Centro de Documentación e Información de Bolivia
Rebelión
Como era previsible, uno de los asuntos de mayor confrontación en la Asamblea Constituyente (AC) es el tema autonómico. Hoy en día, la oposición férrea a las autonomías por parte del gobierno prácticamente ha desaparecido y es éste el que aparece ahora como el abanderado y líder de un proceso autonómico más profundo que el planteado por los comités cívicos y los partidos tradicionales. Por otra parte, el carácter que asume la confrontación entre los movimientos sociales e indígenas con los sectores oligárquicos hace que en los proyectos de autonomía presentados trasluzcan la visión del país, el tipo de Estado que se quiere construir y el cómo vamos a convivir entre bolivianos. No es poca cosa y por eso presentamos a su consideración el presente análisis que despeja los elementos subyacentes en ambas propuestas y los riesgos a los cuales nos enfrentamos al impulsar un régimen autonómico departamental, al menos como el que abanderan los cívicos del oriente.
¿Independencia o autonomía?
En el documento presentado por la minoría a la Comisión de Autonomía, Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Asamblea Constituyente (AC) existe un frase que desnuda la verdadera pretensión de los sectores oligárquicos, particularmente de Santa Cruz, con su exigencia de autonomía departamental, a saber: “Pese a que desde el punto de vista jurídico ‘norma’ es el vocablo más genérico para nombrar una regla u ordenación del comportamiento dictada por autoridad competente, cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción, hemos visto por conveniente señalar con precisión que la descentralización política, elemento fundamental de la autonomía, se refiere a la ‘capacidad legislativa’ que tienen los dos niveles subnacionales para desarrollar su legislación en sujeción a las competencias que el Estado les transfiere en el marco de la jurisdicción territorial que ejercen. En síntesis, normar equivale propiamente a legislar”. Para luego acotar que “el concepto de autonomía significa legislación propia en los niveles departamental y municipal”.
Valga decir que legislar, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española , significa capacidad de dictar leyes y por lo tanto facultad para determinar políticas públicas, a diferencia de normar que es usado de manera más genérica y por lo mismo describe la emisión de leyes, decretos, resoluciones, etcétera, en distintos niveles sin precisar su prelación; a lo que se debe acotar que en la jerga jurídica y política boliviana cuando dicho vocablo refiere una prelación siempre connota un nivel inferior a las leyes, decretos e, incluso, resoluciones ministeriales. Sin embargo, con una declaración suave y decorosa, pero que equipara innecesariamente dos vocablos con una clara distinción semántica, los representantes de PODEMOS, MNR, UN y MIR que conforman la minoría en la AC intentan hacer pasar una propuesta prácticamente independentista, cuya directa y franca expresión sería dura o malsonante para la mayoría de los bolivianos. No es para sorprender que esta misma digresión sobre legislar y normar, así como las mismas intenciones subyacen en el Estatuto Autonómico presentado en Santa Cruz en ocasión de festejar un año de la victoria del Sí a las autonomías en dicho departamento.
Al margen de la cuestión semántica, sin embargo, la frase refleja el sentido que los “autonomistas” pretenden darle al régimen autonómico departamental, a saber: potestad total a los “Gobiernos Departamentales” para definir políticas públicas sobre todas aquellas esferas que les serían transferidas desde el gobierno central. Aunque no está dicho explícitamente, subyace en la propuesta que esa “capacidad legislativa” de los departamentos no puede ser intervenida ni regulada por el gobierno central, el cual debe circunscribe solamente a elaborar la “legislación básica” y hacerse cargo de la “coordinación” de aspectos generales referidos a la nación y a aspectos que abarquen más de un departamento autónomo. En efecto, el momento de proponer el articulado específico de reforma del texto constitucional, se explicita lo antes mencionado, pues, se propone que las competencias del Estado están limitadas a la “legislación básica” de “la actividad económica”, de la “igualdad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de deberes constitucionales”, “seguridad social, educación y salud”, “derechos de los pueblos indígenas originarios”, también legislación básica “sobre el medio ambiente (y) aprovechamientos forestales” y sobre los “recursos naturales”, además de que el Estado central sólo tendrá autoridad sobre obras públicas que afecten a más de un departamento autónomo.
Por el contrario, se propone que los departamentos autónomos tengan la capacidad de generar legislación específica sobre todos los aspectos mencionados líneas arriba, pero principalmente sobre el “ordenamiento territorial” y “la dotación, adjudicación, distribución y redistribución de tierras fiscales”, así como la participación directa y decisiva en la “estructura descentralizada del Servicio Nacional de Reforma Agraria” (INRA), al punto que los “Gobernadores” otorgarán “títulos agrarios en sus respectivas jurisdicciones”, objetivos éstos sobre los cuales parece ser que no cejarán. La propuesta también indica que “el comercio, industria, agricultura, ganadería, servicios, actividades extractivista silvoforestal, caza y pesca, en el ámbito de su jurisdicción y en concordancia con las políticas nacionales”, la “construcción y aprovechamiento hidráulicos, canales, regadíos, aguas minerales y termales”, así como la biotecnología, las áreas protegidas, los recursos naturales renovables y no renovables, también son de potestad departamental. Aparte de lo anterior que es lo más estructurado que puede encontrarse en ambos documentos comentados, todos los demás aspectos que configuran la propuesta autonómica de los cívicos cruceños, son sólo un conjunto de exigencias desordenadas, poco reflexionadas y en función de proteger sus intereses.
Veamos, se propone que la Prefectura sea quien deba regir sobre los movimientos inmigratorios; es más se insinúa que se tiene que tramitar la radicatoria para vivir en los departamentos autónomos hecho que es una aberración jurídica y social. La propuesta no busca la construcción integral del país y por el contrario exuda el racismo y los ánimos de exclusión que prevalecen en ese sector de la sociedad boliviana. Por último y a manera de previsión, proponen que todos aquellos temas que no estén contemplados en la Constitución y que no estén “atribuidas expresamente al Gobierno Nacional por (la) Constitución, podrán corresponder a los departamentos autónomos o municipios, en virtud a sus propios estatutos” y no de las leyes de la república.
Aunque los documentos que comentamos aquí estén llenos de vocablos relativos a la autonomía, su planteamiento concreto ni siquiera alcanza la categoría de una propuesta de organización federal, y mucho menos la propuesta de un régimen autonómico, sino que es cínica e implícitamente independentista. No otra cosa significa dejar al Estado como el coordinador de programas y políticas generales, es decir intentan quitarle sus atribuciones esenciales y dejarlo como un cascarón vacío, sin capacidad para determinar sobre el destino del país.
La propuesta del MAS
“La autonomía de las entidades territoriales consiste en elegir a sus autoridades directamente por los ciudadanos, en recibir del Estado competencias ejecutivas, atribuciones normativas, administrativas, tributarias, técnicas y los recursos económicos financieros que les asigna la constitución y las leyes”. Así define la autonomía el documento aprobado por la mayoría en la Comisión de Autonomía, Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Asamblea Constituyente. Lo que implica, en síntesis, que los “territorios autónomos” reciben del gobierno central competencias normativas, de gestión y económico-financieras.
A diferencia de lo que persigue la minoría y los precursores del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en la propuesta del MAS subyace una clara intención por preservar la unidad del Estado y por supeditar las autonomías a ese fin. De hecho se declara que el fin de éstas es armonizar las diferencias y fortalecer la unidad del país. En concreto, cuando la propuesta refiere a las atribuciones y forma de funcionamiento de los territorios autónomos se deja claramente establecido los espacios y los niveles en los cuales las transferencias de facultades que haga el Estado se aplicaran. Dejando, además, en manos del poder legislativo la asignación de atribuciones, competencias, alcance y profundidad de las potestades autónomas.
La intención de no romper la unidad nacional puede observarse también cuando la propuesta hace la diferencia entre competencias privativas, exclusivas y compartidas. Se entiende la primeras como “aquellas cuyo ejercicio por el nivel nacional es indelegable, en los sectores estratégicos como garantía de la unidad, la seguridad externa e interna, la estabilidad económica y la distribución equitativa de los recursos”. Las segundas como “aquellas asignadas al Estado Nacional o a una Entidad territorial autónoma que posee la titularidad de la competencia. La misma puede ser delegada en una o más funciones administrativas a otro nivel o niveles, sin perder la titularidad de la misma. Las competencias exclusivas al ser asumidas por una entidad territorial, serán objeto de su normativa y reglamentación a partir de la ley emitida por el órgano legislativo nacional”. Las terceras como “aquellas que en su ejercicio puedan ser realizadas por mas de un nivel territorial del Estado. Para las materias compartidas el nivel nacional mediante ley determinará las funciones específicas de cada nivel territorial”.
En esta propuesta sobre las competencias nacionales y privativas del gobierno central se encuentran aspectos sustanciales como: La legislación, no sólo básica sino específica del “Sistema nacional de planificación” y de aquella que tenga que ver con “la definición de las políticas generales en todos los ámbitos, establecidos en el plan nacional de desarrollo”, lo que quiere decir que es el gobierno central uno de los actores decisivos del mismo. Para lo cual también necesita regir sobre el “Sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad”, “Banco Central, hacienda del Estado y deuda externa”, “Régimen de crédito, banca y seguros”, “Política fiscal, supervisión y control sobre el sistema financiero”, “Política del endeudamiento público”, “Política salarial del funcionario publico”, “Régimen tributario nacional”, “Normas básicas del sistema de administración y control gubernamental”, “Comercio exterior” y “Régimen aduanero y arancelario”.
Todos estos aspectos chocan con la intención del proyecto “autonomista” de la derecha que quiere que el gobierno departamental sea quien legisle sobre el funcionamiento económico de las regiones. En esta materia el tema más conflictivo, por la férrea resistencia de las oligarquías terratenientes, con seguridad será que en el proyecto del MAS se consigna como privativas del Estado central la “Propiedad, titularidad y gestión de la tierra y territorio, los recursos naturales y energéticos estratégicos, minerales, hidrocarburos, ríos mayores, fuentes y depósitos mayores de agua” para terminar señalando que la “Política sobre distribución y tenencia de la tierra” también es privativa del gobierno central.
Junto a ello también sería privativo del gobierno central la “Seguridad Nacional, Defensa y Fuerzas Armadas”, la “Policía Nacional” y el “Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos”, “Legislación mercantil, penal, procesal, laboral, civil, propiedad intelectual e industrial”, aquí también se perciben choques pues en el Estatuto autonómico se proponen que la justicia y la policía sean de potestad departamental. “Los asuntos relativos a la nacionalidad, ciudadanía, extranjería y derecho de asilo” así como la “Regulación y políticas sobre migración” también son de potestad privativa del gobierno nacional en dicho proyecto, a diferencia de la derecha que plantea que todo esto sea de jurisdicción departamental. Por último, también se incluye en este segmento de competencias a las “Relaciones internacionales y política exterior”, a las “Normas y políticas de transporte terrestre interdepartamental e internacional, aéreo y fluvial” y por supuesto la “Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los bolivianos en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales”.
Una vez que se aclaran cuáles son las competencias privativas del gobierno central, la propuesta, enumera las competencias exclusivas, tanto del gobierno central, como de los departamentos, municipios, provincias, regiones y territorios indígenas. Se entiende que todas las competencias normativas, de gestión y económicas que sean transferidas serán ejercidas no sólo en el marco de la legislación general de la república sino en función de ellas y para la mejor ejecución de las políticas nacionales determinadas, explícitamente se propone que el Estado mantiene supremacía sobre las regiones autónomas. Si bien se enumera cuáles serían esas competencias exclusivas y compartidas, se plantea la creación de un Sistema de Asignación y Control de Competencias bajo la tuición del poder legislativo, para en el futuro concretar en detalle las atribuciones de los territorios autónomos. Ante la disyuntiva de conformar un Estado que no es más que la conglomeración de un conjunto de regiones autónomas donde el gobierno central no es más que el coordinador entre ellas, y otro unitario, integrado y articulado con sus regiones, donde el gobierno nacional juega un rol preponderante en el destino del país, la propuesta del MAS apuesta por ésta última.
Autonomía Compleja
Otra diferencia entre las propuesta de la oligarquía y del MAS se encuentra en el status que adquieren las autonomías. Los primeros, si bien hablan de autonomía provincial y municipal, e incluso acceden a que allá donde exista mayoría indígena los mismos sean declarados de cualidad indígena, establecen claramente que las mismas sólo ejercerán lo legislado en los departamentos. En cambio, la propuesta del MAS define que, a las autonomías departamentales, provinciales y municipales, deben sumarse también las autonomías regionales e indígenas, las primeras conformadas por más de una provincia con continuidad geográfica y las segundas basadas en el territorio ancestral de algún pueblo indígena originario. En dicho proyecto además se establece que todas estas formas de autonomía además deben tener “el mismo rango constitucional, no admitiendo subordinación entre ellas, sino sujetándose a relaciones de coordinación y cooperación mutua”.
El planteamiento del MAS al menos tiene dos implicaciones, la primera que es un esfuerzo por reconocer la diversidad del país, tratándole de dar forma y contenido a las manifestaciones diversas en diversas regiones del país; así en algunos lugares serán más importantes las autonomías departamentales y sólo para ciertos temas, en otro sólo las municipales, pero con seguridad podrán encontrar expresión también aquellos territorios indígenas que abarcan más de un municipio o más de una provincia e incluso mantienen su identidad territorial, no sólo eso, al margen de la identidad indígena también podrán conformarse autonomías regionales, por ejemplo la región chaqueña o la circunlacustre del lago Titicaca. Todas estas autonomías supeditadas a la supremacía del Estado, con el mismo rango aunque con distintas atribuciones y competencias, de acuerdo con el proyecto podrán funcionar paralelamente, en función a las atribuciones y competencias transferidas.
La segunda implicancia es que la propuesta de varias formas de autonomías que vaya a expresarse en diferentes territorios autónomos, viene a contrarrestar los bríos y pretensiones de la “media luna”. De hecho, la conformación de autonomías regionales y/o autonomías indígenas viene, teóricamente por lo menos, a limitarle las atribuciones y competencias que quieren adquirir las autonomías departamentales y a poner en brete a los grandilocuentes sueños de los “gobernadores departamentales”. A estas alturas podemos decir que no importando la profundidad y el alcance de las atribuciones que se transfieran a departamentos, provincias y municipios, la presencia de las autonomías regionales e indígenas, de hecho planteará un equilibrio y obligará a las distintas fuerzas a realizar acuerdos para constituir el régimen autonómico y en el caso de la oligarquía a manejarse más sensatamente en sus pretensiones regionalistas.
Autonomías Indígenas
Atención especial merece este planteamiento del MAS que, aunque sobre decirlo, se ha convertido en la punta de lanza con la cual los sectores oligárquicos arremeten contra la AC , contra el gobierno y contra los propios indígenas. Estos sectores dominantes parecen preguntarse ¿cómo es posible que estos “indios” pretendan tanto? Pero, más allá de la reacción de la derecha, aunque las autonomías indígenas gocen del mismo rango, la propuesta en cuestión consigna que la misma asuma competencias de carácter local. A diferencia que con las otras formas de autonomía, la indígena goza, por ejemplo, de la capacidad de gobernarse y elegir a sus autoridades “de acuerdo a sus procedimientos democráticos de norma propia”, es decir, pueden prescindir de mecanismos electorales y recurrir a la democracia directa, así como tener sus propios mecanismos para removerlos o sancionarlos. Junto con ello también se consigna a favor de ellas la facultad de “definir las normas y formas de gestión, administración y control del territorio, el ejercicio de las competencias que le sean transferidas y los recursos propios y asignados por el Estado”.
Riesgos del Régimen Autonómico
La propuesta es consecuente con lo que en alguna oportunidad los ideólogos del MAS denominaron como “autonomías complejas”; sin embargo, una cosa es el proyecto y otra muy distinta el poderlo realizar.
En efecto, la primera cuestión a plantearse es determinar con qué recursos económicos y financieros funcionará el régimen autonómico, hasta el año 2005 lo evidente era que el país vivía con recurrentes déficits presupuestarios y prácticamente ningún departamento era autosostenible; hoy en cambio, existe mayor cantidad de recursos, gracias a que existe una mayor captación de la renta petrolera, sin embargo, a simple vista y fuera de toda duda, es imposible que alcancen para sostener el funcionamiento de todo el régimen propuesto. Tomando en cuenta este elemento se corre el riesgo de reeditar la experiencia de la Participación Popular , que a pesar de algunos logros positivos, sólo ha repartido la pobreza, y diluido la capacidad de inversión pública.
Si junto a este problema tomamos en cuenta que el proyecto para su realización necesariamente debe tocar grandes intereses en juego, no solamente de la elite de este país, sino de sectores gremiales y sindicalizados, como los cooperativistas mineros, los transportistas, etc., a lo que debe sumarse las aspiraciones propias de departamentos, de provincias, municipios y regiones, fácilmente podemos concluir que nos encontramos a las puertas de un enfrentamiento. Ciertamente, el proyecto de autonomías del MAS posiblemente previendo este tipo de peligros, introduce una serie de contenciones a esas presiones, la división clara entre competencias privativas y exclusivas es una de ellas, la generación de un Sistema de Asignación y Control de Competencias es otra, no obstante, nada garantiza que las regiones, los departamentos o los propios pueblos indígenas una vez que estén respaldados jurídicamente no exijan más de lo que se les ha estipulado.
Otro elemento que vale la pena tomar en cuenta es el contexto latinoamericano. Anótese simplemente que en todos los países vecinos se ha venido impulsando procesos de regionalización, que discursivamente son presentados como de mayor “democratización y participación”, pero que en la práctica han resultado en mejores condiciones para el capital transnacional y en rivalidades, entre regiones y provincias, por ver quién ofrece mejores condiciones al mismo. Lo cual es un resultado natural, pues, entidades autónomas o descentralizadas que no tienen porqué fijarse en el conjunto de intereses que persigue la nación y más bien están profundamente preocupadas por mejorar sus condiciones de vida, acceden fácilmente a las presiones de las transnacionales.
Por último, algo que en la propuesta del MAS no está suficientemente desarrollado es la forma de participación política de la gente, ciertamente se dice que en cada región autónoma se elegirán sus representantes y se cumplirán todos los requerimientos que la democracia formal exige, pero no nos referimos a esas formalidades, sino a los mecanismos que hagan efectiva la capacidad de la gente de decidir sobre los problemas, las soluciones, las política públicas y todos los temas que influencian en el destino del país, y no solamente sobre el reducido espacio de la escala local o departamental, que sin dejar de ser importante no es suficiente.
Equipos de Investigación y Debate Público del Centro de Documentación e Información de Bolivia – CEDIBCochabamba, Bolivia. Julio de 2007
Artículo completo en:
http://www.cedib.org/pcedib/?module=displaystory&story_id=19926&format=html
GLOSARIO
MAS: Movimiento al socialismo, partido gobernante en Bolivia, liderizado por Evo Morales.
PODEMOS: Poder Democrático y Social. Principal partido de oposición en la actual coyuntura boliviana. Su líder máximo es Jorge Quiroga, ex presidente de la República con el extinto partido de derecha ADN, del ex dictador Hugo Bánzer Suárez.
UN: Unidad Nacional. Partido político opositor al gobierno del MAS, de orientación de derecha.
Media Luna: Nombre que se da a los 4 departamentos del Oriente y Sur del país, donde se concentran los yacimientos hidrocarburíferos más importantes y en cuyos gobiernos locales tiene hegemonía grupos políticos y civiles conservadores.
CAO: Cámara Agropecuaria del Oriente. Organización que aglutina y representa los intereses de los empresarios agroindustriales del oriente boliviano.
Comité Cívico de Santa Cruz: Organización civil del departamento más rico de Bolivia, controlado por grupos conservadores.
INRA: Instituto nacional de reforma agraria, creado por la ley del mismo nombre en el año 1996.
COD: Central Obrera Departamental. Organización regional de los trabajadores asalariados, hasta antes de la implementación de las políticas neoliberales tenían gran poder de convocatoria; ahora su poder es reducido, sin embargo, en el reciente ciclo de movilización popular (2000 - 2005) volvieron a tener importancia.
FEDJUVE: Federación departamental de Juntas Vecinales. Organización regional (a nivel de los departamentos de Bolivia) que aglutinan la representación de organizaciones de los barrios de las ciudades más importantes.
Prefecuras: Entidades encargadas del gobierno departamental. Desde Enero de 2005, cuando lograron arrancar del gobierno de Carlos Mesa un decreto inconstitucional de convocatoria a elecciones prefecturales, la derecha ha hecho de ellas su bastión desde donde encabezan la lucha autonomista.
Sunday, July 22, 2007
Saturday, July 21, 2007
Mitos y realidades de la carrera armamentista
Raúl Zibechi
Ircaméricas
El reciente viaje del presidente Hugo Chávez a Rusia fue visualizado como parte de la carrera armamentista en la que estaría empeñado el dirigente boliviariano. Sin embargo los hechos indican que Venezuela está muy por detrás de los dos principales aliados de Washington en la región, Colombia y Chile, en la compra de armas.Aunque Venezuela se lleva los titulares, no es por cierto el país que se encuentra a la vanguardia en cuanto a adquisiciones de armamentos. En los últimos años Chile ha comprado armas por U$S 2.785 millones, Venezuela por U$S 2.200 millones y Brasil, muy rezagado, ocupa el tercer lugar con U$S 1.342 millones. Un reciente informe de la revista especializada Military Power Review asegura que el país trasandino ha ascendido del cuarto al tercer lugar en el ranking de 'capacidad militar' de Sudamérica, desplazando a Argentina de ese lugar y acercándose a Perú, que sigue ocupando el segundo sitio.Venezuela también ascendió un lugar, pero sigue estando a considerable distancia de los países militarmente más poderosos. Si se observa el gasto en Defensa como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el primer lugar pertenece también a Chile, con el 3.8% en 2005, seguido de Colombia con el 3.7%, país que además se benefició de una cuantiosa ayuda militar de los Estados Unidos que asciende a U$S 3.000 millones desde 2001 por el Plan Colombia y el Plan Patriota. En 2005 Venezuela aún se situaba lejos, con el 1.6% del PIB en gastos militares, muy similar al promedio del país antes de la llegada al gobierno de Hugo Chávez.Armas y cobreEl permanente aumento del precio del cobre, paralelo al del petróleo, que entre 2002 y 2006 creció en el mercado internacional un 400%, explica en gran medida lo que el instituto Nueva Mayoría de Argentina valora como un 'proceso macizo pero gradual' de rearme en los últimos 15 años, acelerado desde 2003. En su informe 'Rearme: los casos paradigmáticos de Chile y Venezuela y su impacto regional', el mencionado centro de estudios sostiene que el ministerio de Defensa chileno mantiene gran autonomía a la hora de diseñar su política gracias a la Ley Secreta del Cobre que destina un porcentaje de las exportaciones del metal a las fuerzas armadas.El Ejército chileno redujo su personal en la última década de 120 mil a 40 mil efectivos, y se reorganizó creando ocho brigadas dando prioridad a la movilidad y la capacidad de fuego. Chile adquirió 100 tanques pesados Leonard II alemanes y puede adquirir otros tantos, 28 aviones F-16 provistos de misiles AMRAAN y bombas láser aire-aire inéditos hasta ahora en la región. Más impactante aún es la compra de dos modernos submarinos Scorpene franco-alemanes además de ocho fragatas misilísticas, aviones de patrullaje marítimos y buques petroleros. 'Medios especializados han concluido que tomando en cuenta los tamaños relativos de los PIB de Brasil y Chile, este último destina seis veces más recursos económicos a equipamiento militar que la principal potencia de la región', sostiene Nueva Mayoría.Venezuela se defiendeMientras Chile mantiene excelentes relaciones con Estados Unidos, su principal proveedor de armas sofisticadas que sólo se reservan a los aliados, Caracas sufre desde 2006 el embargo de la superpotencia de armas, piezas y repuestos de uso militar. Israel y Suecia podrían adherir a ese boicot. Desde que en mayo de 2006 se realizaron maniobras navales en el Caribe por parte de Estados Unidos, Holanda y Gran Bretaña, se encendieron las alarmas en el país de Chávez ya que fueron las mayores celebradas en la región desde la crisis de los misiles con Cuba en 1962. En agosto de ese mismo año se supo que la Dirección Nacional de Inteligencia estadounidense había creado un cargo especial para tareas de inteligencia y operaciones especiales para Cuba y Venezuela.Desde ese momento Caracas se lanzó a la compra de armas, pero debió recurrir a otros países que no tienen buenas relaciones con Washington, entre ellos Rusia, China e Irán, aunque también en España. Ya fueron entregados más de 52 mil fusiles AK-103 de los 100 mil que compró a Rusia para reemplazar los FAL belgas que datan de la década de 1950. Además busca comprar misiles antiaéreos M1 Tor (similares a los que acaba de adquirir Irán), 24 cazabombarderos SU-30, 30 helicópteros de transporte y ataque Mi-35, todo ello en Rusia, y media docena de corbetas y una docena de aviones de transporte españoles.Hasta ahora Venezuela ha gastado unos U$S 3.000 millones en armas y ahora se especula que podría adquirir entre cinco y nueve submarinos convencionales (diesel-eléctricos). Según analistas militares, los submarinos aún no siendo de última generación 'constituyen una potencial amenaza ante cualquier operación naval o anfibia' como lo demostró la guerra de las Malvinas, cuando un único y antiguo submarino argentino creó enormes dificultades a las fuerzas británicas.Aunque no resulta adecuado hablar de una carrera armamentista regional, lo cierto es que Chávez parece estar diseñando una estrategia de defensa. De la experiencia de Irak tomó la enseñanza de la importancia de las milicias armadas para desarrollar una guerra asimétrica ante una posible invasión, de ahí la compra masiva de fusiles que podría estar en condiciones de fabricar si prosperan las negociaciones para instalar una planta en Venezuela. En paralelo, si opta por la compra de submarinos puede estar indicando que su país se prepara ante un eventual bloqueo marítimo que podría interrumpir las exportaciones de petróleo.En todo caso, conviene tomar los datos anteriores con pinzas. Venezuela depende tanto de sus exportaciones de petróleo como Estados Unidos de las importaciones desde ese país. Las importaciones de crudo venezolano pasaron de U$S 15.200 millones en 2001 a U$S 34 mil millones en 2005. Venezuela ya es el tercer exportador de petróleo a Estados Unidos desplazando de ese lugar a Arabia Saudita.
Ircaméricas
El reciente viaje del presidente Hugo Chávez a Rusia fue visualizado como parte de la carrera armamentista en la que estaría empeñado el dirigente boliviariano. Sin embargo los hechos indican que Venezuela está muy por detrás de los dos principales aliados de Washington en la región, Colombia y Chile, en la compra de armas.Aunque Venezuela se lleva los titulares, no es por cierto el país que se encuentra a la vanguardia en cuanto a adquisiciones de armamentos. En los últimos años Chile ha comprado armas por U$S 2.785 millones, Venezuela por U$S 2.200 millones y Brasil, muy rezagado, ocupa el tercer lugar con U$S 1.342 millones. Un reciente informe de la revista especializada Military Power Review asegura que el país trasandino ha ascendido del cuarto al tercer lugar en el ranking de 'capacidad militar' de Sudamérica, desplazando a Argentina de ese lugar y acercándose a Perú, que sigue ocupando el segundo sitio.Venezuela también ascendió un lugar, pero sigue estando a considerable distancia de los países militarmente más poderosos. Si se observa el gasto en Defensa como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el primer lugar pertenece también a Chile, con el 3.8% en 2005, seguido de Colombia con el 3.7%, país que además se benefició de una cuantiosa ayuda militar de los Estados Unidos que asciende a U$S 3.000 millones desde 2001 por el Plan Colombia y el Plan Patriota. En 2005 Venezuela aún se situaba lejos, con el 1.6% del PIB en gastos militares, muy similar al promedio del país antes de la llegada al gobierno de Hugo Chávez.Armas y cobreEl permanente aumento del precio del cobre, paralelo al del petróleo, que entre 2002 y 2006 creció en el mercado internacional un 400%, explica en gran medida lo que el instituto Nueva Mayoría de Argentina valora como un 'proceso macizo pero gradual' de rearme en los últimos 15 años, acelerado desde 2003. En su informe 'Rearme: los casos paradigmáticos de Chile y Venezuela y su impacto regional', el mencionado centro de estudios sostiene que el ministerio de Defensa chileno mantiene gran autonomía a la hora de diseñar su política gracias a la Ley Secreta del Cobre que destina un porcentaje de las exportaciones del metal a las fuerzas armadas.El Ejército chileno redujo su personal en la última década de 120 mil a 40 mil efectivos, y se reorganizó creando ocho brigadas dando prioridad a la movilidad y la capacidad de fuego. Chile adquirió 100 tanques pesados Leonard II alemanes y puede adquirir otros tantos, 28 aviones F-16 provistos de misiles AMRAAN y bombas láser aire-aire inéditos hasta ahora en la región. Más impactante aún es la compra de dos modernos submarinos Scorpene franco-alemanes además de ocho fragatas misilísticas, aviones de patrullaje marítimos y buques petroleros. 'Medios especializados han concluido que tomando en cuenta los tamaños relativos de los PIB de Brasil y Chile, este último destina seis veces más recursos económicos a equipamiento militar que la principal potencia de la región', sostiene Nueva Mayoría.Venezuela se defiendeMientras Chile mantiene excelentes relaciones con Estados Unidos, su principal proveedor de armas sofisticadas que sólo se reservan a los aliados, Caracas sufre desde 2006 el embargo de la superpotencia de armas, piezas y repuestos de uso militar. Israel y Suecia podrían adherir a ese boicot. Desde que en mayo de 2006 se realizaron maniobras navales en el Caribe por parte de Estados Unidos, Holanda y Gran Bretaña, se encendieron las alarmas en el país de Chávez ya que fueron las mayores celebradas en la región desde la crisis de los misiles con Cuba en 1962. En agosto de ese mismo año se supo que la Dirección Nacional de Inteligencia estadounidense había creado un cargo especial para tareas de inteligencia y operaciones especiales para Cuba y Venezuela.Desde ese momento Caracas se lanzó a la compra de armas, pero debió recurrir a otros países que no tienen buenas relaciones con Washington, entre ellos Rusia, China e Irán, aunque también en España. Ya fueron entregados más de 52 mil fusiles AK-103 de los 100 mil que compró a Rusia para reemplazar los FAL belgas que datan de la década de 1950. Además busca comprar misiles antiaéreos M1 Tor (similares a los que acaba de adquirir Irán), 24 cazabombarderos SU-30, 30 helicópteros de transporte y ataque Mi-35, todo ello en Rusia, y media docena de corbetas y una docena de aviones de transporte españoles.Hasta ahora Venezuela ha gastado unos U$S 3.000 millones en armas y ahora se especula que podría adquirir entre cinco y nueve submarinos convencionales (diesel-eléctricos). Según analistas militares, los submarinos aún no siendo de última generación 'constituyen una potencial amenaza ante cualquier operación naval o anfibia' como lo demostró la guerra de las Malvinas, cuando un único y antiguo submarino argentino creó enormes dificultades a las fuerzas británicas.Aunque no resulta adecuado hablar de una carrera armamentista regional, lo cierto es que Chávez parece estar diseñando una estrategia de defensa. De la experiencia de Irak tomó la enseñanza de la importancia de las milicias armadas para desarrollar una guerra asimétrica ante una posible invasión, de ahí la compra masiva de fusiles que podría estar en condiciones de fabricar si prosperan las negociaciones para instalar una planta en Venezuela. En paralelo, si opta por la compra de submarinos puede estar indicando que su país se prepara ante un eventual bloqueo marítimo que podría interrumpir las exportaciones de petróleo.En todo caso, conviene tomar los datos anteriores con pinzas. Venezuela depende tanto de sus exportaciones de petróleo como Estados Unidos de las importaciones desde ese país. Las importaciones de crudo venezolano pasaron de U$S 15.200 millones en 2001 a U$S 34 mil millones en 2005. Venezuela ya es el tercer exportador de petróleo a Estados Unidos desplazando de ese lugar a Arabia Saudita.
Friday, July 20, 2007
El arte de atrapar expresidentes
Luis A. Gómez
17 julio 2007
La Paz -
Tiene 37 años y muestra una calma impresionante a la hora de hablar de su trabajo. Desde que comenzó el siglo es fiscal en La Paz, donde ha trabajado en algunos de los casos más sonados de los últimos tiempos, como el de la llamada “Banda de Blas”, un grupo de delincuentes comandados por un coronel de policía. Por eso y por negarse a detener su trabajo, a Milton Mendoza lo han reconocido en la Fiscalía General de la República… y lo amenazan de muerte cada cierto tiempo. Hoy tiene en sus manos representar a los bolivianos para traer a un masacrador ante la justicia.
Por eso solicitamos una entrevista con él en uno de los tramos finales de un proceso complejo: para saber quién está a cargo de perseguir al expresidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada y a sus colaboradores, para que rindan cuentas por las masacres de la llamada “Guerra del Gas”, ocurrida entre septiembre y octubre de 2003.
Primero que nada, este hombre fornido de ademanes tranquilos no juega a ser la super estrella que, por ejemplo, el juez español Baltazar Garzón cree ser. Tampoco es un hombre recio de mirada amenazante como un justiciero barato de telenovela gringa. Es un hombre de leyes. Con ropa informal, como lo encontramos, parece un hombre como cualquiera… tal vez por eso inspira confianza.
Cruzando la puerta del poder
El pasado 24 de abril, haciendo uso de sus facultades para investigar crímenes, Milton Mendoza llevó adelante una acción que mostró cuánto ha cambiado Bolivia los últimos tiempos: con una orden de la Suprema Corte de Justicia en mano, el fiscal allanó la casa de Sánchez Lozada en el barrio paceño de Obrajes. Ahí, se lamentaron más tarde periodistas y viejos lacayos, habitaban la suegra y la cuñada del ex mandatario, y un administrador… que, de acuerdo a los datos consignados por la investigación, alguna vez ostentó el grado de capitán en la dirección de inteligencia militar. Nada es casual.
Aunque pareció una reacción normal ante la aparente inoportunidad, un dirigente del partido político que presidió Sánchez de Lozada, el señor Guido Meruvia, calificó el allanamiento de persecución política “que raya en la estupidez”. Siguiendo la línea, el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga dudó que entrar en la casa de su colega y amigo tuviera algún resultado positivo. Pero lo tuvo…
Mendoza defiende su proceder y explica sin prisas cómo esa acción, aún tres años y medio después de que Sánchez de Lozada dejara la casa, le ha permitido hallar documentos clave para su trabajo. En principio, los documentos encontrados le permitieron al fiscal conocer mejor al expresidente, como se requiere en toda investigación penal. “Los elementos domésticos de comunicación con su administrador van a servir para determinar mejor la personalidad de quien ahora está encausado por este proceso”, puntualiza el fiscal cuando menciona una serie de correos electrónicos hallados en el allanamiento.
De hecho, el agente del ministerio público recuerda que entre las cosas encontradas hay una foto. La imagen muestra, como nos explica Mendoza, al presidente estadounidense George W. Bush, quien además de su firma escribió en la foto la tierna dedicatoria: “Por siempre, para Gonzalo”. Más allá de que a ambos políticos les de por andar asesinando gente desarmada, la amistad que los une podría entorpecer (entorpece de hecho) “el proceso que se le sigue al señor Sánchez de Lozada y todo lo relacionado con su actual residencia en Estados Unidos”, define Mendoza al trámite de extradición y otros asuntos por el estilo.
El fiscal de recursos Mendoza también encontró una copia de un documento muy particular, de título “Lealtad con Bolivia”…
No disparen
La ex ministra Mirtha Quevedo, persona muy cercana a Goni, amplió su declaración en el caso también conocido como “Octubre Negro” el 17 de abril de este año. Ese día, en instalaciones de la Fiscalía General de la República en la ciudad de Sucre, Quevedo mostró la primera gran fisura en el bloque de acusados y trató de lavarse de toda culpa.
Fundamentalmente, Quevedo dijo que no fue consultada para la emisión del Decreto Supremo 27209, que legalizó las masacres y está firmado por Sánchez de Lozada y todo su gabinete. Que ella pensó que no se usarían armas de fuego para reprimir a la gente. Que además, unas horas antes que su amado ex jefe dejara Bolivia el 17 de octubre de 2003, fue signado el famoso documento “Lealtad con Bolivia”.
Ante las declaraciones de Quevedo, Milton Mendoza optó por una conclusión muy simple: si la ex colaboradora de Sánchez de Lozada dijo la verdad, el documento era una especie de pacto para la impunidad de los involucrados. En todo caso, comenzó a planificar las declaraciones de algunos personajes ligados al detalle, como los ex presidentes Jaime Paz Zamora y Carlos Mesa.
El allanamiento dio al fiscal ideas más claras: “Se encontró el documento original ‘Lealtad con Bolivia’, y no solamente ése. Encontramos documentos originales de las Fuerzas Armadas”. Todo esto, dice, de mucha valía para la investigación que dirige.
Pero “Lealtad con Bolivia” no era un pacto de sangre y de silencio. Unas horas después del allanamiento a la casa del ex presidente Sánchez de Lozada, en la ciudad de Santa Cruz, el general en retiro José Antonio Gil Quiroga se acercó al diario El Deber para develar el contenido del documento que él habría ayudado a elaborar.
Gil Quiroga ejercía en 2003 el cargo de Secretario Permanente del Consejo Supremo de Defensa Nacional (Cosdena), máximo organismo de inteligencia nacional y de coordinación entre las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo. “Lealtad con Bolivia”, explicó Quiroga, fue un documento de análisis militar de la situación durante los conflictos de ese año, en el que se explicaba al gobierno de Goni que “se tenía que hacer una serie de actividades para evitar la ruptura de la estabilidad democrática, para impedir que se produjeran enfrentamientos entre bolivianos y que no se utilice mal a las FFAA en contraposición a su pueblo. En otras palabras, se le estaba diciendo al Gobierno que se estaban equivocando”.
Es decir, queridos lectores, que el documento original hallado en casa de Sánchez de Lozada, elaborado por militares y de su conocimiento, era un llamado a no usar la fuerza de las armas. Del texto, por cierto, también recibieron copia cinco de sus ministros. Entonces, dado el caso en contra del expresidente por más de 60 muertes y cientos de heridos, ¿sirvió de algo allanar su casa en La Paz?
Ah, sí, Gil Quiroga no solamente dio una entrevista a El Deber, también entregó copia del documento y aseguró su total disposición a declarar y proveer que ayuden a esclarecer los hechos de la “Guerra del Gas”.
Pero eso no fue todo. Como citamos más arriba, Milton Mendoza encontró “documentos originales de las Fuerzas Armadas” en la casa de Sánchez de Lozada… consultado al respecto, el abogado Rogelio Mayta, coordinador jurídico del comité que impulsa el juicio contra el expresidente, nos dijo que esos documentos (comandos, órdenes, reportes y otros) no debieron aparecer sino en instalaciones del alto mando militar. “Pero estaban en poder del Goni”, dice, “eso indica una cosa de entrada: sabía lo que estaba ocurriendo en septiembre y octubre de 2003 en Bolivia”.
¿Sirvió de algo ese allanamiento? Perdonen la insistencia en preguntar… este periodista cree que sí, que Milton Mendoza hizo bien en cruzar la puerta del poder. Al parecer, eso le ha costado ya la vida a un investigador de la policía y además amenazan constantemente de muerte a los fiscales que trabajan en el caso. Pero eso será contado en otra ocasión…
17 julio 2007
La Paz -
Tiene 37 años y muestra una calma impresionante a la hora de hablar de su trabajo. Desde que comenzó el siglo es fiscal en La Paz, donde ha trabajado en algunos de los casos más sonados de los últimos tiempos, como el de la llamada “Banda de Blas”, un grupo de delincuentes comandados por un coronel de policía. Por eso y por negarse a detener su trabajo, a Milton Mendoza lo han reconocido en la Fiscalía General de la República… y lo amenazan de muerte cada cierto tiempo. Hoy tiene en sus manos representar a los bolivianos para traer a un masacrador ante la justicia.
Por eso solicitamos una entrevista con él en uno de los tramos finales de un proceso complejo: para saber quién está a cargo de perseguir al expresidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada y a sus colaboradores, para que rindan cuentas por las masacres de la llamada “Guerra del Gas”, ocurrida entre septiembre y octubre de 2003.
Primero que nada, este hombre fornido de ademanes tranquilos no juega a ser la super estrella que, por ejemplo, el juez español Baltazar Garzón cree ser. Tampoco es un hombre recio de mirada amenazante como un justiciero barato de telenovela gringa. Es un hombre de leyes. Con ropa informal, como lo encontramos, parece un hombre como cualquiera… tal vez por eso inspira confianza.
Cruzando la puerta del poder
El pasado 24 de abril, haciendo uso de sus facultades para investigar crímenes, Milton Mendoza llevó adelante una acción que mostró cuánto ha cambiado Bolivia los últimos tiempos: con una orden de la Suprema Corte de Justicia en mano, el fiscal allanó la casa de Sánchez Lozada en el barrio paceño de Obrajes. Ahí, se lamentaron más tarde periodistas y viejos lacayos, habitaban la suegra y la cuñada del ex mandatario, y un administrador… que, de acuerdo a los datos consignados por la investigación, alguna vez ostentó el grado de capitán en la dirección de inteligencia militar. Nada es casual.
Aunque pareció una reacción normal ante la aparente inoportunidad, un dirigente del partido político que presidió Sánchez de Lozada, el señor Guido Meruvia, calificó el allanamiento de persecución política “que raya en la estupidez”. Siguiendo la línea, el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga dudó que entrar en la casa de su colega y amigo tuviera algún resultado positivo. Pero lo tuvo…
Mendoza defiende su proceder y explica sin prisas cómo esa acción, aún tres años y medio después de que Sánchez de Lozada dejara la casa, le ha permitido hallar documentos clave para su trabajo. En principio, los documentos encontrados le permitieron al fiscal conocer mejor al expresidente, como se requiere en toda investigación penal. “Los elementos domésticos de comunicación con su administrador van a servir para determinar mejor la personalidad de quien ahora está encausado por este proceso”, puntualiza el fiscal cuando menciona una serie de correos electrónicos hallados en el allanamiento.
De hecho, el agente del ministerio público recuerda que entre las cosas encontradas hay una foto. La imagen muestra, como nos explica Mendoza, al presidente estadounidense George W. Bush, quien además de su firma escribió en la foto la tierna dedicatoria: “Por siempre, para Gonzalo”. Más allá de que a ambos políticos les de por andar asesinando gente desarmada, la amistad que los une podría entorpecer (entorpece de hecho) “el proceso que se le sigue al señor Sánchez de Lozada y todo lo relacionado con su actual residencia en Estados Unidos”, define Mendoza al trámite de extradición y otros asuntos por el estilo.
El fiscal de recursos Mendoza también encontró una copia de un documento muy particular, de título “Lealtad con Bolivia”…
No disparen
La ex ministra Mirtha Quevedo, persona muy cercana a Goni, amplió su declaración en el caso también conocido como “Octubre Negro” el 17 de abril de este año. Ese día, en instalaciones de la Fiscalía General de la República en la ciudad de Sucre, Quevedo mostró la primera gran fisura en el bloque de acusados y trató de lavarse de toda culpa.
Fundamentalmente, Quevedo dijo que no fue consultada para la emisión del Decreto Supremo 27209, que legalizó las masacres y está firmado por Sánchez de Lozada y todo su gabinete. Que ella pensó que no se usarían armas de fuego para reprimir a la gente. Que además, unas horas antes que su amado ex jefe dejara Bolivia el 17 de octubre de 2003, fue signado el famoso documento “Lealtad con Bolivia”.
Ante las declaraciones de Quevedo, Milton Mendoza optó por una conclusión muy simple: si la ex colaboradora de Sánchez de Lozada dijo la verdad, el documento era una especie de pacto para la impunidad de los involucrados. En todo caso, comenzó a planificar las declaraciones de algunos personajes ligados al detalle, como los ex presidentes Jaime Paz Zamora y Carlos Mesa.
El allanamiento dio al fiscal ideas más claras: “Se encontró el documento original ‘Lealtad con Bolivia’, y no solamente ése. Encontramos documentos originales de las Fuerzas Armadas”. Todo esto, dice, de mucha valía para la investigación que dirige.
Pero “Lealtad con Bolivia” no era un pacto de sangre y de silencio. Unas horas después del allanamiento a la casa del ex presidente Sánchez de Lozada, en la ciudad de Santa Cruz, el general en retiro José Antonio Gil Quiroga se acercó al diario El Deber para develar el contenido del documento que él habría ayudado a elaborar.
Gil Quiroga ejercía en 2003 el cargo de Secretario Permanente del Consejo Supremo de Defensa Nacional (Cosdena), máximo organismo de inteligencia nacional y de coordinación entre las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo. “Lealtad con Bolivia”, explicó Quiroga, fue un documento de análisis militar de la situación durante los conflictos de ese año, en el que se explicaba al gobierno de Goni que “se tenía que hacer una serie de actividades para evitar la ruptura de la estabilidad democrática, para impedir que se produjeran enfrentamientos entre bolivianos y que no se utilice mal a las FFAA en contraposición a su pueblo. En otras palabras, se le estaba diciendo al Gobierno que se estaban equivocando”.
Es decir, queridos lectores, que el documento original hallado en casa de Sánchez de Lozada, elaborado por militares y de su conocimiento, era un llamado a no usar la fuerza de las armas. Del texto, por cierto, también recibieron copia cinco de sus ministros. Entonces, dado el caso en contra del expresidente por más de 60 muertes y cientos de heridos, ¿sirvió de algo allanar su casa en La Paz?
Ah, sí, Gil Quiroga no solamente dio una entrevista a El Deber, también entregó copia del documento y aseguró su total disposición a declarar y proveer que ayuden a esclarecer los hechos de la “Guerra del Gas”.
Pero eso no fue todo. Como citamos más arriba, Milton Mendoza encontró “documentos originales de las Fuerzas Armadas” en la casa de Sánchez de Lozada… consultado al respecto, el abogado Rogelio Mayta, coordinador jurídico del comité que impulsa el juicio contra el expresidente, nos dijo que esos documentos (comandos, órdenes, reportes y otros) no debieron aparecer sino en instalaciones del alto mando militar. “Pero estaban en poder del Goni”, dice, “eso indica una cosa de entrada: sabía lo que estaba ocurriendo en septiembre y octubre de 2003 en Bolivia”.
¿Sirvió de algo ese allanamiento? Perdonen la insistencia en preguntar… este periodista cree que sí, que Milton Mendoza hizo bien en cruzar la puerta del poder. Al parecer, eso le ha costado ya la vida a un investigador de la policía y además amenazan constantemente de muerte a los fiscales que trabajan en el caso. Pero eso será contado en otra ocasión…
Monday, July 16, 2007
Escudo de defensa con misiles: ¿idea loca u objetivo racional?
Immanuel Wallerstein
La Jornada
George W. Bush ha estado pujando fuerte para establecer lo que él llama un escudo de defensa con misiles en la República Checa y en Polonia. Muy poca gente piensa que eso sea una idea cuerda. Aunque ambos gobiernos de Europa del este parecen respaldarla con entusiasmo, las encuestas de opinión pública muestran que sus propias poblaciones están en contra. Rusia lo ha denunciado abiertamente. Alemania la combate más en silencio. Irán muestra total indiferencia. Y Joseph Cirincione, quien ha dedicado su carrera profesional a luchar contra la proliferación de armas nucleares, dice que Bush está pujando por "una tecnología que no funciona contra una amenaza que no existe".
Entonces, ¿es ésta una idea loca solamente, una pieza más de la evidencia de que el régimen de Bush es irracional y no muy astuto? En realidad no. Hay un objetivo racional atrás de todo esto, y casi no es secreto. Comencemos con la explicación aparente. Bush dice que quiere protección contra la amenaza nuclear por parte de un Estado malhechor (léase Irán) contra Europa y Estados Unidos.
Rusia afirma que los llamados escudos defensivos están de hecho apuntados contra ella, a lo cual no sólo se opone, sino que desplegará misiles contra Europa. Realmente los gobiernos checo y polaco no parecen alarmarse mucho por la amenaza iraní, pero sí pensar que existe una amenaza rusa. Entonces, la razón por la que se entusiasman con la idea es que concuerdan con los rusos en que esta es una movida contra Rusia. De hecho, ésta es, también en privado, la posición alemana. Y en privado también es muy probable que compartan esa visión todos los gobiernos de Europa occidental.
George W. Bush insiste en que eso no es cierto, que los rusos son amigos, y que no intenta amenazarlos. El señala que checos y polacos no tienen que escoger entre Estados Unidos y Rusia. Pueden (y deberían) ser amigos de ambos. Y tal vez realmente lo piense, en el sentido de que ni Bush ni los neoconservadores buscan hacer de Rusia ya un otro enemigo para el siglo XXI. Así, ¿qué ocurre?
Donald Rumsfeld nos dijo lo que sucede hace mucho tiempo. La política del actual gobierno estadunidense es utilizar la llamada nueva Europa para constreñir y limitar el papel político de la llamada vieja Europa -es decir, utilizar a los gobiernos de Europa del este contra los gobiernos de Europa occidental. Estados Unidos, especialmente el régimen de Bush, no quiere ver una Europa fuerte, una que pudiera emprender una serie de políticas aparte de las de Washington. Y uno podría decir que la doctrina Rumsfeld ha logrado, hasta ahora, un éxito razonable en ello. El punto de erigir escudos defensivos con misiles en Europa del este es para proteger Estados Unidos no de Irán ni de Rusia, sino de Europa occidental, lo que explica la actitud alemana.
El periodo de la dominación soviética en Europa del este fue una experiencia muy negativa para los países satélites y para los estados ex soviéticos, hoy independientes. Todos viven un síndrome de estrés postraumático. Las fuerzas del ala derecha, dentro de cada una de esas naciones, alimentan ese miedo para impulsar agendas propias. Dichas fuerzas realmente no tienen miedo a la fuerza directa militar rusa, ni siquiera a la presión política. Tienen miedo a que Europa occidental haga un nuevo pacto político con Rusia, y que ellos no puedan decir mucho acerca de los términos de ese convenio.
Eso no es irracional de su parte. Ha habido muchos pactos así a lo largo de los últimos siglos, y de nuevo ésta es una posibilidad seria. Por ello los países de Europa del este proclaman su inextinguible amor por Estados Unidos (desplegado tan efusivamente como hizo Albania el 11 de junio, durante la visita de ocho horas de George W. Bush).
El objetivo de esas efusivas proclamas de amistad es doble: debilitar a los europeos occidentales y crear una situación en la cual Estados Unidos sea vea forzado a respaldar a los europeos del este. Esta es la táctica clásica de los países más débiles en relación con las naciones más fuertes, que parecen ser sus aliados ideológicos. Cuba y Vietnam la usaron vis-à-vis la Unión Soviética. Corea del Norte la usó vis-à-vis China.
Es una estrategia que con frecuencia funciona. Pero tiene limitaciones. El talón de Aquiles de dicha táctica es que depende de las necesidades continuadas del país más fuerte, en este caso el gobierno de Estados Unidos, que el juego se juegue. Por el momento, Washington está muy dispuesto. Pero cuando se retire de Irak y recalibre su postura global tomando en cuenta su disminuido poderío geopolítico, sostener a los regímenes polaco y checo puede parecer menos útil, incluso puede desvanecerse su importancia. En ese punto, los gobiernos de Europa del este pueden quedarse solos -dependientes en lo económico y en lo militar de justo las potencias de Europa occidental que ahora desdeñan, aun cuando, o especialmente, hay acercamientos París-Berlín-Moscú.
Así que, en el corto plazo, la construcción de un escudo defensivo con misiles en Europa del este sirve a las necesidades de Estados Unidos y a las de los gobiernos de dicha región, pero en el largo plazo parece que los europeos orientales están apostando a un caballo que tal vez no termine la carrera.
© Immanuel Wallerstein
Traducción: Ramón Vera Herrera
La Jornada
George W. Bush ha estado pujando fuerte para establecer lo que él llama un escudo de defensa con misiles en la República Checa y en Polonia. Muy poca gente piensa que eso sea una idea cuerda. Aunque ambos gobiernos de Europa del este parecen respaldarla con entusiasmo, las encuestas de opinión pública muestran que sus propias poblaciones están en contra. Rusia lo ha denunciado abiertamente. Alemania la combate más en silencio. Irán muestra total indiferencia. Y Joseph Cirincione, quien ha dedicado su carrera profesional a luchar contra la proliferación de armas nucleares, dice que Bush está pujando por "una tecnología que no funciona contra una amenaza que no existe".
Entonces, ¿es ésta una idea loca solamente, una pieza más de la evidencia de que el régimen de Bush es irracional y no muy astuto? En realidad no. Hay un objetivo racional atrás de todo esto, y casi no es secreto. Comencemos con la explicación aparente. Bush dice que quiere protección contra la amenaza nuclear por parte de un Estado malhechor (léase Irán) contra Europa y Estados Unidos.
Rusia afirma que los llamados escudos defensivos están de hecho apuntados contra ella, a lo cual no sólo se opone, sino que desplegará misiles contra Europa. Realmente los gobiernos checo y polaco no parecen alarmarse mucho por la amenaza iraní, pero sí pensar que existe una amenaza rusa. Entonces, la razón por la que se entusiasman con la idea es que concuerdan con los rusos en que esta es una movida contra Rusia. De hecho, ésta es, también en privado, la posición alemana. Y en privado también es muy probable que compartan esa visión todos los gobiernos de Europa occidental.
George W. Bush insiste en que eso no es cierto, que los rusos son amigos, y que no intenta amenazarlos. El señala que checos y polacos no tienen que escoger entre Estados Unidos y Rusia. Pueden (y deberían) ser amigos de ambos. Y tal vez realmente lo piense, en el sentido de que ni Bush ni los neoconservadores buscan hacer de Rusia ya un otro enemigo para el siglo XXI. Así, ¿qué ocurre?
Donald Rumsfeld nos dijo lo que sucede hace mucho tiempo. La política del actual gobierno estadunidense es utilizar la llamada nueva Europa para constreñir y limitar el papel político de la llamada vieja Europa -es decir, utilizar a los gobiernos de Europa del este contra los gobiernos de Europa occidental. Estados Unidos, especialmente el régimen de Bush, no quiere ver una Europa fuerte, una que pudiera emprender una serie de políticas aparte de las de Washington. Y uno podría decir que la doctrina Rumsfeld ha logrado, hasta ahora, un éxito razonable en ello. El punto de erigir escudos defensivos con misiles en Europa del este es para proteger Estados Unidos no de Irán ni de Rusia, sino de Europa occidental, lo que explica la actitud alemana.
El periodo de la dominación soviética en Europa del este fue una experiencia muy negativa para los países satélites y para los estados ex soviéticos, hoy independientes. Todos viven un síndrome de estrés postraumático. Las fuerzas del ala derecha, dentro de cada una de esas naciones, alimentan ese miedo para impulsar agendas propias. Dichas fuerzas realmente no tienen miedo a la fuerza directa militar rusa, ni siquiera a la presión política. Tienen miedo a que Europa occidental haga un nuevo pacto político con Rusia, y que ellos no puedan decir mucho acerca de los términos de ese convenio.
Eso no es irracional de su parte. Ha habido muchos pactos así a lo largo de los últimos siglos, y de nuevo ésta es una posibilidad seria. Por ello los países de Europa del este proclaman su inextinguible amor por Estados Unidos (desplegado tan efusivamente como hizo Albania el 11 de junio, durante la visita de ocho horas de George W. Bush).
El objetivo de esas efusivas proclamas de amistad es doble: debilitar a los europeos occidentales y crear una situación en la cual Estados Unidos sea vea forzado a respaldar a los europeos del este. Esta es la táctica clásica de los países más débiles en relación con las naciones más fuertes, que parecen ser sus aliados ideológicos. Cuba y Vietnam la usaron vis-à-vis la Unión Soviética. Corea del Norte la usó vis-à-vis China.
Es una estrategia que con frecuencia funciona. Pero tiene limitaciones. El talón de Aquiles de dicha táctica es que depende de las necesidades continuadas del país más fuerte, en este caso el gobierno de Estados Unidos, que el juego se juegue. Por el momento, Washington está muy dispuesto. Pero cuando se retire de Irak y recalibre su postura global tomando en cuenta su disminuido poderío geopolítico, sostener a los regímenes polaco y checo puede parecer menos útil, incluso puede desvanecerse su importancia. En ese punto, los gobiernos de Europa del este pueden quedarse solos -dependientes en lo económico y en lo militar de justo las potencias de Europa occidental que ahora desdeñan, aun cuando, o especialmente, hay acercamientos París-Berlín-Moscú.
Así que, en el corto plazo, la construcción de un escudo defensivo con misiles en Europa del este sirve a las necesidades de Estados Unidos y a las de los gobiernos de dicha región, pero en el largo plazo parece que los europeos orientales están apostando a un caballo que tal vez no termine la carrera.
© Immanuel Wallerstein
Traducción: Ramón Vera Herrera
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