24 cazabombarderos SU-30, 30 helicópteros de transporte y ataque Mi-35, todo ello en Rusia, y media docena de corbetas y una docena de aviones de transporte españoles.Hasta ahora Venezuela ha gastado unos U$S 3.000 millones en armas y ahora se especula que podría adquirir entre cinco y nueve submarinos convencionales (diesel-eléctricos). Según analistas militares, los submarinos aún no siendo de última generación 'constituyen una potencial amenaza ante cualquier operación naval o anfibia' como lo demostró la guerra de las Malvinas, cuando un único y antiguo submarino argentino creó enormes dificultades a las fuerzas británicas.Aunque no resulta adecuado hablar de una carrera armamentista regional, lo cierto es que Chávez parece estar diseñando una estrategia de defensa. De la experiencia de Irak tomó la enseñanza de la importancia de las milicias armadas para desarrollar una guerra asimétrica ante una posible invasión, de ahí la compra masiva de fusiles que podría estar en condiciones de fabricar si prosperan las negociaciones para instalar una planta en Venezuela. En paralelo, si opta por la compra de submarinos puede estar indicando que su país se prepara ante un eventual bloqueo marítimo que podría interrumpir las exportaciones de petróleo.En todo caso, conviene tomar los datos anteriores con pinzas. Venezuela depende tanto de sus exportaciones de petróleo como Estados Unidos de las importaciones desde ese país. Las importaciones de crudo venezolano pasaron de U$S 15.200 millones en 2001 a U$S 34 mil millones en 2005. Venezuela ya es el tercer exportador de petróleo a Estados Unidos desplazando de ese lugar a Arabia Saudita.
Ircaméricas
El reciente viaje del presidente Hugo Chávez a Rusia fue visualizado como parte de la carrera armamentista en la que estaría empeñado el dirigente boliviariano. Sin embargo los hechos indican que Venezuela está muy por detrás de los dos principales aliados de Washington en la región, Colombia y Chile, en la compra de armas.Aunque Venezuela se lleva los titulares, no es por cierto el país que se encuentra a la vanguardia en cuanto a adquisiciones de armamentos. En los últimos años Chile ha comprado armas por U$S 2.785 millones, Venezuela por U$S 2.200 millones y Brasil, muy rezagado, ocupa el tercer lugar con U$S 1.342 millones. Un reciente informe de la revista especializada Military Power Review asegura que el país trasandino ha ascendido del cuarto al tercer lugar en el ranking de 'capacidad militar' de Sudamérica, desplazando a Argentina de ese lugar y acercándose a Perú, que sigue ocupando el segundo sitio.Venezuela también ascendió un lugar, pero sigue estando a considerable distancia de los países militarmente más poderosos. Si se observa el gasto en Defensa como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el primer lugar pertenece también a Chile, con el 3.8% en 2005, seguido de Colombia con el 3.7%, país que además se benefició de una cuantiosa ayuda militar de los Estados Unidos que asciende a U$S 3.000 millones desde 2001 por el Plan Colombia y el Plan Patriota. En 2005 Venezuela aún se situaba lejos, con el 1.6% del PIB en gastos militares, muy similar al promedio del país antes de la llegada al gobierno de Hugo Chávez.Armas y cobreEl permanente aumento del precio del cobre, paralelo al del petróleo, que entre 2002 y 2006 creció en el mercado internacional un 400%, explica en gran medida lo que el instituto Nueva Mayoría de Argentina valora como un 'proceso macizo pero gradual' de rearme en los últimos 15 años, acelerado desde 2003. En su informe 'Rearme: los casos paradigmáticos de Chile y Venezuela y su impacto regional', el mencionado centro de estudios sostiene que el ministerio de Defensa chileno mantiene gran autonomía a la hora de diseñar su política gracias a la Ley Secreta del Cobre que destina un porcentaje de las exportaciones del metal a las fuerzas armadas.El Ejército chileno redujo su personal en la última década de 120 mil a 40 mil efectivos, y se reorganizó creando ocho brigadas dando prioridad a la movilidad y la capacidad de fuego. Chile adquirió 100 tanques pesados Leonard II alemanes y puede adquirir otros tantos, 28 aviones F-16 provistos de misiles AMRAAN y bombas láser aire-aire inéditos hasta ahora en la región. Más impactante aún es la compra de dos modernos submarinos Scorpene franco-alemanes además de ocho fragatas misilísticas, aviones de patrullaje marítimos y buques petroleros. 'Medios especializados han concluido que tomando en cuenta los tamaños relativos de los PIB de Brasil y Chile, este último destina seis veces más recursos económicos a equipamiento militar que la principal potencia de la región', sostiene Nueva Mayoría.Venezuela se defiendeMientras Chile mantiene excelentes relaciones con Estados Unidos, su principal proveedor de armas sofisticadas que sólo se reservan a los aliados, Caracas sufre desde 2006 el embargo de la superpotencia de armas, piezas y repuestos de uso militar. Israel y Suecia podrían adherir a ese boicot. Desde que en mayo de 2006 se realizaron maniobras navales en el Caribe por parte de Estados Unidos, Holanda y Gran Bretaña, se encendieron las alarmas en el país de Chávez ya que fueron las mayores celebradas en la región desde la crisis de los misiles con Cuba en 1962. En agosto de ese mismo año se supo que la Dirección Nacional de Inteligencia estadounidense había creado un cargo especial para tareas de inteligencia y operaciones especiales para Cuba y Venezuela.Desde ese momento Caracas se lanzó a la compra de armas, pero debió recurrir a otros países que no tienen buenas relaciones con Washington, entre ellos Rusia, China e Irán, aunque también en España. Ya fueron entregados más de 52 mil fusiles AK-103 de los 100 mil que compró a Rusia para reemplazar los FAL belgas que datan de la década de 1950. Además busca comprar misiles antiaéreos M1 Tor (similares a los que acaba de adquirir Irán), 24 cazabombarderos SU-30, 30 helicópteros de transporte y ataque Mi-35, todo ello en Rusia, y media docena de corbetas y una docena de aviones de transporte españoles.Hasta ahora Venezuela ha gastado unos U$S 3.000 millones en armas y ahora se especula que podría adquirir entre cinco y nueve submarinos convencionales (diesel-eléctricos). Según analistas militares, los submarinos aún no siendo de última generación 'constituyen una potencial amenaza ante cualquier operación naval o anfibia' como lo demostró la guerra de las Malvinas, cuando un único y antiguo submarino argentino creó enormes dificultades a las fuerzas británicas.Aunque no resulta adecuado hablar de una carrera armamentista regional, lo cierto es que Chávez parece estar diseñando una estrategia de defensa. De la experiencia de Irak tomó la enseñanza de la importancia de las milicias armadas para desarrollar una guerra asimétrica ante una posible invasión, de ahí la compra masiva de fusiles que podría estar en condiciones de fabricar si prosperan las negociaciones para instalar una planta en Venezuela. En paralelo, si opta por la compra de submarinos puede estar indicando que su país se prepara ante un eventual bloqueo marítimo que podría interrumpir las exportaciones de petróleo.En todo caso, conviene tomar los datos anteriores con pinzas. Venezuela depende tanto de sus exportaciones de petróleo como Estados Unidos de las importaciones desde ese país. Las importaciones de crudo venezolano pasaron de U$S 15.200 millones en 2001 a U$S 34 mil millones en 2005. Venezuela ya es el tercer exportador de petróleo a Estados Unidos desplazando de ese lugar a Arabia Saudita.
Friday, July 20, 2007
El arte de atrapar expresidentes
Luis A. Gómez
17 julio 2007
La Paz -
Tiene 37 años y muestra una calma impresionante a la hora de hablar de su trabajo. Desde que comenzó el siglo es fiscal en La Paz, donde ha trabajado en algunos de los casos más sonados de los últimos tiempos, como el de la llamada “Banda de Blas”, un grupo de delincuentes comandados por un coronel de policía. Por eso y por negarse a detener su trabajo, a Milton Mendoza lo han reconocido en la Fiscalía General de la República… y lo amenazan de muerte cada cierto tiempo. Hoy tiene en sus manos representar a los bolivianos para traer a un masacrador ante la justicia.
Por eso solicitamos una entrevista con él en uno de los tramos finales de un proceso complejo: para saber quién está a cargo de perseguir al expresidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada y a sus colaboradores, para que rindan cuentas por las masacres de la llamada “Guerra del Gas”, ocurrida entre septiembre y octubre de 2003.
Primero que nada, este hombre fornido de ademanes tranquilos no juega a ser la super estrella que, por ejemplo, el juez español Baltazar Garzón cree ser. Tampoco es un hombre recio de mirada amenazante como un justiciero barato de telenovela gringa. Es un hombre de leyes. Con ropa informal, como lo encontramos, parece un hombre como cualquiera… tal vez por eso inspira confianza.
Cruzando la puerta del poder
El pasado 24 de abril, haciendo uso de sus facultades para investigar crímenes, Milton Mendoza llevó adelante una acción que mostró cuánto ha cambiado Bolivia los últimos tiempos: con una orden de la Suprema Corte de Justicia en mano, el fiscal allanó la casa de Sánchez Lozada en el barrio paceño de Obrajes. Ahí, se lamentaron más tarde periodistas y viejos lacayos, habitaban la suegra y la cuñada del ex mandatario, y un administrador… que, de acuerdo a los datos consignados por la investigación, alguna vez ostentó el grado de capitán en la dirección de inteligencia militar. Nada es casual.
Aunque pareció una reacción normal ante la aparente inoportunidad, un dirigente del partido político que presidió Sánchez de Lozada, el señor Guido Meruvia, calificó el allanamiento de persecución política “que raya en la estupidez”. Siguiendo la línea, el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga dudó que entrar en la casa de su colega y amigo tuviera algún resultado positivo. Pero lo tuvo…
Mendoza defiende su proceder y explica sin prisas cómo esa acción, aún tres años y medio después de que Sánchez de Lozada dejara la casa, le ha permitido hallar documentos clave para su trabajo. En principio, los documentos encontrados le permitieron al fiscal conocer mejor al expresidente, como se requiere en toda investigación penal. “Los elementos domésticos de comunicación con su administrador van a servir para determinar mejor la personalidad de quien ahora está encausado por este proceso”, puntualiza el fiscal cuando menciona una serie de correos electrónicos hallados en el allanamiento.
De hecho, el agente del ministerio público recuerda que entre las cosas encontradas hay una foto. La imagen muestra, como nos explica Mendoza, al presidente estadounidense George W. Bush, quien además de su firma escribió en la foto la tierna dedicatoria: “Por siempre, para Gonzalo”. Más allá de que a ambos políticos les de por andar asesinando gente desarmada, la amistad que los une podría entorpecer (entorpece de hecho) “el proceso que se le sigue al señor Sánchez de Lozada y todo lo relacionado con su actual residencia en Estados Unidos”, define Mendoza al trámite de extradición y otros asuntos por el estilo.
El fiscal de recursos Mendoza también encontró una copia de un documento muy particular, de título “Lealtad con Bolivia”…
No disparen
La ex ministra Mirtha Quevedo, persona muy cercana a Goni, amplió su declaración en el caso también conocido como “Octubre Negro” el 17 de abril de este año. Ese día, en instalaciones de la Fiscalía General de la República en la ciudad de Sucre, Quevedo mostró la primera gran fisura en el bloque de acusados y trató de lavarse de toda culpa.
Fundamentalmente, Quevedo dijo que no fue consultada para la emisión del Decreto Supremo 27209, que legalizó las masacres y está firmado por Sánchez de Lozada y todo su gabinete. Que ella pensó que no se usarían armas de fuego para reprimir a la gente. Que además, unas horas antes que su amado ex jefe dejara Bolivia el 17 de octubre de 2003, fue signado el famoso documento “Lealtad con Bolivia”.
Ante las declaraciones de Quevedo, Milton Mendoza optó por una conclusión muy simple: si la ex colaboradora de Sánchez de Lozada dijo la verdad, el documento era una especie de pacto para la impunidad de los involucrados. En todo caso, comenzó a planificar las declaraciones de algunos personajes ligados al detalle, como los ex presidentes Jaime Paz Zamora y Carlos Mesa.
El allanamiento dio al fiscal ideas más claras: “Se encontró el documento original ‘Lealtad con Bolivia’, y no solamente ése. Encontramos documentos originales de las Fuerzas Armadas”. Todo esto, dice, de mucha valía para la investigación que dirige.
Pero “Lealtad con Bolivia” no era un pacto de sangre y de silencio. Unas horas después del allanamiento a la casa del ex presidente Sánchez de Lozada, en la ciudad de Santa Cruz, el general en retiro José Antonio Gil Quiroga se acercó al diario El Deber para develar el contenido del documento que él habría ayudado a elaborar.
Gil Quiroga ejercía en 2003 el cargo de Secretario Permanente del Consejo Supremo de Defensa Nacional (Cosdena), máximo organismo de inteligencia nacional y de coordinación entre las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo. “Lealtad con Bolivia”, explicó Quiroga, fue un documento de análisis militar de la situación durante los conflictos de ese año, en el que se explicaba al gobierno de Goni que “se tenía que hacer una serie de actividades para evitar la ruptura de la estabilidad democrática, para impedir que se produjeran enfrentamientos entre bolivianos y que no se utilice mal a las FFAA en contraposición a su pueblo. En otras palabras, se le estaba diciendo al Gobierno que se estaban equivocando”.
Es decir, queridos lectores, que el documento original hallado en casa de Sánchez de Lozada, elaborado por militares y de su conocimiento, era un llamado a no usar la fuerza de las armas. Del texto, por cierto, también recibieron copia cinco de sus ministros. Entonces, dado el caso en contra del expresidente por más de 60 muertes y cientos de heridos, ¿sirvió de algo allanar su casa en La Paz?
Ah, sí, Gil Quiroga no solamente dio una entrevista a El Deber, también entregó copia del documento y aseguró su total disposición a declarar y proveer que ayuden a esclarecer los hechos de la “Guerra del Gas”.
Pero eso no fue todo. Como citamos más arriba, Milton Mendoza encontró “documentos originales de las Fuerzas Armadas” en la casa de Sánchez de Lozada… consultado al respecto, el abogado Rogelio Mayta, coordinador jurídico del comité que impulsa el juicio contra el expresidente, nos dijo que esos documentos (comandos, órdenes, reportes y otros) no debieron aparecer sino en instalaciones del alto mando militar. “Pero estaban en poder del Goni”, dice, “eso indica una cosa de entrada: sabía lo que estaba ocurriendo en septiembre y octubre de 2003 en Bolivia”.
¿Sirvió de algo ese allanamiento? Perdonen la insistencia en preguntar… este periodista cree que sí, que Milton Mendoza hizo bien en cruzar la puerta del poder. Al parecer, eso le ha costado ya la vida a un investigador de la policía y además amenazan constantemente de muerte a los fiscales que trabajan en el caso. Pero eso será contado en otra ocasión…
17 julio 2007
La Paz -
Tiene 37 años y muestra una calma impresionante a la hora de hablar de su trabajo. Desde que comenzó el siglo es fiscal en La Paz, donde ha trabajado en algunos de los casos más sonados de los últimos tiempos, como el de la llamada “Banda de Blas”, un grupo de delincuentes comandados por un coronel de policía. Por eso y por negarse a detener su trabajo, a Milton Mendoza lo han reconocido en la Fiscalía General de la República… y lo amenazan de muerte cada cierto tiempo. Hoy tiene en sus manos representar a los bolivianos para traer a un masacrador ante la justicia.
Por eso solicitamos una entrevista con él en uno de los tramos finales de un proceso complejo: para saber quién está a cargo de perseguir al expresidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada y a sus colaboradores, para que rindan cuentas por las masacres de la llamada “Guerra del Gas”, ocurrida entre septiembre y octubre de 2003.
Primero que nada, este hombre fornido de ademanes tranquilos no juega a ser la super estrella que, por ejemplo, el juez español Baltazar Garzón cree ser. Tampoco es un hombre recio de mirada amenazante como un justiciero barato de telenovela gringa. Es un hombre de leyes. Con ropa informal, como lo encontramos, parece un hombre como cualquiera… tal vez por eso inspira confianza.
Cruzando la puerta del poder
El pasado 24 de abril, haciendo uso de sus facultades para investigar crímenes, Milton Mendoza llevó adelante una acción que mostró cuánto ha cambiado Bolivia los últimos tiempos: con una orden de la Suprema Corte de Justicia en mano, el fiscal allanó la casa de Sánchez Lozada en el barrio paceño de Obrajes. Ahí, se lamentaron más tarde periodistas y viejos lacayos, habitaban la suegra y la cuñada del ex mandatario, y un administrador… que, de acuerdo a los datos consignados por la investigación, alguna vez ostentó el grado de capitán en la dirección de inteligencia militar. Nada es casual.
Aunque pareció una reacción normal ante la aparente inoportunidad, un dirigente del partido político que presidió Sánchez de Lozada, el señor Guido Meruvia, calificó el allanamiento de persecución política “que raya en la estupidez”. Siguiendo la línea, el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga dudó que entrar en la casa de su colega y amigo tuviera algún resultado positivo. Pero lo tuvo…
Mendoza defiende su proceder y explica sin prisas cómo esa acción, aún tres años y medio después de que Sánchez de Lozada dejara la casa, le ha permitido hallar documentos clave para su trabajo. En principio, los documentos encontrados le permitieron al fiscal conocer mejor al expresidente, como se requiere en toda investigación penal. “Los elementos domésticos de comunicación con su administrador van a servir para determinar mejor la personalidad de quien ahora está encausado por este proceso”, puntualiza el fiscal cuando menciona una serie de correos electrónicos hallados en el allanamiento.
De hecho, el agente del ministerio público recuerda que entre las cosas encontradas hay una foto. La imagen muestra, como nos explica Mendoza, al presidente estadounidense George W. Bush, quien además de su firma escribió en la foto la tierna dedicatoria: “Por siempre, para Gonzalo”. Más allá de que a ambos políticos les de por andar asesinando gente desarmada, la amistad que los une podría entorpecer (entorpece de hecho) “el proceso que se le sigue al señor Sánchez de Lozada y todo lo relacionado con su actual residencia en Estados Unidos”, define Mendoza al trámite de extradición y otros asuntos por el estilo.
El fiscal de recursos Mendoza también encontró una copia de un documento muy particular, de título “Lealtad con Bolivia”…
No disparen
La ex ministra Mirtha Quevedo, persona muy cercana a Goni, amplió su declaración en el caso también conocido como “Octubre Negro” el 17 de abril de este año. Ese día, en instalaciones de la Fiscalía General de la República en la ciudad de Sucre, Quevedo mostró la primera gran fisura en el bloque de acusados y trató de lavarse de toda culpa.
Fundamentalmente, Quevedo dijo que no fue consultada para la emisión del Decreto Supremo 27209, que legalizó las masacres y está firmado por Sánchez de Lozada y todo su gabinete. Que ella pensó que no se usarían armas de fuego para reprimir a la gente. Que además, unas horas antes que su amado ex jefe dejara Bolivia el 17 de octubre de 2003, fue signado el famoso documento “Lealtad con Bolivia”.
Ante las declaraciones de Quevedo, Milton Mendoza optó por una conclusión muy simple: si la ex colaboradora de Sánchez de Lozada dijo la verdad, el documento era una especie de pacto para la impunidad de los involucrados. En todo caso, comenzó a planificar las declaraciones de algunos personajes ligados al detalle, como los ex presidentes Jaime Paz Zamora y Carlos Mesa.
El allanamiento dio al fiscal ideas más claras: “Se encontró el documento original ‘Lealtad con Bolivia’, y no solamente ése. Encontramos documentos originales de las Fuerzas Armadas”. Todo esto, dice, de mucha valía para la investigación que dirige.
Pero “Lealtad con Bolivia” no era un pacto de sangre y de silencio. Unas horas después del allanamiento a la casa del ex presidente Sánchez de Lozada, en la ciudad de Santa Cruz, el general en retiro José Antonio Gil Quiroga se acercó al diario El Deber para develar el contenido del documento que él habría ayudado a elaborar.
Gil Quiroga ejercía en 2003 el cargo de Secretario Permanente del Consejo Supremo de Defensa Nacional (Cosdena), máximo organismo de inteligencia nacional y de coordinación entre las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo. “Lealtad con Bolivia”, explicó Quiroga, fue un documento de análisis militar de la situación durante los conflictos de ese año, en el que se explicaba al gobierno de Goni que “se tenía que hacer una serie de actividades para evitar la ruptura de la estabilidad democrática, para impedir que se produjeran enfrentamientos entre bolivianos y que no se utilice mal a las FFAA en contraposición a su pueblo. En otras palabras, se le estaba diciendo al Gobierno que se estaban equivocando”.
Es decir, queridos lectores, que el documento original hallado en casa de Sánchez de Lozada, elaborado por militares y de su conocimiento, era un llamado a no usar la fuerza de las armas. Del texto, por cierto, también recibieron copia cinco de sus ministros. Entonces, dado el caso en contra del expresidente por más de 60 muertes y cientos de heridos, ¿sirvió de algo allanar su casa en La Paz?
Ah, sí, Gil Quiroga no solamente dio una entrevista a El Deber, también entregó copia del documento y aseguró su total disposición a declarar y proveer que ayuden a esclarecer los hechos de la “Guerra del Gas”.
Pero eso no fue todo. Como citamos más arriba, Milton Mendoza encontró “documentos originales de las Fuerzas Armadas” en la casa de Sánchez de Lozada… consultado al respecto, el abogado Rogelio Mayta, coordinador jurídico del comité que impulsa el juicio contra el expresidente, nos dijo que esos documentos (comandos, órdenes, reportes y otros) no debieron aparecer sino en instalaciones del alto mando militar. “Pero estaban en poder del Goni”, dice, “eso indica una cosa de entrada: sabía lo que estaba ocurriendo en septiembre y octubre de 2003 en Bolivia”.
¿Sirvió de algo ese allanamiento? Perdonen la insistencia en preguntar… este periodista cree que sí, que Milton Mendoza hizo bien en cruzar la puerta del poder. Al parecer, eso le ha costado ya la vida a un investigador de la policía y además amenazan constantemente de muerte a los fiscales que trabajan en el caso. Pero eso será contado en otra ocasión…
Monday, July 16, 2007
Escudo de defensa con misiles: ¿idea loca u objetivo racional?
Immanuel Wallerstein
La Jornada
George W. Bush ha estado pujando fuerte para establecer lo que él llama un escudo de defensa con misiles en la República Checa y en Polonia. Muy poca gente piensa que eso sea una idea cuerda. Aunque ambos gobiernos de Europa del este parecen respaldarla con entusiasmo, las encuestas de opinión pública muestran que sus propias poblaciones están en contra. Rusia lo ha denunciado abiertamente. Alemania la combate más en silencio. Irán muestra total indiferencia. Y Joseph Cirincione, quien ha dedicado su carrera profesional a luchar contra la proliferación de armas nucleares, dice que Bush está pujando por "una tecnología que no funciona contra una amenaza que no existe".
Entonces, ¿es ésta una idea loca solamente, una pieza más de la evidencia de que el régimen de Bush es irracional y no muy astuto? En realidad no. Hay un objetivo racional atrás de todo esto, y casi no es secreto. Comencemos con la explicación aparente. Bush dice que quiere protección contra la amenaza nuclear por parte de un Estado malhechor (léase Irán) contra Europa y Estados Unidos.
Rusia afirma que los llamados escudos defensivos están de hecho apuntados contra ella, a lo cual no sólo se opone, sino que desplegará misiles contra Europa. Realmente los gobiernos checo y polaco no parecen alarmarse mucho por la amenaza iraní, pero sí pensar que existe una amenaza rusa. Entonces, la razón por la que se entusiasman con la idea es que concuerdan con los rusos en que esta es una movida contra Rusia. De hecho, ésta es, también en privado, la posición alemana. Y en privado también es muy probable que compartan esa visión todos los gobiernos de Europa occidental.
George W. Bush insiste en que eso no es cierto, que los rusos son amigos, y que no intenta amenazarlos. El señala que checos y polacos no tienen que escoger entre Estados Unidos y Rusia. Pueden (y deberían) ser amigos de ambos. Y tal vez realmente lo piense, en el sentido de que ni Bush ni los neoconservadores buscan hacer de Rusia ya un otro enemigo para el siglo XXI. Así, ¿qué ocurre?
Donald Rumsfeld nos dijo lo que sucede hace mucho tiempo. La política del actual gobierno estadunidense es utilizar la llamada nueva Europa para constreñir y limitar el papel político de la llamada vieja Europa -es decir, utilizar a los gobiernos de Europa del este contra los gobiernos de Europa occidental. Estados Unidos, especialmente el régimen de Bush, no quiere ver una Europa fuerte, una que pudiera emprender una serie de políticas aparte de las de Washington. Y uno podría decir que la doctrina Rumsfeld ha logrado, hasta ahora, un éxito razonable en ello. El punto de erigir escudos defensivos con misiles en Europa del este es para proteger Estados Unidos no de Irán ni de Rusia, sino de Europa occidental, lo que explica la actitud alemana.
El periodo de la dominación soviética en Europa del este fue una experiencia muy negativa para los países satélites y para los estados ex soviéticos, hoy independientes. Todos viven un síndrome de estrés postraumático. Las fuerzas del ala derecha, dentro de cada una de esas naciones, alimentan ese miedo para impulsar agendas propias. Dichas fuerzas realmente no tienen miedo a la fuerza directa militar rusa, ni siquiera a la presión política. Tienen miedo a que Europa occidental haga un nuevo pacto político con Rusia, y que ellos no puedan decir mucho acerca de los términos de ese convenio.
Eso no es irracional de su parte. Ha habido muchos pactos así a lo largo de los últimos siglos, y de nuevo ésta es una posibilidad seria. Por ello los países de Europa del este proclaman su inextinguible amor por Estados Unidos (desplegado tan efusivamente como hizo Albania el 11 de junio, durante la visita de ocho horas de George W. Bush).
El objetivo de esas efusivas proclamas de amistad es doble: debilitar a los europeos occidentales y crear una situación en la cual Estados Unidos sea vea forzado a respaldar a los europeos del este. Esta es la táctica clásica de los países más débiles en relación con las naciones más fuertes, que parecen ser sus aliados ideológicos. Cuba y Vietnam la usaron vis-à-vis la Unión Soviética. Corea del Norte la usó vis-à-vis China.
Es una estrategia que con frecuencia funciona. Pero tiene limitaciones. El talón de Aquiles de dicha táctica es que depende de las necesidades continuadas del país más fuerte, en este caso el gobierno de Estados Unidos, que el juego se juegue. Por el momento, Washington está muy dispuesto. Pero cuando se retire de Irak y recalibre su postura global tomando en cuenta su disminuido poderío geopolítico, sostener a los regímenes polaco y checo puede parecer menos útil, incluso puede desvanecerse su importancia. En ese punto, los gobiernos de Europa del este pueden quedarse solos -dependientes en lo económico y en lo militar de justo las potencias de Europa occidental que ahora desdeñan, aun cuando, o especialmente, hay acercamientos París-Berlín-Moscú.
Así que, en el corto plazo, la construcción de un escudo defensivo con misiles en Europa del este sirve a las necesidades de Estados Unidos y a las de los gobiernos de dicha región, pero en el largo plazo parece que los europeos orientales están apostando a un caballo que tal vez no termine la carrera.
© Immanuel Wallerstein
Traducción: Ramón Vera Herrera
La Jornada
George W. Bush ha estado pujando fuerte para establecer lo que él llama un escudo de defensa con misiles en la República Checa y en Polonia. Muy poca gente piensa que eso sea una idea cuerda. Aunque ambos gobiernos de Europa del este parecen respaldarla con entusiasmo, las encuestas de opinión pública muestran que sus propias poblaciones están en contra. Rusia lo ha denunciado abiertamente. Alemania la combate más en silencio. Irán muestra total indiferencia. Y Joseph Cirincione, quien ha dedicado su carrera profesional a luchar contra la proliferación de armas nucleares, dice que Bush está pujando por "una tecnología que no funciona contra una amenaza que no existe".
Entonces, ¿es ésta una idea loca solamente, una pieza más de la evidencia de que el régimen de Bush es irracional y no muy astuto? En realidad no. Hay un objetivo racional atrás de todo esto, y casi no es secreto. Comencemos con la explicación aparente. Bush dice que quiere protección contra la amenaza nuclear por parte de un Estado malhechor (léase Irán) contra Europa y Estados Unidos.
Rusia afirma que los llamados escudos defensivos están de hecho apuntados contra ella, a lo cual no sólo se opone, sino que desplegará misiles contra Europa. Realmente los gobiernos checo y polaco no parecen alarmarse mucho por la amenaza iraní, pero sí pensar que existe una amenaza rusa. Entonces, la razón por la que se entusiasman con la idea es que concuerdan con los rusos en que esta es una movida contra Rusia. De hecho, ésta es, también en privado, la posición alemana. Y en privado también es muy probable que compartan esa visión todos los gobiernos de Europa occidental.
George W. Bush insiste en que eso no es cierto, que los rusos son amigos, y que no intenta amenazarlos. El señala que checos y polacos no tienen que escoger entre Estados Unidos y Rusia. Pueden (y deberían) ser amigos de ambos. Y tal vez realmente lo piense, en el sentido de que ni Bush ni los neoconservadores buscan hacer de Rusia ya un otro enemigo para el siglo XXI. Así, ¿qué ocurre?
Donald Rumsfeld nos dijo lo que sucede hace mucho tiempo. La política del actual gobierno estadunidense es utilizar la llamada nueva Europa para constreñir y limitar el papel político de la llamada vieja Europa -es decir, utilizar a los gobiernos de Europa del este contra los gobiernos de Europa occidental. Estados Unidos, especialmente el régimen de Bush, no quiere ver una Europa fuerte, una que pudiera emprender una serie de políticas aparte de las de Washington. Y uno podría decir que la doctrina Rumsfeld ha logrado, hasta ahora, un éxito razonable en ello. El punto de erigir escudos defensivos con misiles en Europa del este es para proteger Estados Unidos no de Irán ni de Rusia, sino de Europa occidental, lo que explica la actitud alemana.
El periodo de la dominación soviética en Europa del este fue una experiencia muy negativa para los países satélites y para los estados ex soviéticos, hoy independientes. Todos viven un síndrome de estrés postraumático. Las fuerzas del ala derecha, dentro de cada una de esas naciones, alimentan ese miedo para impulsar agendas propias. Dichas fuerzas realmente no tienen miedo a la fuerza directa militar rusa, ni siquiera a la presión política. Tienen miedo a que Europa occidental haga un nuevo pacto político con Rusia, y que ellos no puedan decir mucho acerca de los términos de ese convenio.
Eso no es irracional de su parte. Ha habido muchos pactos así a lo largo de los últimos siglos, y de nuevo ésta es una posibilidad seria. Por ello los países de Europa del este proclaman su inextinguible amor por Estados Unidos (desplegado tan efusivamente como hizo Albania el 11 de junio, durante la visita de ocho horas de George W. Bush).
El objetivo de esas efusivas proclamas de amistad es doble: debilitar a los europeos occidentales y crear una situación en la cual Estados Unidos sea vea forzado a respaldar a los europeos del este. Esta es la táctica clásica de los países más débiles en relación con las naciones más fuertes, que parecen ser sus aliados ideológicos. Cuba y Vietnam la usaron vis-à-vis la Unión Soviética. Corea del Norte la usó vis-à-vis China.
Es una estrategia que con frecuencia funciona. Pero tiene limitaciones. El talón de Aquiles de dicha táctica es que depende de las necesidades continuadas del país más fuerte, en este caso el gobierno de Estados Unidos, que el juego se juegue. Por el momento, Washington está muy dispuesto. Pero cuando se retire de Irak y recalibre su postura global tomando en cuenta su disminuido poderío geopolítico, sostener a los regímenes polaco y checo puede parecer menos útil, incluso puede desvanecerse su importancia. En ese punto, los gobiernos de Europa del este pueden quedarse solos -dependientes en lo económico y en lo militar de justo las potencias de Europa occidental que ahora desdeñan, aun cuando, o especialmente, hay acercamientos París-Berlín-Moscú.
Así que, en el corto plazo, la construcción de un escudo defensivo con misiles en Europa del este sirve a las necesidades de Estados Unidos y a las de los gobiernos de dicha región, pero en el largo plazo parece que los europeos orientales están apostando a un caballo que tal vez no termine la carrera.
© Immanuel Wallerstein
Traducción: Ramón Vera Herrera
Saturday, June 23, 2007
¿Quiénes llaman a la desobediencia civil?
Jubenal Quispe
APM
Un periodista boliviano desnuda las maniobras conspirativas de las fuerzas económicas y políticas del rico Oriente
La ciudadanía medianamente informada sabía y sabe que la demanda de las autonomías departamentales, promovida y financiada por la elite económica de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (empresarios y latifundistas enriquecidos con el despilfarro de la deuda externa en tiempos de la dictadura de Banzer, hoy denominado Comando Camba de la media luna) era sólo un instrumento para reproducir, a nivel de los departamentos, el centralismo estatal corrupto, sin ningún tipo de control social.
No se debe olvidar que los ahora autonomistas, antes del Presidente Indígena, ejercieron el control total del gobierno central, en diferentes épocas, hasta coronar a Bolivia como uno de los países más corruptos del planeta. ¿De dónde era Víctor Paz Estensoro, cuatro veces presidente? ¿Tal vez recuerda Usted la procedencia de Hugo Banzer Suárez, dos veces presidente? ¿Quizás a Jaime Paz Zamora, uno de los gobiernos más corruptos que jamás haya conocido el país? Ya en el siglo XIX, la élite del Oriente del país, luego de tramar la derrota de Bolivia en la Guerra con Chile, encabezado por Narciso Campero, se apropio del gobierno central y lo convirtió en su feudo para enriquecerse con el saqueo de los recursos naturales. ¿Por qué, entonces, no “democratizaron” y “autonomizaron” el país? Pero lo más irrisorio es que, ahora, los supuestos demócratas y autonomistas, “salvadores de los departamentos excluidos por el centralismo paceño”, le declaran la guerra civil al Estado boliviano. Empresarios y latifundistas, secundados por sus vasallos: los prefectos, comités cívicos de la eclipsada media luna y la desperdiciada agrupación política PODEMOS, convocaron a la desobediencia civil.
Ellos demandaron autonomías departamentales sin ningún control social. Y en la Asamblea Constituyente se está debatiendo, además de las autonomías departamentales, autonomías provinciales, municipales, regionales, locales indígenas, municipales indígenas, todas con control social. Es decir una sobreabundancia de autonomías democráticas. Pero lo que desespera a los autonomistas, dirigidos estratégicamente por el Comando Camba, son los consensos en la Comisión de Tierra Territorio y Recursos Naturales, los informes de la Comisión Visión de País y las competencias para los diferentes niveles de gobiernos autonómicos que se debaten en la Comisión de Autonomías (Asamblea Constituyente).
Ellos saben que por la vía del debate y el consenso democrático están perdidos. Por eso renuncian al debate y optan por el combate. Están acostumbrados a acrecentar sus patrimonios con la sangre y el sudor de los bolivianos empobrecidos y a mantener sus privilegios confrontando y sacrificando vidas humanas. Nuestra historia está plagada de esta maldición.
Sería ingenuo creer, ahora que la bestia se saca su traje de piel de oveja, que el Comando Camba reclamaba autonomías para democratizar el poder político y económico. Era evidente que la autonomía para ellos era, es y será sólo una muletilla para preservar sus privilegios mal habidos y patrimonios recaudados a costa del Estado central que ahora repudian.
Ellos saben y sienten que la revisión y la redistribución de las propiedades agrarias avanzan. ¿Cómo podrá demostrar la familia Antelo (ideólogo del Comando Camba y precursor del discurso autonomista) la legitimidad y la legalidad de más de 115 mil hectáreas de tierras que acapara? ¿Sabía Usted que la familia del ex Ministro Carlos Saavedra Bruno posee más de 313 mil hectáreas de tierras? La familia de Roberto Barbery, intelectualoide mediático en la cadena de televisión PAT, es dueña de más de 208 mil hectáreas. Pato Monasterio, dueño de la red de televisión UNITEL, propietario de dos latifundios ilegales.
La guerra civil declarada por el Comando Camba es en defensa de sus latifundios y privilegios. Están desesperados porque ellos querían autonomías, sin ningún tipo de control social, para seguir exprimiendo al Estado. La desesperación de los corruptos es existencial porque el único espacio que tenían para seguir engordando con la corrupción se les fue de las manos. Es decir, perdieron el control de la Asamblea Constituyente. He allí el por qué, ante su incapacidad de debatir con ideas combaten a golpes a los constituyentes que avanzan con consensos políticos. El robo, la mentira, la corrupción y la esclavitud de los indígenas del Oriente del país ya no es sostenible hoy.
Hoy, ya es otro tiempo. Cuantos hemos sacrificado nuestras vidas para mantener la unidad y la dignidad boliviana, no estamos dispuestos a seguir engordando a los corruptos egoístas. Ayer nos engañaron y confrontaron con el cuento de la Guerra Federal (1899). Ellos ganaron, Bolivia perdió.
Como el bastión de la dignidad y de la unidad del país, los indígenas, presentes en todos los rincones del país, sí combatiremos con ideas y con la palabra a cuantos nos quieren encaminar a la segunda guerra civil y división del país.
Amanece el promisorio y esperado año nuevo andino. Cambia todo cambia. Hasta la fiera salvaje cambia su traje de piel de oveja para mostrarse como bestia dominada por sus instintos egoístas.
Hoy, es un imperativo ético innegociable el decir NO al engaño fratricida de los privilegiados que nos robaron el pasado y el presente. Es nuestro deber no negociar con el futuro promisorio de cuantos vienen después de nosotros. De lo contrario cuantos todavía no han llegado serán implacables en el juicio histórico contra nosotros.
Los sediciosos podrán perseguirnos, amenazarnos y matarnos el cuerpo, pero no podrán quitarnos la palabra, la libertad interna y el esfuerzo por un futuro promisorio. El porvenir es nuestro sin ningún tipo de exclusión.
APM
Un periodista boliviano desnuda las maniobras conspirativas de las fuerzas económicas y políticas del rico Oriente
La ciudadanía medianamente informada sabía y sabe que la demanda de las autonomías departamentales, promovida y financiada por la elite económica de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (empresarios y latifundistas enriquecidos con el despilfarro de la deuda externa en tiempos de la dictadura de Banzer, hoy denominado Comando Camba de la media luna) era sólo un instrumento para reproducir, a nivel de los departamentos, el centralismo estatal corrupto, sin ningún tipo de control social.
No se debe olvidar que los ahora autonomistas, antes del Presidente Indígena, ejercieron el control total del gobierno central, en diferentes épocas, hasta coronar a Bolivia como uno de los países más corruptos del planeta. ¿De dónde era Víctor Paz Estensoro, cuatro veces presidente? ¿Tal vez recuerda Usted la procedencia de Hugo Banzer Suárez, dos veces presidente? ¿Quizás a Jaime Paz Zamora, uno de los gobiernos más corruptos que jamás haya conocido el país? Ya en el siglo XIX, la élite del Oriente del país, luego de tramar la derrota de Bolivia en la Guerra con Chile, encabezado por Narciso Campero, se apropio del gobierno central y lo convirtió en su feudo para enriquecerse con el saqueo de los recursos naturales. ¿Por qué, entonces, no “democratizaron” y “autonomizaron” el país? Pero lo más irrisorio es que, ahora, los supuestos demócratas y autonomistas, “salvadores de los departamentos excluidos por el centralismo paceño”, le declaran la guerra civil al Estado boliviano. Empresarios y latifundistas, secundados por sus vasallos: los prefectos, comités cívicos de la eclipsada media luna y la desperdiciada agrupación política PODEMOS, convocaron a la desobediencia civil.
Ellos demandaron autonomías departamentales sin ningún control social. Y en la Asamblea Constituyente se está debatiendo, además de las autonomías departamentales, autonomías provinciales, municipales, regionales, locales indígenas, municipales indígenas, todas con control social. Es decir una sobreabundancia de autonomías democráticas. Pero lo que desespera a los autonomistas, dirigidos estratégicamente por el Comando Camba, son los consensos en la Comisión de Tierra Territorio y Recursos Naturales, los informes de la Comisión Visión de País y las competencias para los diferentes niveles de gobiernos autonómicos que se debaten en la Comisión de Autonomías (Asamblea Constituyente).
Ellos saben que por la vía del debate y el consenso democrático están perdidos. Por eso renuncian al debate y optan por el combate. Están acostumbrados a acrecentar sus patrimonios con la sangre y el sudor de los bolivianos empobrecidos y a mantener sus privilegios confrontando y sacrificando vidas humanas. Nuestra historia está plagada de esta maldición.
Sería ingenuo creer, ahora que la bestia se saca su traje de piel de oveja, que el Comando Camba reclamaba autonomías para democratizar el poder político y económico. Era evidente que la autonomía para ellos era, es y será sólo una muletilla para preservar sus privilegios mal habidos y patrimonios recaudados a costa del Estado central que ahora repudian.
Ellos saben y sienten que la revisión y la redistribución de las propiedades agrarias avanzan. ¿Cómo podrá demostrar la familia Antelo (ideólogo del Comando Camba y precursor del discurso autonomista) la legitimidad y la legalidad de más de 115 mil hectáreas de tierras que acapara? ¿Sabía Usted que la familia del ex Ministro Carlos Saavedra Bruno posee más de 313 mil hectáreas de tierras? La familia de Roberto Barbery, intelectualoide mediático en la cadena de televisión PAT, es dueña de más de 208 mil hectáreas. Pato Monasterio, dueño de la red de televisión UNITEL, propietario de dos latifundios ilegales.
La guerra civil declarada por el Comando Camba es en defensa de sus latifundios y privilegios. Están desesperados porque ellos querían autonomías, sin ningún tipo de control social, para seguir exprimiendo al Estado. La desesperación de los corruptos es existencial porque el único espacio que tenían para seguir engordando con la corrupción se les fue de las manos. Es decir, perdieron el control de la Asamblea Constituyente. He allí el por qué, ante su incapacidad de debatir con ideas combaten a golpes a los constituyentes que avanzan con consensos políticos. El robo, la mentira, la corrupción y la esclavitud de los indígenas del Oriente del país ya no es sostenible hoy.
Hoy, ya es otro tiempo. Cuantos hemos sacrificado nuestras vidas para mantener la unidad y la dignidad boliviana, no estamos dispuestos a seguir engordando a los corruptos egoístas. Ayer nos engañaron y confrontaron con el cuento de la Guerra Federal (1899). Ellos ganaron, Bolivia perdió.
Como el bastión de la dignidad y de la unidad del país, los indígenas, presentes en todos los rincones del país, sí combatiremos con ideas y con la palabra a cuantos nos quieren encaminar a la segunda guerra civil y división del país.
Amanece el promisorio y esperado año nuevo andino. Cambia todo cambia. Hasta la fiera salvaje cambia su traje de piel de oveja para mostrarse como bestia dominada por sus instintos egoístas.
Hoy, es un imperativo ético innegociable el decir NO al engaño fratricida de los privilegiados que nos robaron el pasado y el presente. Es nuestro deber no negociar con el futuro promisorio de cuantos vienen después de nosotros. De lo contrario cuantos todavía no han llegado serán implacables en el juicio histórico contra nosotros.
Los sediciosos podrán perseguirnos, amenazarnos y matarnos el cuerpo, pero no podrán quitarnos la palabra, la libertad interna y el esfuerzo por un futuro promisorio. El porvenir es nuestro sin ningún tipo de exclusión.
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